El roundup es un herbicida elaborado a base de glifosato y es producido por la empresa Monsanto, adquirida por la multinacional Bayer. Foto: Getty Images | Foto: Getty vía DW.

SALUD

Colombia insiste en uso del glifosato, mientras productora de este herbicida está en el "ojo del huracán"

Las demandas contra Bayer aumentan por los posibles efectos cancerígenos del glifosato, al tiempo que varias naciones le dicen adiós a este herbicida por poner en riesgo la salud humana y generar afectaciones al ambiente. En el país está a punto de regresar la aspersión aérea con esta sustancia.

27 de enero de 2020

En Colombia el Gobierno nacional insiste en retomar la asperción aérea con glifosato, mientras en el mundo llueven las demandas contra la multinacional alemana Bayer por la comercialización del herbicida Roundup, cuyo principio activo es precisamente esta sustancia.

A finales de diciembre, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, dio a conocer el proyecto de decreto con el cual busca retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos haciendo uso del glifosato, luego de que la Corte Constitucional suspendiera esta práctica en 2017. La decisión del gobierno ha generado todo tipo de reacciones, pues la erradicación de coca, marihuana y amapola, recurriendo a las aspersiones aéreas, no es la forma más amigable con el ambiente y la salud de quienes están expuestos en zonas de fumigación. 

El debate está sobre la mesa porque los ciudadanos solo tienen lo que queda del mes de enero, es decir, esta semana para presentar comentarios y observaciones en torno al proyecto de decreto. Mientras esto sudece y el país está a la expectativa de la decisión final del gobierno, en Estados Unidos y Europa, Bayer trata de salir avante en los tribunales luego de haber heredado las demandas de Monsanto, empresa cuya compra se finiquitó en 2018 y que es la principal productora y comercializadora del glifosato.

Ya son 85.000 demandas, la mayoría de estas presentadas en Estados Unidos. Según la agencia Bloomberg, la empresa está negociando pagos que podrían rondar los 10.000 millones de dólares e insiste en que el glifosato no es un carcinógeno, mientras los demandantes se suetentan en investigaciones que evidencian que este producto puede causar linfomas.

El proyecto de decreto presentado por el Gobierno colombiano, según dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, involucra el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente, sin embargo, esto no genera tranquilidad ni garantiza que así sea.

El economista y exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, dijo que la confimación de los efectos cancerígenos del glifosato que tiene a Bayer en jaque, debería ser razón suficiente para que el gobierno deje de insistir en utilizarlo.

Por su parte, el senador Armando Benedetti, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, en torno al nuevo fallo judicial en contra de Bayer, que sustenta que el glifosato es cancerígeno. "Por años no han advertido el riesgo que implica su uso para la salud y que ha sido factor sustancial en casos de cáncer. Hay más de 11.200 denuncias y aquí insisten en usarlo".  

A través de diferentes medios y redes sociales se ha dicho que en el país ya existirían nueve aeronaves listas para dar inicio a la fumigación con este herbicida. 

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La multinacional que está detrás de la producción y comercialización del glifosato ha perdido tres juicios en primera instancia, que implicaron indemnizaciones por 2.500 millones de dólares. En los próximos días arrancan nuevos litigios en tribunales de Missouri y California, y otros casos están paralizados a la espera de un posible acuerdo.

Lo cierto es que la polémica está encendida, no solo en Colombia sino en el mundo. En el país, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, manifiesta que el objetivo del Gobierno es salvaguardar el patrimonio natural y por eso en el proyecto de decreto se incluyen herramientas que permiten minimizar los riesgos de la aspersión aérea frente a los recursos naturales.

Recuerda que los Parques Nacionales Naturales de Colombia y ecosistemas estratégicos como humedales, páramos, centros poblados y todos los cuerpos de agua están excluidos para adelantar este tipo de acciones. 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), cuenta con un plazo de 90 días para emitir la viabilidad del Plan de Manejo Ambiental de esta actividad o la modificación del que operaba antes de la suspensión ordenada por la Corte Constitucional. Adicionalmente, tiene la responsabilidad de hacer seguimiento de proyectos piloto que serán ordenados por el Consejo Nacional de Estupefacientes para monitorear la aspersión y cómo se comportan los ecosistemas y los recursos naturales renovables tras ser alcanzados por el glifosato.

El adiós al glifosato

En medio de esta coyuntura, Luxemburgo anunció que prohibirá el glifosato a partir del 31 de diciembre de este año. La decisión está basada en un enfoque sostenible, según afirmó el ministro de Agricultura de ese país, Romain Schneider.

La prohibición contará con tres fases: el retiro de la licencia de comercialización a partir del primero de febrero, un plazo para acabar con las existencias hasta el 30 de junio y un período de gracia para su uso hasta el 31 de diciembre.

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Esta decisión se suma a la anunciada por Alemania en septiembre del año pasado, cuando el gobierno de esta nación europea informó que este herbicida quedará prohibido a finales de 2023. 

En julio del año pasado, Austria se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el popular herbicida que, según sus detractores, tiene consecuencias nocivas para la salud y, de acuerdo con Bayer, no hay suficientes evidencias científicas que corroboren estas afirmaciones. Lo cierto es que ya son más de 15 países y ciudades en el mundo que han tomado la decisión de decirle no al uso de este producto, entre estos, los Ángeles y Miami, en Estados Unidos; Vancouver y ocho de las diez provincias de Canadá, al igual que 12 ciudades argentinas; Aberdeen y Edimburgo, en Escocia; Barcelona, Madrid y Zaragoza, en España, y Auckland y Christchurch, en Nueva Zelanda.