Colombia obtuvo una calificación de 36 sobre 100, lo que lo ubica en el puesto 94 entre 176 países evaluados.

Términos y frases como ‘tajada’, ‘carrusel’, ‘favorcitos’, ‘rosca’ o ‘comer callados’ son parte del vocabulario de los colombianos, quienes, según los resultados del Índice de Percepción de Corrupción-IPC 2012, divulgado hoy por Transparency International, revelan una fuerte presencia de esta problemática en el sector público en Colombia.

De esta manera, el país obtiene una calificación de 36 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), lo que lo ubica en el puesto 94 entre 176 países evaluados. La explicación a esta calificación tiene que ver, principalmente, con la ausencia de penas ejemplares a quienes incurren en prácticas corruptas.

Así mismo, para Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, los resultados del IPC para el país son muy preocupantes. "Lo que nos muestra la baja calificación de 36/100 es que a pesar de las reformas institucionales para combatir la corrupción, incluyendo la aprobación de nuevas normas como el Estatuto Anticorrupción, aún no se percibe el efecto que estas iniciativas deberían generar sobre este tipo de prácticas al interior del Estado colombiano. Hay denuncias, procesos de investigación, nuevas normas; sin embargo, se percibe que la sanción no es efectiva, por lo que predomina una sensación de impunidad", asegura.

En otras palabras, el ciudadano percibe que quien realiza acciones corruptas, no tiene un castigo real. A este sentimiento se suma el riesgo que conlleva el crecimiento económico sin una adecuada implementación de prácticas preventivas anticorrupción. Como lo explica, Andrés Hernández, Director de Ciudadanía de esta misma entidad, a pesar del buen crecimiento económico que ha tenido Latinoamérica, en general, este debe ir acompañado de medidas de prevención.

Así, señala Hernández, “si el crecimiento de las locomotoras, en el caso colombiano, no lleva un crecimiento en cuanto a las medidas de prevención, va haber un riesgo de que la corrupción se presente más fácilmente”.

‘Roba, pero poquito’

De acuerdo con Hernández, una de las formas para acabar con la corrupción es aplicando la sanción social, es decir, lograr movilizar a la ciudadanía en pro de acciones que castiguen conductas en contra del bienestar social.

Sin embargo, en el país está sucediendo un fenómeno en donde los ciudadanos solo se indignan cuando los robos o los escándalos por corrupción son muy grandes, pero en general, hay cierta aceptación a este tipo de conductas. Así, frases como ‘roba, pero poquito’ o ‘contrata a la familia, pero funciona’, se vuelven normales.

Es por esto que Ungar concluye que “superar la corrupción requiere de esfuerzos de todo el Estado, no solo de la voluntad o responsabilidades aisladas del gobierno. El problema viene escalando de tiempo atrás y no tiene color político. El ejecutivo, el legislativo, la rama judicial y los órganos de control deben coordinarse si queremos resultados efectivos”, agrega. “Pero además, el sector privado, como coresponsable de muchos hechos de corrupción, debe asumir compromisos y emprender acciones para prevenirla y combatirla”. 

Entre los 32 países de la región evaluados, Colombia se encuentra en el grupo con calificaciones deficientes, menor a la de 19 países y superior a la de 12. A nivel de Suramérica, solo Chile (72), Uruguay (72) y Brasil (43), que recientemente ha enfrentado con sanciones ejemplarizantes los escándalos de corrupción al interior del gobierno, obtuvieron calificaciones aceptables. En los últimos lugares se ubican Honduras, Paraguay, Haití y Venezuela.

En el IPC, Transparencia Internacional evalúa los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país específico, basado en el promedio de los resultados encuestas y evaluaciones realizadas a ejecutivos del sector privado, expertos y analistas de riesgo.

                                                           

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