La falta de recursos hace que las entidades/candidatos electos de forma popular sean ineficientes a la hora de ejecutar acciones en pro del bienestar general, generando así un des confort en la población y causando, por ejemplo, acciones mancomunadas para la destitución de un funcionario.

Queda poco más de un mes para que se lleven a cabo las próximas elecciones para el  Congreso de la República donde los colombianos determinarán el rumbo del país por los próximos años. El proceso de votación que se avecina es solo una pequeña parte de lo que implica el ejercicio democrático pues, además de  votar en las urnas el 9 de marzo, los colombianos tienen tanto el derecho como el deber de realizar un control activo sobre la gestión de los gobernadores que gracias a los avances tecnológicos es cada vez más fácil. 

Para este año, la democracia y el desarrollo de la región amazónica enfrentan desafíos que van a probar la calidad de las propuestas de los políticos que luchan por la región dentro de los que se cuentan el bajo presupuesto que tienen las regiones para mantener una independencia local frente a la gestión de orden central, una preocupante debilidad institucionalidad que se refleja en las relaciones con el Gobierno nacional, así como el subregistro y tardanza en la sistematización de información relevante para la creación de políticas de públicas de calidad para la región. 

La democracia, en su definición más antigua, hace referencia al poder del pueblo donde todos los ciudadanos se veían involucrados en la toma de decisiones de forma activa. Con el correr de los años, tomó la forma que los teóricos han denominado democracia ‘representativa’ donde se elige a un representante que sea capaz de transmitir las inquietudes y propuestas de la población a las esferas del poder más elevadas. A la fecha, y gracias a los avances tecnológicos, el ejercicio democrático ha pasado de la simple deposición de un voto en la urna para empoderar a una personalidad en representación del ciudadano, a la posibilidad real de participación constante en todo lo relacionado con el sistema institucional.

Durante el último año, la población amazónica emprendió tres derechos de revocatoria de mandato con el que se logró la destitución del exgobernador del Guaviare, José Octaviano Rivera de la Alianza Social Independiente –ASI por enriquecimiento ilícito. Si bien es tan solo una pequeña porción de las revocatorias a nivel nacional, es un hecho que permite entender que los ciudadanos tienen la capacidad de delegar el poder, pero así mismo de controlar qué hace con este. 

El presupuesto

Basada en su constitución, Colombia es un país descentralizado que brinda autoridad a los departamentos para que estos administren la región de forma independiente. Sin embargo, según contaron participantes de las mesas “Avances, retos y oportunidades hacia el 2030” en varios departamentos amazónicos el presupuesto no hace justicia a los deberes de las entidades. 

Un ejemplo son los recursos que tiene la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, para realizar los procesos de control y vigilancia frente al aprovechamiento de madera en la región: la Corporación no cuenta con recursos suficientes para controlar cada permiso de aprovechamiento forestal  en la región lo que genera un amplio espacio para el comercio ilegal, comentó Freddy Forero funcionario de la Corporación.

La falta de recursos hace que las entidades/candidatos electos de forma popular sean ineficientes a la hora de ejecutar acciones en pro del bienestar general, generando así un des confort en la población y causando, por ejemplo, acciones mancomunadas para la destitución de un funcionario, lo que a su vez lleva a una inconsistencia en el programa electoral y a un vacío institucional.

La eficiencia y eficacia, escribió Laureote-Heard especialista en relaciones internacionales, son parte esencial de la democracia: el pueblo no solo necesita saber que sus gobernantes no incurren en hechos de corrupción, sino que además logran maximizar los recursos de manera eficiente para alcanzar una meta, acomodándose a las necesidades del pueblo y los contextos particulares.

La institucionalidad en la región 

La corrupción, se ha generalizado en Colombia como si fuera algo innato a nuestra esencia, cuando en realidad es uno de los mayores tropiezos que tiene que enfrentar la democracia para lograr llevar a cabo procesos en pro del desarrollo de la población. 

El Índice de Transparencia Departamental (ITD) realizado por la Corporación Transparencia por Colombia, que mide el riesgo que tiene una entidad de caer en actos de corrupción, demuestra que la percepción generalizada de corrupción por parte de los habitantes de la Amazonia traspasa los simples límites de percepción y tiene fuertes fundamentos. Los promedios de las variables del ITD, Visibilidad, Institucionalidad y Control y sanción, muestran que la región en general tiene un riesgo alto de corrupción. Uno de los argumentos es la subcontratación que existe en la región, como lo explica Luz Dary Vélez, directora de la seccional Mitú, del Ministerio de Trabajo.

El IDT muestra que la Zona Oriente (Amazonas, Guainía y Vaupés) y la Zona Occidente (Caquetá, Guaviare y Putumayo) tienen un nivel de riesgo alto con un promedio de 50,1 y 52,8 respectivamente, mientras los departamentos de Borde Amazónico tienen un riesgo medio con un promedio de 65,9 puntos. 

Como parte de la Lucha contra la corrupción, Roque Julio Arévalo del Partido Conservador se ha lanzado a promover el voto en blanco como una medida que ayude a evitar promover la corrupción. El alto riesgo de corrupción administrativa ocurre  según Margareth Florez, Directora Ejecutiva at RedEAmérica, por la “alta opacidad, baja institucionalidad y débiles controles y sanciones”.

Por otra parte, las ‘relaciones inter-institucionales’ que hacen referencia a las relaciones y concordancia que deben tener las entidades oficiales del Estado, son vistas por habitantes de la Amazonia como un tropiezo en el desarrollo de los gobiernos debido a que no se aúnan recursos para conseguir intereses que podrían ser comunes, más bien se convierten en  grandes impedimentos para llegar al fin deseado. En palabras del presidente del Consejo de Mocoa, Mauricio Apraez, “hay un problema institucional: existe un recelo entre las entidades donde cada una hala hacia su lado para defender sus propios intereses. Sumado a esto se sobreponen los intereses de orden nacional y lo que quiere la gente de la región se olvida”.

Este vacío de articulación entre las entidades y la normatividad traban la posibilidad de aplicar sistemas efectivos de control y vigilancia que a su vez, impiden crear programas y ejercer acciones que mejoren el cuidado de la Amazonia. El reconocimiento individual de la entidad estatal es el elemento identificado por algunos participantes como el motivo de la gestión individualizada.
Frente a esto, Julio Quiñonez, asesor del Alcalde de Puerto Asís, Putumayo, insistió en la importancia de emprender acciones con el apoyo, el poder de influencia y los recursos económicos de diferentes entidades; acciones que no tengan reconocimiento o que este sea compartido para construir una región de y para todos.

Aunque las relaciones entre las entidades es visto por los asistentes a los foros realizados por Amazonas2030 como algo que podría traer beneficios a los ciudadanos, es importantes reconocer que no siempre las relaciones entre las entidades pueden ser eficientes y eficaces por cuestiones burocráticas que el sistema estatal no está en condiciones de sobreponer de forma inmediata. 

La transparencia y el acceso a la información hacen parte fundamental para ejercer una buena democracia. Sin embargo, el Índice Amazonas2030 (versión 2012) calificó esta dimensión con   33,2 en una escala de 0 a 100 donde el acceso a la información es la variable peor calificada. Sumado a esto está la poca visibilidad que tienen las acciones que emprenden alcaldes y gobernantes en la región que en muchas ocasiones es poco conocida a nivel nacional e incluso local.

Estos y otros factores, sumados a las variables del ITD, demuestran una gestión opaca y poco trasparente. Para Florez, esta falta de transparencia, puede ser “una de las causas de baja participación electoral, en la medida que la información sobre la gestión pública no fluye hacia los ciudadanos y cierra las posibilidades de control social y expresión de las demandas sobre bases informadas. Además, la falta de gestión y transparencia en la información, incrementa la exposición a la corrupción”.

Los factores que pueden minar el proceso democrático en un país como Colombia están atados al contexto y la historia de la región, mas la posibilidad de resolución de estos conflictos yace en el empoderamiento y trabajo conjunto entre los integrantes de la Sociedad Civil y el Estado para alcanzar bienes comunes en torno al desarrollo regional y nacional.

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