Hasta el 31 de diciembre de 2016 Colombia tuvo vigente el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Proure) 2010-2015, que fomentaba el uso racional y eficiente de la energía y promovía las energías alternativas. Dicho programa, junto con la Ley 1715 de 2014, otorgaba incentivos tributarios a las empresas: deducción en el impuesto a la renta, depreciación acelerada de activos, exclusión de IVA y exención de arancel.

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Sin embargo, su terminación llevó a que durante 2017 se haya registrado una parálisis y un retraso en cientos de proyectos de eficiencia energética y de generación de energía mediante fuentes no convencionales, ya que las empresas están a la espera de que el gobierno nacional reglamente el nuevo Proure 2017-2022.

Pero, ¿por qué es importante para el país dar estos beneficios tributarios a las empresas? En síntesis, porque la exclusión de IVA y el descuento en el impuesto sobre la renta motivan a las compañías a mejorar su eficiencia energética y esto a su vez ayuda a que Colombia cumpla sus metas ambientales y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre cambio climático, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se espera que el nuevo Proure excluya de IVA a equipos, elementos y maquinaria destinados a proyectos, programas o actividades de reducción y eficiencia en el consumo de energía en los sectores transporte, industrial, terciario (comercial, público y servicios) y residencial.

Con todo, y a pesar de su importancia, este tema sigue sin resolverse y está en manos de los Ministerios de Hacienda, Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Mientras estas entidades no se pongan de acuerdo, los proyectos productivos y de inversión no se pondrán nuevamente en marcha pues se resisten a asumir el incremento del 19 por ciento en el IVA, establecido en la reciente reforma tributaria.

Incertidumbre jurídica

Los empresarios aseguran que esta situación genera incertidumbre jurídica y tiene varias consecuencias para el país: aumento del desempleo, disminución de la inversión, retraso en los proyectos, reducción de los niveles de desarrollo y evolución ambiental de las áreas productivas industriales, deterioro financiero de las compañías interesadas en acceder a los beneficios tributarios e incremento de los niveles de contaminación.

“Hay proyectos tanto de grandes como de pequeñas empresas que quieren hacer más eficiente el uso de la energía y cambiar sus tecnologías, pero todavía no pueden ejecutarlos. La puerta para presentar sus planes está cerrada porque están esperando a que el gobierno regule. Podemos perder el año en inversión”, manifiesta Carlos Manuel Herrera Santos, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi).

Ante la urgencia por contar con un marco legal para acceder a los beneficios tributarios, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, envió el 26 de julio una carta a los ministerios en la que afirma que no expedir la norma “trae aplazamiento de inversiones por cientos de miles de millones de pesos, en momentos en que el país reclama medidas contracíclicas”.

Así mismo, Mac Master pidió al gobierno rapidez para tener el marco regulatorio y que una vez expedido, la Upme y la Anla “cuenten con un grupo especial que resuelva las solicitudes, empezando por las que venían desde el año anterior”.

Actualmente, están en consulta y socialización las siete normas que se requieren: dos decretos y cinco resoluciones que regularán el nuevo Proure y establecerán los requisitos para aplicar estos beneficios tributarios. Según la viceministra de Energía Rutty Paola Ortiz, “se dará un trámite prioritario y expedito a los proyectos que se encontraban en proceso de obtener los beneficios antes de la actualización del marco regulatorio”, enfatiza.

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Semana Sostenible conoció que, posiblemente, en octubre se expida la resolución marco, la cual fija la política y de la que se derivan todas las demás. Hasta el momento la han firmado los ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, solo falta el ministro de Hacienda.

Según datos de la Upme, a septiembre de 2016 se habían presentado 83 solicitudes de eficiencia energética, de las cuales 45 obtuvieron concepto técnico favorable por parte de la entidad y 33 la certificación expedida por la Anla. Esto llevó a un beneficio cercano a los 120.000 millones de pesos por concepto de exclusión de IVA y a más de 80.000 millones por deducción de renta líquida.

Esperando a rodar

Una de las industrias afectadas es la empresa pereirana Busscar de Colombia, que tiene 50 buses estacionados (32 articulados y 18 alimentadores) que no ha podido entregar a Transcaribe en Cartagena.

“Aún no hemos podido facturar y nuestro flujo de caja se está viendo muy perjudicado”, cuenta Roberto Gálvez Montealegre, presidente de la compañía, quien junto con Transcaribe, Sotramac y Transambiental, operadores del sistema, solicitaron al Ministerio de Minas aprobar una resolución transitoria que extienda la vigencia del Proure 2010-2015.

“Tenemos que desintegrar 1.592 buses y hasta el momento llevamos 503. Al no tener los vehículos para la sustitución tuvimos que detener el proceso. No podemos dejar a la gente sin transporte público y la demanda está aumentando debido a que se están bajando del transporte informal para subirse a Transcaribe”, explica Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe.

¿Y las no convencionales?

Según Alejandro Lucio, director ejecutivo de Ser Colombia, la Asociación de Energías Renovables de Colombia, el desarrollo de algunos proyectos de energías renovables también se ha visto atrasado por la tardanza en la reglamentación y por la falta de personal que debe atender las solicitudes de las entidades para acceder a los incentivos. “Estas demoras afectan el desarrollo financiero de los proyectos, desincentivan la inversión en el sector e impiden la entrada de nuevas tecnologías en la matriz energética, las cuales podrían aportar a la competitividad del mercado y al cumplimiento de las metas ambientales del país”, afirma.

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Por su parte, la viceministra de energía Rutty Paola Ortiz apunta que la reglamentación de los beneficios tributarios aplicables a los proyectos energéticos de fuentes no convencionales ha sido expedida en su totalidad y se está aplicando de manera efectiva. Al 31 de julio de 2017 la Upme ha evaluado 241 proyectos, de los cuales han sido aprobados 181, equivalentes a 1.192 MW. Dentro de estos proyectos, 91 recibieron los incentivos de renta, IVA, arancel y depreciación en conjunto. “Sin embargo, muchos de los proyectos de energías renovables no convencionales, como solar y eólica, aún con los incentivos establecidos por la Ley 1715, no alcanzan viabilidad”, resalta Lucio.

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