La actual directora de la Anla tomó posesión del cargo en septiembre del año anterior.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es un organismo nuevo con una responsabilidad muy grande. Fue creada en septiembre de 2011 con el objetivo de agilizar y hacer más exactos los procesos de estudio, aprobación y expedición de licencias y permisos ambientales para proyectos de negocios en los sectores de hidrocarburos, energía, minería, agroquímicos e infraestructura. 

Dos años después  de su nacimiento, la Autoridad ambiental presentó un informe de gestión con indicadores que hablan de un desempeño positivo. La rendición de cuentas concluyó que entre 2012 y 2013 la entidad hizo grandes avances en la consolidación del recurso humano, el aumento presupuestal y los avances tecnológicos.

No obstante, la deficiencia en algunos de estos componentes habría sido la razón por la que la  Contraloría General de la República, tras una Actuación Especial de Fiscalización, tildará a la ANLA de “ineficiente” en el estudio de algunos casos de licenciamiento, en abril de 2013. Según este último reporte, las cosas parecen andar por un mejor camino.

Algunas cifras
Durante 2013, la Anla tuvo la tarea de evaluar 1.067 solicitudes de licenciamiento para proyectos nuevos y modificaciones en otros. De estas, 624 fueron radicadas en 2013; 443 eran de 2011 y 2012 y los términos de 175 de ellas se vencieron en diciembre del año pasado. Por ende se evaluaron 892 solicitudes, 790 con respuesta mediante un acto administrativo.

Adicionalmente, el informe registra 1.020 visitas de seguimiento a 740 proyectos implementados en todos los sectores. La meta era de 770, lo cual significa que se cumplió con el 96 por ciento de lo previsto.

Se promueven alrededor de 32.000 hectáreas reforestadas en el marco de compensatorio para el aprovechamiento forestal del sector minero.

En cuanto a procesos sancionatorios, la entiende afirma que realizó labores de análisis y diagnóstico de 753 procesos sancionados, de los cuales 526 corresponden al periodo entre 1993 y 2011, 113 de 2012 y 114 de 2013. La mayor parte de los procesos vigentes son del sector de hidrocarburos.
Entre estos se menciona a las empresas Drummond, Ecopetrol y Petrobras. Los dos últimos con multas de alrededor de 78 millones de pesos, y el primero con una sanción por 6 mil millones de pesos.

El Anla cuenta con herramientas tecnológicas para la organización de información tales como el Sistema de Información Geo Referencial (SIG), para determinar la ubicación geográfica de las licencias expedidas en el país y la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) que permite la gestión de denuncias y licencias. A través de este, según el reporte, se han realizado 33 mil trámites ambientales en el país.

En 2013 el recaudo de esta institución por estudio de licencias ambientales fue de más de 40 mil millones de pesos, superando en 13 por ciento del ingreso programado. En este mismo año, la Anla contó con un presupuesto asignado de 54 mil millones de pesos.

“Hacen falta estudios técnicos verdaderamente profundos”

Con respecto a la situación ambiental que se vive en los Llanos Orientales, más específicamente en Casanare, los habitantes de esta región que asistieron a la rendición de cuentas consideran que la gestión de la Autoridad ambiental ha sido deficiente.

Para Edgar Cruz, miembro de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero y habitante de Guamal, Meta la falta de “estudios técnicos verdaderamente profundos” para la expedición de licencias y la poca vinculación de las comunidades en la toma de decisiones hacen parte de la cotidianidad de la región.

Por su parte, Carlos Rodríguez, diputado de Casanare dijo que además de la sequía las corporaciones autónomas regionales son muy ineficientes. Rodríguez agregó que la cantidad de inspectores dispuestos por la Anla, son dos confirmados por este organismo, es insuficiente para el seguimiento de los bloques ofertados y proyectos en curso de la región.

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