Jerónimo Sebastiao de Oliveira, de 72 años, es uno de los afectados por las expropiaciones debidas a la Copa del Mundo en la localidad de Camaragibe, en el área metropolitana de la ciudad de Recife.

Para nadie es un secreto que gran parte de la población de Brasil está en profundo descontento por la celebración del Mundial en pocas semanas.

Todo inició en 2012, con el alza de las tarifas del transporte público y las protestas de este gremio. Las manifestaciones luego se propagaron a otras áreas como la salud, la educación y la infraestructura.

Si bien no se conoce exactamente cuánto dinero se ha gastado en los preparativos de la Copa, ya son varios los millones de dólares que los brasileros preferirían ver invertidos en otras cosas. 

Pero esto no es lo único. En un artículo de BBC Brasil se expone la situación que viven las personas que fueron desalojadas de sus terrenos, los cuales serían utilizados en obras para el Mundial.

Para esto, explica el artículo, el gobierno preparó un presupuesto de 100 millones de reales, que equivalen a 44 millones 662 mil dólares, para indemnizar a las familias y una Secretaría de Expropiaciones.

 Sin embargo, una serie de denuncias recolectadas por la cadena de noticias da cuenta de que las cifras de dinero que recibieron son mínimas y que las obras no han avanzado mucho. Incluso, algunas de ellas no estarán listas para el Mundial.

Varios de estos casos se presentan en la localidad de Camaragibe, ubicada en la ciudad anteriormente mencionada, en el estado de Pernambuco.

Jerónimo Sebastiao de Oliveira, de 72 años, dijo a la cadena de noticias que “todo el esfuerzo y el dinero” que invirtió para construir su hogar se perdieron cuando la administración local decidió desalojarlo.

Su terreno sería utilizado para construir obras que  faciliten el acceso al estadio Arena Pernambuco, en el cual se jugarán cinco partidos del Mundial y que costó 293 millones de dólares. 

Son varias las familias que se han sumado a la denuncia, informa la BBC,  argumentando que si bien el gobierno los indemnizó, la cantidad de dinero que recibieron es insuficiente para sobrevivir.

En el artículo, Thiago Arraes de Alencar Norrões, procurador general de Pernambuco, explica que las indemnizaciones estarían entre los 3.000 y 300.000 reales que equivalen a 1350 y 135.400 dólares.

Para entregar el dinero se tiene en cuenta el estado del terreno y del inmueble, además de que todos los papeles estén en orden, y es aquí en donde empieza la controversia. Mientras el organismo público considera que las sumas de dinero son en la mayoría de casos apropiadas, los habitantes opinan lo contrario.

"Somos agentes públicos, las indemnizaciones se pagan con dinero público y existe una norma técnica y parámetros de ingeniería para evaluar el valor de un inmueble", continúo el procurador en diálogo con la cadena noticiosa, quien argumenta que siempre “se trata de favorecer a los expropiados”.

Pese a las buenas intenciones que manifiesta el gobierno son varias las personas que como Jerónimo, quien vivía en la zona desde hace 40 años y dijo recibir 13.500 dólares de indemnización, han acudido a la justicia para reivindicar sus derechos.  

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