Nuevo informe muestra cuatro años de débil gestión ambiental

Algunas de las conclusiones del informe Estado de los Recursos y del Ambiente 2012-2013, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), podrían ser una excelente hoja de ruta para lo que la próxima administración enfrenta en materia ambiental. 

La investigación explica con detalle el estado de los páramos, la eficacia de la implementación de políticas ambientales nacionales y departamentales-tanto en ejecución de programas como del presupuesto-, además de exponer qué tanto hemos avanzado en cuanto a disminución de contaminación en el aire. Solo por mencionar unas cuantas de las temáticas. 

Las conclusiones, en general, no son muy positivas. La CGR se refiere a las autoridades ambientales como entidades “débiles”, mientras que califica el modelo colombiano como uno subordinado a “sectores productivos que no han interiorizado de manera adecuada los impactos negativos que generan”. Estos son los principales resultados del reporte. 

Las metas del programa de manejo sostenible y restauración de páramos no fueron cumplidas por problemáticas esenciales: debilidad institucional- las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) no están ejerciendo su función-, falta de recursos y de personal capacitado.

Un punto crucial para el manejo de estos ecosistemas vitales es el control de la actividad minera. Actualmente hay titulación minera en 21 complejos de páramos, tanto de actividades pequeñas como de mega minería. 

El complejo de páramos de Pisba es el que más títulos mineros tiene, con 86 en total. Por otro lado, Santurbán tiene 50 títulos mineros, ubicándose así en el último lugar del escalafón. En total son 1 millón 550 mil 227 hectáreas de páramos con títulos mineros en vigencia. 

De acuerdo a la CGR, la gestión administrativa y presupuestal de las entidades ambientales fue-simple y llanamente-mala. 

El ente de control halló que las entidades ambientales financiadas por el Gobierno Nacional no recurrieron a los topes máximos autorizados por el Congreso para la ejecución de políticas y programas de esta índole. 

Las inversiones más afectadas por esto fueron las de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en un 58 por ciento; las del Ideam en un 16 por ciento; las del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en un 10 por ciento y las del Fondo Nacional Ambiental (Fonam) en un 9 por ciento. 

En ese mismo sentido, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), también fueron calificadas por el ente de control como ineficientes. 

En cuanto a los programas para delimitación y ordenamiento de humedales y reservas forestales, estos no avanzaron mucho con respecto a las metas del Plan de Desarrollo Nacional (PND) 2010-2014. 

La política para la prevención y el control de la contaminación del aire fue promulgada en 2010 y sus objetivos se trazaron para los años 2014, 2016 y 2019, por ende esta se encuentra en implementación aún. 

La prevención de la contaminación del aire, solo en Bogotá, prevendría 21 mil muertes según estudios recientes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta problemática ocasiona siete millones de muertes al año. 

En este punto, la CGR considera un avance importante el hecho de que Colombia haya adoptado unos límites máximos de partículas contaminantes en la atmósfera, sin embargo, agregan que estos se encuentran aún por encima de los establecidos por la organización previamente citada, la Unión Europea y Estados Unidos. 

En cuanto a sistemas de vigilancia de calidad del aire, 19 autoridades ambientales los poseen hasta la fecha. 

En referencia al cambio climático, uno de los temas más coyunturales de la agenda ambiental, pese a que el PND se planteó este tema como un eje importante, la CGR determinó que “no existen aún estrategias sectoriales de desarrollo bajo en carbono” ni planes de adaptación al cambio climático. 

El punto de restauración forestal fue el que arrojó mejores resultados dentro del PND, con el restablecimiento de 56.460 hectáreas de bosques. 

En cuanto a ordenación forestal, para 2012 se habrían adoptado los planes de ordenamiento de poco más de 7 millones de hectáreas de bosques, es decir, un 12 por ciento del territorio nacional de bosques. 

Algunas de las conclusiones del informe Estado de los Recursos y del Ambiente 2012-2013, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), podrían ser una excelente hoja de ruta para lo que la próxima administración enfrenta en materia ambiental. 

La investigación explica con detalle el estado de los páramos, la eficacia de la implementación de políticas ambientales nacionales y departamentales-tanto en ejecución de programas como del presupuesto-, además de exponer qué tanto hemos avanzado en cuanto a disminución de contaminación en el aire. Solo por mencionar unas cuantas de las temáticas. 

Las conclusiones, en general, no son muy positivas. La CGR se refiere a las autoridades ambientales como entidades “débiles”, mientras que califica el modelo colombiano como uno subordinado a “sectores productivos que no han interiorizado de manera adecuada los impactos negativos que generan”. Estos son los principales resultados del reporte. 

Las metas del programa de manejo sostenible y restauración de páramos no fueron cumplidas por problemáticas esenciales: debilidad institucional- las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) no están ejerciendo su función-, falta de recursos y de personal capacitado.

Un punto crucial para el manejo de estos ecosistemas vitales es el control de la actividad minera. Actualmente hay titulación minera en 21 complejos de páramos, tanto de actividades pequeñas como de mega minería. 

El complejo de páramos de Pisba es el que más títulos mineros tiene, con 86 en total. Por otro lado, Santurbán tiene 50 títulos mineros, ubicándose así en el último lugar del escalafón. En total son 1 millón 550 mil 227 hectáreas de páramos con títulos mineros en vigencia. 

De acuerdo a la CGR, la gestión administrativa y presupuestal de las entidades ambientales fue-simple y llanamente-mala. 

El ente de control halló que las entidades ambientales financiadas por el Gobierno Nacional no recurrieron a los topes máximos autorizados por el Congreso para la ejecución de políticas y programas de esta índole. 

Las inversiones más afectadas por esto fueron las de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en un 58 por ciento; las del Ideam en un 16 por ciento; las del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en un 10 por ciento y las del Fondo Nacional Ambiental (Fonam) en un 9 por ciento. 

En ese mismo sentido, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), también fueron calificadas por el ente de control como ineficientes. 

En cuanto a los programas para delimitación y ordenamiento de humedales y reservas forestales, estos no avanzaron mucho con respecto a las metas del Plan de Desarrollo Nacional (PND) 2010-2014. 

La política para la prevención y el control de la contaminación del aire fue promulgada en 2010 y sus objetivos se trazaron para los años 2014, 2016 y 2019, por ende esta se encuentra en implementación aún. 

La prevención de la contaminación del aire, solo en Bogotá, prevendría 21 mil muertes según estudios recientes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta problemática ocasiona siete millones de muertes al año. 

En este punto, la CGR considera un avance importante el hecho de que Colombia haya adoptado unos límites máximos de partículas contaminantes en la atmósfera, sin embargo, agregan que estos se encuentran aún por encima de los establecidos por la organización previamente citada, la Unión Europea y Estados Unidos. 

En cuanto a sistemas de vigilancia de calidad del aire, 19 autoridades ambientales los poseen hasta la fecha. 

En referencia al cambio climático, uno de los temas más coyunturales de la agenda ambiental, pese a que el PND se planteó este tema como un eje importante, la CGR determinó que “no existen aún estrategias sectoriales de desarrollo bajo en carbono” ni planes de adaptación al cambio climático. 

El punto de restauración forestal fue el que arrojó mejores resultados dentro del PND, con el restablecimiento de 56.460 hectáreas de bosques. 

En cuanto a ordenación forestal, para 2012 se habrían adoptado los planes de ordenamiento de poco más de 7 millones de hectáreas de bosques, es decir, un 12 por ciento del territorio nacional de bosques.