Foto: Javier la Rotta.

A pesar de tener raíces en el campo, la sociedad ha vivido y lidiado en gran medida solo con la problemática urbana. La distancia entre estos dos mundos construyó una barrera invisible que permitió que la vida en las ciudades continuara con cierta normalidad en medio de las más terribles condiciones para los habitantes del campo: masacres, bombardeos, tomas guerrilleras, ataques paramilitares, minas quiebrapatas, etc. Esos fenómenos en las grandes capitales han sido registrados como si hubieran sucedido en otro país.

La consolidación de la seguridad democrática de Álvaro Uribe, a pesar de su éxito militar, intensificó la guerra en el campo mientras en las ciudades no se sentía. Ahora, por primera vez en muchos años, hay una expectativa de paz. Por eso, después del triunfo de Santos se habla más de posconflicto que de guerra. Sin embargo, para que este sea exitoso, es indispensable que la distancia entre campo y ciudad se acorte aún más.

 

Tristemente, las condiciones de la ruralidad colombiana no son muy diferentes de las de la ruralidad global. Tres de cada cuatro habitantes del campo en el mundo son pobres. En Latinoamérica, el 64 por ciento de la población rural está por debajo de la línea de pobreza y en Colombia, más del 50 por ciento vive en situación de pobreza extrema. Es necesario reconocer que nuestro silencio ha sido cómplice tácito de la barbarie.

 

 En la medida en que los avances en seguridad han permitido acercarnos al campo, los habitantes de las ciudades han podido adquirir conciencia de lo que ha sido durante décadas la tragedia rural.

 

Una de las tareas principales de la reconciliación es ser solidarios, reconocer lo que antes ignoramos y reconstituirnos en un solo país donde todos, directa o indirectamente, hemos sido víctimas. La guerra es un estado moral de excepción en el que se construyen imaginarios colectivos en los que  cada una de las partes se percibe a sí misma como “los buenos” y ve a la contraparte como “los malos”.

 

Para matarnos tal vez esa justificación era necesaria. Los enemigos eran guerrillos, paracos, mamertos, fachos, montañeros, corronchos, indios. Pero al final, todos somos los mismos: víctimas de la violencia y la desigualdad. La reconciliación exige que nos reidentifiquemos como colombianos. Y que a partir de ahora, aceptemos que estamos tomando una senda nueva por la que transitaremos durante mucho tiempo construyendo nuevas instituciones bajo nuevas reglas de juego.

 

La negociación en La Habana incluye puntos centrales para el bienestar de los campesinos: la reforma rural integral reconoce la importancia de su economía, la producción de alimentos, la formalización del trabajo y la generación de ingresos. A esto se sumarán la creación de un fondo de tierras, una nueva jurisdicción agraria y zonas de reserva campesina. Todavía algunos de estos conceptos despiertan temores. Pero una vez que se vean sus ventajas, podrán ser registrados como opciones reales para la transformación del campo y como políticas de Estado que tarde o temprano había que hacer.

 

Más allá de La Habana, la gran mayoría que en el campo nunca tomó las armas para defenderse del abandono se pregunta cuál será su papel en el posconflicto. En parte por eso, de ambos extremos del espectro ideológico salieron a marchar los campesinos en 2013 y 2014. A ellos se sumaron otros grupos de interés rurales: mineros, transportadores y comerciantes, para los cuales resulta inaceptable que la guerrilla salga del posconflicto con representación política, subsidios, y oportunidades de desmovilización. Pero esas son realidades que tocará aceptar o, como se dice con frecuencia, sapos que tocará tragarse.

 

La primera y quizás más importante responsabilidad será apoyar los procesos que garanticen a los campesinos el acceso a la tierra. La tenencia de esta es la manera más efectiva de crear bienestar rural. En los casos de desplazamientos forzados, devolver sus tierras al campesinado sería la fórmula para poner fin a los ciclos de autodestrucción violenta que se han vivido en los últimos años. También puede ser necesario que las tierras inactivas paguen más impuestos de los que están pagando en la actualidad.

 

Todo lo anterior, que algunos consideran revolucionario, es apenas justo y necesario.

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