En 1790, el primer economista político de la Nueva Granada, Pedro Fermín de Vargas, recomendó el fomento a “la producción asociativa, que a su vez pusiera en circulación el conocimiento y las innovaciones agrícolas”, para generar “profundas trans- formaciones” en la agricultura y en el mundo rural neogranadino. Desde ese entonces, nuestro mundo rural ha sufrido tantas transformaciones como recomendaciones, sin lograr aún que ese círculo virtuoso de producir alimentos y generar bienestar rural se consolide.

Sin duda (y con mucha razón), podemos seguir culpando al conflicto armado, a la inseguridad en la tenencia de la tierra, a las fluctuaciones de precios, a la indiferencia urbana o re- cientemente a la globalización, de la inestabilidad de las activi- dades productivas rurales que llevan a niveles de pobreza y malnutrición. Y en ese sentido, son distintas las estrategias que en materia de  productividad y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) se han trazado en el país las últimas décadas. Desde el punto de vista productivo (disponibilidad suficiente y estable de alimentos), es en el buen manejo y la comprensión de nuestros suelos y aguas donde están las bases de un modelo de seguridad alimentaria sostenible (que satisface, a pesar de todo, el 90 por ciento de la demanda nacional) que no solamente se adapte a los vaivenes sempiternos del clima, sino que siga contribuyendo a alimentar a una población mundial que se acerca ya a 7.500 millones de habitantes.

Colombia es de los pocos países que pueden aumentar la producción agrícola sin afectar zonas de conservación ambiental. Pero con procesos de degradación de suelos cercanos al 50 por ciento (de los 45 millones de hectáreas de tierra productiva), se requiere más que buenas intenciones para evitar la pérdida de este recurso no renovable. En buen momento entidades como la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo lo califica como “bien público”, y toma aún más relevancia apoyar la agricultura de conservación (usando coberturas permanentes, rotando cultivos), la agricultura ecológica, los sistemas agrosilvopastoriles, que permiten  aumentar la productividad del suelo. Otro “bien público” soslayado es el agua, en donde cada vez más fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, los malos manejos de las cuencas hidrográficas y la baja inversión para construir o rehabilitar sistemas eficientes de irrigación o almacenamiento, afectan la calidad y la disponibilidad del agua y, por ende, la producción de alimentos.

Un ejemplo a seguir se da en medio de las inundaciones de La Niña de 2011 en el Valle del Cauca, donde muchos productores tomaron finalmente las cuencas hidrográficas como referencia para planificar su territorio. Es necesario, sí, crear mercados (comercializadores y consumidores) que valoren el esfuerzo que se hace por parte de los productores rurales y no olvidar que, a pesar de tantas políticas prourbanas y conflictos sociales en el campo, seguimos siendo un país rural, donde el 94 por ciento del área y el 32 por ciento de la población llevan esta connotación. Y es con estas cifras en mente que se deben seguir orientando inversiones e incen- tivos públicos y privados (incluyendo las anheladas coberturas de riesgo por variaciones climáticas y de precio) para hacer de la producción de alimentos en nuestros campos y cuerpos de agua una actividad rentable y responsable con sus entornos natural y social.

Al final del día, esas tres palabras que representan la Seguridad Alimentaria y Nutricional son las mismas que representan el manejo eficien- te de los Suelos, Aguas y la Na- turaleza y que buscan generar transformaciones profundas en nuestro mundo rural. 

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