César Ruiz.

Se entiende que adoptar criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la gestión empresarial entraña formalizar políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y ambiental; también, la transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos, y, finalmente, el escrutinio externo de los mismos.
Recientemente, el debate sobre la RSC se ha trasladado al ámbito de las políticas públicas, especialmente a la función que han de desempeñar los poderes públicos para promover esta filosofía. Buena parte de los gobiernos de las economías avanzadas han adoptado políticas formales para difundir de la cultura RSC. Cabe reseñar el papel pionero del Reino Unido; la reforma británica de la ley de fondos y planes de pensiones se ha sumado a la creación de una secretaría de estado para la RSC y la Sostenibilidad, ocupada en elaborar medidas de política industrial para promover la filosofía RSC. El 5 de marzo de 2011 fue publicada la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, en España, que en sus artículos 35 y 39 y en su disposición final 31ª, recoge una serie de prescripciones para impulsar el desarrollo de la RSC en este país.  

Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia. Desde 2010 contamos con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, orientada a cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo de los diferentes actores de la sociedad nacional. Esta política responde a los compromisos adquiridos en el marco del Proceso de Marrakech, para dar cumplimiento al capítulo III del Plan de Implementación de la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002). En Colombia, la producción y el consumo sostenible se han institucionalizado como estrategia relevante para avanzar en la gestión ambiental de los sectores público y privado.

Con tres años, esta política ya enfrenta desafíos importantes, de los cuales el principal es influir efectivamente en el cambio de comportamiento de diferentes actores, como autoridades ambientales, funcionarios del gobierno, empresarios, dirigentes gremiales, universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias y consumidores, entre otros, para avanzar hacia producción y consumo más sostenibles (con un enfoque de ciclo de vida). Otro reto está relacionado con generar los incentivos (económicos, institucionales y/o sociales) que hagan que las prácticas de RSC y Sostenibilidad empresarial sean realmente atractivas para los sectores económicos del país. La Política de 2010 es un gran avance, pero carece de los instrumentos e incentivos para que esta tendencia se convierta en un proceso inevitable en las empresas colombianas.

No menos importante es el ineludible fortalecimiento de capacidades para los sectores productivos e industriales del país, promovido desde el gobierno nacional y concentrado en la PYMES y MIPYMES, que representan aproximadamente el 50 por ciento del empleo nacional, el 36 por ciento del valor agregado industrial, el 92 por ciento de los establecimientos comerciales y el 40 por ciento de la producción total del país.

Estudios como el de esta edición de SEMANA SOSTENIBLE, que presentan las empresas más sostenibles en Colombia, son un referente importante para que las autoridades puedan influir en las condiciones del mercado a través de instrumentos regulatorios, económicos y de información, incidiendo en que se adapten políticas, estándares, prácticas de producción y consumo sostenible. Aprender del ejemplo y de las experiencias ya existentes es el último desafío, y este estudio es un serio, riguroso y esperanzador comienzo.

*Gerente socioeconómico de Conservación Internacional Colombia
Profesor de cátedra de la Facultad de Administración. Universidad de los Andes

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