La reforma tributaria, aprobada por el gobierno en 2016, trajo consigo los denominados tributos verdes: el impuesto nacional al carbono y un gravamen al consumo de bolsas plásticas. El dinero recaudado sería, en principio, destinado al Fondo Colombia en Paz, el cual se encargaría de invertir en la conservación de fuentes hídricas, protección de ecosistemas y manejo de la erosión costera, entre otros asuntos relacionados con adaptar el país al cambio climático.

El impuesto al carbono abrió, entonces, una nueva ventana para el mercado colombiano, como un mecanismo definitivo para la reducción de los gases efecto invernadero (GEI) y la mitigación del cambio climático. En este mercado, la moneda de canje es CO2 convertido en certificados de carbono, que permite a las empresas e industrias neutralizar sus acciones o impactos al medioambiente. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecieron el procedimiento para la no causación de este impuesto a través del Decreto 926 de 2017, que además reglamenta el procedimiento para ser carbono neutro. Dicho decreto abre la posibilidad de que algunos actores de la cadena de distribución y uso de combustibles fósiles como gasolina y ACPM, entre otros, puedan certificar ser carbono neutros, es decir, que hayan compensado sus emisiones.

En la reglamentación se establece la posibilidad de que las empresas obligadas a pagar el impuesto puedan neutralizar sus emisiones de GEI, ya sea con créditos de carbono provenientes de proyectos que buscan la reducción de emisiones causadas por degradación y deforestación de los bosques (REDD+), con proyectos propuestos en el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y/o programas de reforestación, todos estos desarrollados en el territorio nacional.

“La reforma tributaria inaugura una era diferente. Es el momento de la ecologización de la política fiscal en Colombia, la cual debe incidir en la toma de decisiones ecológicamente correctas”, afirmó Carlos Gustavo Cano, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol e impulsor del impuesto al carbono.

De esta forma, este mecanismo económico es el primer paso para generar alianzas estratégicas entre el sector privado, las comunidades de base, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno, con el fin de invertir en la conservación de los bosques, la biodiversidad y el tan anhelado desarrollo sostenible del país.

EL PACÍFICO, UNA ALTERNATIVA A LA CARBONO NEUTRALIDAD

Desde hace varios años, las comunidades del Pacífico colombiano trabajan por la conservación de su territorio fortaleciendo su gobernanza y manteniendo el bosque en pie a partir de alternativas productivas que no degraden los frágiles ecosistemas del Chocó Biogeográfico de Colombia.

“Cuando se aprobó el impuesto al carbono y el mecanismo de carbono neutralidad lo que perseguíamos no era que esos recursos fueran al tesoro nacional, sino que financiaran proyectos de la naturaleza de los del Portafolio REDD+ comunitarios del Pacífico, que apuntan a varios objetivos, entre ellos la conservación, pero sobre todo la consolidación de la paz territorial”, afirmó Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El Portafolio de Proyectos Comunitarios REDD+ del Pací- fico es una labor emprendida por 19 consejos comunitarios y un resguardo indígena que permitirá que más de 710.000 hectáreas de bosque se conserven. Su protección, además, genera bienestar social a cientos de familias de esta zona del país y permite que empresas que tienen que pagar el impuesto neutralicen su impacto comprando los certificados de carbono que se generan mediante la conservación de los bosques en sus territorios.

“Las comunidades del Pacífico colombiano llevan años preparándose para este momento. Es decir, para mantener el bosque en pie y así encontrar una alternativa real de desarrollo que incluya una retribución económica, beneficios sociales y la conservación ambiental de su territorio. Invertir en estos proyectos comunitarios permitirá neutralizar dos millones de toneladas de emisiones de CO2 al año”, afirmó Natalia Arango Vélez, directora técnica de Fondo Acción, entidad que se consolida como la organización sombrilla para promover e impulsar proyectos REDD+ comunitarios en Colombia. 

Invertir en estos proyectos, además de reducir el egreso del pago a la DIAN por el impuesto al carbono de $ 15.000/ tonCO2 (valor 2017), es una apuesta al desarrollo sostenible ambiental de regiones estratégicas y que históricamente han sido afectadas por el conflicto armado. “Hay que fortalecer los procesos comunitarios para desarrollar muchos proyectos. Simplificar lo técnico y tecnificar lo comunitario”, aseguró Everildis Córdoba, líder comunitaria de Cocomasur, uno de los proyectos del portafolio REDD+. El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur – Cocomasur– es el ejemplo más claro de que el trabajo de las comunidades por el cuidado del medioambiente trae retribuciones económicas y sociales. Como pionera de los proyectos, REDD+ en Colombia ya hizo la venta de los certificados de carbono generados en su primera verificación. Hoy, se prepara para la segunda verificación y generación de nuevos certificados de carbono, y para esto cuenta con el apoyo de diferentes instituciones y entidades como el Ideam, que ha facilitado las imágenes necesarias para desarrollar los análisis espaciales de cambios de uso del suelo y construir un mapa de hábitats en el área que hace parte del proyecto.

Siguiendo los pasos de Cocomasur, otros 18 consejos comunitarios y un cabildo indígena se preparan para la verificación de sus certificados y su posible venta a empresas privadas, que estén interesadas no solo en neutralizar sus emisiones sino también en invertir en el desarrollo sostenible y en la paz territorial del país.