“Lo más gratificante es cómo los miembros de la comunidad empiezan a identificar ese concepto de dignidad que va más allá de solamente la subsistencia”, así describe Martha Ruby Falla, directora socioambiental de Isa, sobre lo que más le impacta de los Programas de desarrollo y Paz (PDP)

Más que un grano por la paz

“Hay que aprender a desaprender la violencia, las malas conductas que uno  traía con la mujer, con los hijos y con el resto de la comunidad. Así como yo respeto lo tuyo, tú tienes que respetar lo mío”. La frase es de Rodrigo Castaño, un caficultor de 58 años, de la vereda Chicoral, en el municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), quien durante un tiempo estuvo desplazado por la violencia en Tuluá.

Castaño es beneficiario y agente multiplicador del programa Huellas de Paz, proyecto liderado por la Federación Nacional de Cafeteros, que hace parte de las actividades dirigidas a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la búsqueda de la paz en el país. Esta iniciativa es apoyada por la Agencia de Cooperación Internacional Española (AECID), la Fundación Humanismo y Democracia H+D, la Federación Nacional de Cafeteros con sus Comités Departamentales de Cafeteros y los gobiernos departamentales y municipales.

El objetivo de este programa, del área de Cooperación Internacional de la Federación, es contribuir a la protección y cumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las familias campesinas de la cuenca del río Cauca y el Macizo Colombiano. El proyecto tiene una inversión de 7,4 millones de euros y beneficiará a 18.000 habitantes de 22 municipios de Antioquia, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Los beneficiarios del programa son familias campesinas afectadas por la violencia, ubicadas en zonas con incidencia de grupos guerrilleros, con presencia de cultivos ilícitos y con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.

“Este proyecto es sin duda uno de los más completos e innovadores que la Federación ejecuta en las zonas productoras de café en Colombia, ya que incluye todos los ejes que involucran el concepto de sostenibilidad y que podemos medir con indicadores concretos”, señala Luis Genaro Muñoz Ortega, gerente general de la Federación.

El programa -que inició en enero de 2011 y terminará en diciembre de 2014- contribuye a la estabilización social e integración de grupos étnicos afectados por el conflicto armado mediante el acceso al agua potable, la generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental en comunidades rurales.
    
Reconciliación para el desarrollo y la paz

“Propiciar escenarios de diálogo entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno, que permitan impulsar un proceso regional de desarrollo y paz en Arauca con perspectiva binacional”, así describe Isabel Ampudia, directora de la Asociación de Fundaciones Petroleras (AFP), el modelo que se viene trabajando entre la comunidad, entidades nacionales y regionales, diversas empresas y líderes de la región, golpeada durante años por la violencia.

La Propuesta Integral para el Desarrollo y la Paz en Arauca surgió desde el territorio, como resultado del diálogo y la concertación entre organizaciones sociales que convergen en las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación. En estos espacios plurales, intersectoriales e intereclesiales se busca impulsar la construcción colectiva de iniciativas para la reconciliación y la paz del departamento.

Cuatro son los ejes estratégicos del modelo: el reconocimiento de los diversos actores, el diálogo social, la construcción de una agenda común y la definición de escenarios legítimos para la toma de decisiones y el desarrollo de la agenda.
Al escenario, impulsado por la Iglesia Menonita de Colombia, se han venido sumando diferentes actores claves para la región como la Compañía de Jesús, el CINEP, la Corporación Nuevo Arco Iris, la USO, Ecopetrol, el Oleoducto Bicentenario, la Fundación El Alcaraván, Planeta Paz y la Iglesia Luterana.

Por años abandonadas, hoy modelos de producción

Las comunidades de víctimas en San Carlos, Antioquia, y en la meseta de Popayán, Cauca, han logrado retornar a sus tierras y cultivar en aquellas que por años fueron para cultivos ilícitos. La Corporación Colombia Internacional, la Fundación Suramericana y otras entidades privadas y públicas han hecho posible la implementación de los Modelos Agroempresariales Competitivos y Sostenibles (Macs) que han convertido estos territorios en regiones de paz.

En la meseta de Popayán, Cauca, 623 familias de viudas de policías, militares, exmiembros de la fuerza pública en situación de discapacidad, campesinos e indígenas de los resguardos de Poblazón y Quintana cultivan tomate, aguacate y mora. La asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas les ha permitido lograr seis acuerdos con grandes comercializadoras que les garantizan la salida de los productos.
En los años noventa, el municipio de San Carlos, Antioquia, se quedó sin el 8O % de su población. "Cuando bajó la violencia entre 1999 y 2005, hicimos un plan para que la gente retornara y volviera a esas tierras abandonadas hasta por ocho años", relata Iván Darío Alzate, funcionario de la alcaldía del municipio. Hoy, después de 13 años, 73 familias cultivan en esas tierras café, plátano, cacao y, recientemente, tilapia roja, productos que en su mayoría se comercializan en Medellín.

El modelo no solo existe en otras regiones. Las Macs han beneficiado a más de 100.000 familias en municipios del territorio nacional. "Es un modelo que funciona. No solo capacitamos en tecnologías limpias y ayudamos con los créditos, sino que vamos de la mano con los campesinos durante tres años, luego ellos siguen solos y es increíble cómo la región se vuelve sostenible", explica Adriana Senior, presidenta de la CCI.

En Cauca se han beneficiado en total 623 familias y se han dado 1.703 empleos de tiempo completo. En  San Carlos se han beneficiado a 73 familias, 75 % de las fincas están en condiciones óptimas para comercializar productos  y se tienen 1.500 metros de espejos de agua para el cultivo de tilapia roja.

Apuesta por la educación y el trabajo asociativo

“Lo más gratificante es cómo los miembros de la comunidad empiezan a identificar  ese concepto de dignidad que va más allá de solamente la subsistencia”, así describe Martha Ruby Falla, directora socioambiental de Isa, sobre lo que más le impacta de los Programas de desarrollo y Paz (PDP) en los que la empresa ha invertido 15.304 millones de pesos desde hace 13 años.

En medio del conflicto armado y la violencia de finales de los años noventa, la empresa antioqueña configuró el programa ISA Región que busca gestionar procesos sociales y alianzas interinstitucionales orientadas a acompañar las comunidades y organizaciones sociales para contribuir en su desarrollo. El apoyo se diseñó en proyectos productivos, de socialización, promoción y educación en derechos humanos.
Al sur oriente del municipio de La Ceja, Antioquia, se hizo el acompañamiento técnico de producción limpia y se capacitó a los productores para mejorar la capacidad organizacional para que de esta manera pudieran obtener más beneficios.

“La estrategia de comercio regional nos permite llegar a clientes más exigentes, con mayor cantidad y nos queda más utilidad”, explica Adriana Gaviria, representante de Asofrutas, una de las organizaciones de la región, qua agrupa productores de mora, tomate de árbol, lulo y maracuyá de once corregimientos.
Otro ejemplo del compromiso, está en el Magdalena centro donde el trabajo se hace en la formación de capacidades políticas. En el territorio donde los paramilitares tuvieron gran influencia, se capacita desde hace dos años no solo a población también a los funcionarios públicos y concejales a través de la escuela de liderazgo Politeia.

La población se está capacitando en temas de territorio, estado, planeación participativa y control social y participación en decisiones de lo público como derecho y como deber.
Los PDP han beneficiado a  27.000 familias, ubicadas en más de 428 municipios, que incluso traspasan el área de influencia de la empresa. Los programas han contribuido con la educación, el empleo, la generación de ingresos, la seguridad alimentaria y los beneficios comunitarios, en general desarrollan una región sostenible en el tiempo.
                                                               

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