| 2012/11/19

De Ralito a La Habana

Aprendizajes del proceso de desmovilización paramilitar iluminan lo que se podría hacer mejor en el futuro.

Los representantes del gobierno nacional junto con los delegados de las Farc para la instalación de los diálogos de paz en Oslo, Noruega.
Los representantes del gobierno nacional junto con los delegados de las Farc para la instalación de los diálogos de paz en Oslo, Noruega.

Visto siete años después, el proceso de desmovilización paramilitar se ve regular. Fue una negociación turbia, que no puso todas las cartas sobre la mesa y les dejó todo, o casi todo, a los órganos judiciales: la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; la reconciliación; el desmonte del aparato cómplice del paramilitarismo y el castigo a sus integrantes.

Pero la urgencia de detener, a como diera lugar, esa máquina de terror que estaba cometiendo en promedio 250 masacres al año, entre muchos otros miles de delitos, llevó al gobierno Uribe a sellar un acuerdo que se concretó en la Ley de Justicia y Paz. Y como esta varió profundamente en su paso por el Congreso y la Corte, los paramilitares que firmaron el acuerdo sintieron que les habían dado gato por liebre.

Por esta razón, o por exceso de triunfalismo, los paramilitares y sus cómplices le hicieron trampa al proceso. Algunos, como ‘Don Berna’, desmovilizaron a jóvenes que no habían sido paramilitares y no desmovilizaron a otros que sí lo habían sido. Otros, como ‘Macaco’, siguieron traficando cocaína. Y otros  aprovecharon el tiempo de aprobación de la ley para expandir sus dominios, como ‘Jorge 40’, quien se metió al Catatumbo, de donde había salido Mancuso, y los mellizos Mejía montaron el grupo de Los Nevados,  que se hizo cargo de exportar la cocaína cuando el Bloque Norte de las AUC se desmovilizó.
Además, organizaciones civiles y medios, de la mano de unos magistrados valientes en la Corte Suprema de Justicia, empezaron  a descubrir la red política que encubrió y auxilió a los paramilitares para montar su aparato de terror, y que se llamó popularmente la parapolítica.

La Ley de Justicia y Paz, que en lo fundamental dice que quien colabore con la verdad, la justicia y entregue bienes para la reparación de sus víctimas, puede optar por una pena alternativa de máximo ocho años de prisión, empezó a regir en julio de 2005 y lleva siete años poniéndose en práctica.
Sin duda la ley, y los procesos que esta desató, tienen logros palpables. Primero, visibilizó a miles de víctimas de todo tipo de delitos, les dio voz y las animó a salir del anonimato en el que las había metido el miedo, para exigir sus derechos. Y le dio impulso a un movimiento nacional en pro de las víctimas que puso la suficiente presión política para que en 2010, después de muchos traspiés, se aprobara la Ley de Víctimas (1448), que ordena repararlas simbólica y físicamente, y esto incluye restituirles los seis millones de hectáreas que se vieron obligadas a abandonar o les fueron arrebatadas.

Hoy sabemos que desde 1998 las diferentes guerras políticas y narcopolíticas han dejado en Colombia entre cinco y seis millones de víctimas, la mayoría de las cuales son personas desplazadas a la fuerza por la violencia (entre cuatro y cinco millones de personas, dependiendo de la fuente).
Segundo, el proceso de Justicia y Paz ha llevado al país a reflexionar sobre cómo fue que permitió semejante impunidad. Menos de cien fiscales, con la ayuda de los 2.200 exparamilitares que han dado sus versiones, han esclarecido 38.000 delitos, la mayoría de los cuales estaban archivados.
Tercero, el proceso ha permitido sacar a flote la magnitud de algunos delitos invisibles. Por ejemplo, que ha habido casi 40.000 víctimas de desaparición forzada, y de ellas, los fiscales han encontrado 4.792 cuerpos en fosas clandestinas.

Cuarto, el proceso de Justicia y Paz y su gemelo, el de la parapolítica, han develado la profundidad del fenómeno paramilitar, sus nexos con el poder legal, cómo capturó las instituciones y se apropió de las rentas públicas y cómo fue aliado de empresarios y funcionarios públicos. Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, de octubre de este año, van 199 congresistas involucrados, 40 de ellos condenados, 96 alcaldes y 179 concejales investigados y, de ellos, ya están condenados 37 alcaldes y 92 concejales. Además, los fiscales de Justicia y Paz le han pasado a la justicia ordinaria evidencias para investigar a 1.023 miembros de la fuerza pública, 393 funcionarios públicos civiles y 10.000 personas
corrientes.

Los parches

No obstante, como el acuerdo de Ralito empezó viciado, muchas cosas han salido mal. Como miles de paramilitares nunca se desmovilizaron, rápidamente formaron nuevas bandas delincuenciales que han puesto en peligro a víctimas y desmovilizados. De los más de 4.000 hombres del paramilitarismo que fueron postulados a Justicia y Paz, muchos nunca confesaron sus delitos. Y de los dos mil y pico que han iniciado procesos, apenas 14 hombres han sido sentenciados a una condena alternativa, que incluye la reparación de sus víctimas.

Los procesos se hicieron lentos por varias razones. Por intentar atar todos los cabos sueltos que dejó la negociación con las AUC, las Cortes le pidieron demasiado a Justicia y Paz, y esto trabó los procesos casi al ritmo de la justicia ordinaria. Los constantes cambios de funcionarios en la Fiscalía y en otras entidades han contribuido a las demoras, que, a su vez, han hecho que muchos desmovilizados pierdan fe en el proceso y hayan vuelto a delinquir. Además, la decisión del gobierno Uribe de extraditar a varios jefes paramilitares en junio de 2008 le puso nuevos obstáculos a la verdad.

Cuando se vio que muchos exparamilitares estaban a punto de cumplir lo que sería el máximo término (de ocho años) que les podía imponer la justicia transicional, el Estado corrió para hacer aprobar una nueva ley que reforma el sistema.  La nueva norma, que aún no entra en vigencia, simplifica el proceso judicial. Además, aclarara cuáles  desmovilizados y en qué plazos pueden ser incluidos en Justicia y Paz y aspirar a penas alternativas, pues desde 2005 hasta octubre de 2012 ya se han desmovilizado 56.276 miembros de organizaciones armadas entre paramilitares y guerrilleros.

También insiste en que solo a aquellos que han cumplido con la entrega de sus bienes y con confesar la verdad se les puede dar la libertad después de los ocho años de cárcel. Por último, ordena a los fiscales seleccionar y priorizar el juzgamiento de los máximos responsables y el esclarecimiento de los crímenes más atroces e impactantes.

El Congreso también tuvo que sacar otra ‘ley-parche’, la 1424, para aclarar la condición legal de los poco más de 26.000 paramilitares desmovilizados que no se postularon a Justicia y Paz, muchos de los cuales  tienen cuentas con la justicia por delitos que no son atroces. Esta ley les abrió la posibilidad a aquellos que en efecto no hayan cometido crímenes de lesa humanidad ni delinquido después de su desmovilización, y que cumplan 80 horas de servicio comunitario, de hacer ‘acuerdos por la verdad’ a cambio de sus verdades y resolver su situación penal.

Estas confesiones informales las harán ante funcionarios del Centro de Memoria Histórica –que tendrán oficinas en varios puntos del país– y no tienen carácter legal. El Centro publicará estos informes después, sin revelar la identidad de los desmovilizados. Ya hay 12.176 desmovilizados autorizados para hacer los acuerdos a partir de enero de 2013.

Aún es prematuro saber si estos remiendos a las leyes funcionarán. Mientras tanto, miles de paramilitares en las cárceles esperan ansiosos que avancen sus procesos. Y cientos de miles de víctimas aún no conocen la verdad de quiénes fueron sus victimarios, pues apenas el 12 % de las víctimas registradas en Justicia y Paz han sido vinculadas formalmente a los procesos, según un informe del octubre de 2012 del Centro Internacional de Toledo para la Paz.

Por último, el gobierno, como invitación a las guerrillas a desmovilizarse, consiguió que el Congreso aprobara además la reforma constitucional conocida como Marco Legal para la Paz, que contempla que se juzgue y castigue a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad (incluidos miembros de la fuerza pública) y habilita la creación de mecanismos para que los rasos ayuden a enjuiciar a los jefes.
No obstante, permite que haya incentivos legales para que a aquellos actores armados ilegales que dejen las armas se les puedan suspender penas o recibir penas alternativas. También abre la puerta para que la ley les permita participar en política.

La paz que se viene

Un posible acuerdo de paz con las Farc y el ELN ya no se puede pactar ni en los términos generosos en que se hicieron los acuerdos de paz con las guerrillas anteriores, ni tampoco con la falta de transparencia con que se hicieron los acuerdos con las AUC.

Los derechos de las víctimas deberán ser tenidos en cuenta en la negociación, porque estas lo exigirán así y porque la justicia nacional e internacional actual así se lo exige a la partes. Pero aprendiendo del proceso con los paramilitares, no se podrá dejar toda la verdad, ni toda la justicia, ni la reparación de esas víctimas de la guerrilla -cuyos números seguramente van a impresionar de nuevo a la opinión pública- a los fiscales y a los jueces. Adoptar  mecanismos extrajudiciales, como los que implementa la ley 1424, puede llegar a contribuir de manera más expedita a conocer la verdad y conseguir que de esta surja la reconciliación.

Las reformas a Justicia y Paz y el Marco Legal para la Paz insisten en la selección y priorización de casos y de autores para juzgar los delitos de lesa humanidad. Y es probable que si hay paz con las guerrillas, al menos los comandantes de bloques, frentes y columnas, y aquellos otros responsables de los hechos que mayor daño hicieron, tengan que ser juzgados.

Solo que, a diferencia de los comandantes paramilitares, la justicia transicional no empezará sus casos casi que de cero, pues ya cada uno de estos jefes guerrilleros tiene vigentes varias condenas de la justicia ordinaria por múltiples delitos. (Solo los negociadores de las Farc suman hoy más de 300 órdenes de captura). Y solo si no vuelven a delinquir y contribuyen decididamente a la reparación, les podrán suspender las condenas o dar nuevas penas alternativas.

Los cómplices de las guerrillas integrantes de sus organizaciones políticas clandestinas, como el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, que en su mayoría no se conocen aún, también saldrán a la luz pública, y los acuerdos y la ley deberán decidir cómo tratarlos. También es probable que las verdades de los guerrilleros salpiquen a otros miembros de la fuerza pública que hicieron la guerra sucia y a políticos y funcionarios que los auxiliaron.

La reintegración a la vida civil de los 9.000 guerrilleros rasos de las Farc, y eventualmente de los 2.000 del ELN, también pondrá a prueba a una Agencia para la Reintegración que ya tiene las manos llenas con los más de 50.000 combatientes que se han desmovilizado. Esta no logró impedir que más de 5.000 fueran asesinados o que reincidieran. La buena noticia, sin embargo, es que ante una nueva desmovilización masiva, ya tendrá más experiencia sobre lo que funciona y lo que no. Además, al desmovilizarse colectivamente, las guerrillas, con mayor cohesión y una estructura de mando más clara que la de las AUC, podrán crear instituciones que les ayuden a los combatientes a la reinserción, como sucedió con los guerrilleros desmovilizados hace veinte años.

También es distinto el proceso con los guerrilleros, porque la agenda de negociación incluyó el narcotráfico, y el acuerdo puede imponer explícitamente unos límites para quienes sigan en ese sangriento negocio y, a la vez, darles un papel a los guerrilleros rasos para que contribuyan en la lucha contra el negocio a nivel regional, donde son ellos quienes mejor lo conocen.
En conclusión, el panorama de múltiples leyes y entidades y los constantes bandazos y cambios de reglas de juego que han rodeado el proceso de desmovilización paramilitar hacen pensar que el desarme de otros miles de hombres y mujeres no va a estar exento de fracasos.

No obstante, ya se ha aprendido mucho, las instituciones han madurado y aún hay tiempo para que las reformas recién aprobadas corrijan el rumbo.
En el fondo la clave estará en solo tres ideas: que las reglas del desarme y los límites de lo admisible sean explícitos; que el gobierno cumpla con su parte y expulse rápidamente a aquellos guerrilleros que no lo hagan y que no pierda de vista que está cocinando un acuerdo político que debe implementarse con imaginación y flexibilidad, y no simplemente dejarle todo a la justicia. 

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