En Brasil las protestas ya han cumplido 17 días y no parece que vayan a parar.

El pasado 13 de Junio menos de 50 miembros de Passe Livre, un movimiento que exige transporte público gratuito,  se unieron para salir a las calles y oponerse  a un incremento en el costo del transporte público. En menos de una semana esta queja se elevó por todo el país y más de 1.5 millones de ciudadanos salieron a las calles de 80 ciudades  en Brasil para  mostrar su indignación contra el poder.

Protestaban contra  las alzas en las tarifas, contra  los costos que implica  el Mundial de Fútbol  del 2014, contra la corrupción, contra la mala atención en salud y la falta de atención a la educación, pero, sobre todo,  protestaban para hacer valer sus derechos. Con narices de payaso, pancartas y banderas  los habitantes se solidarizaron para que el mundo constatara que hay quienes siguen dispuestos a reclamarle al Estado.

Según Mariana Araujo, periodista brasileña, en  un artículo para Pen America: “todavía estamos insatisfechos con el problema más persistente  de la sociedad en Brasil: lo precario de nuestras instituciones públicas y la fragilidad de nuestra condición como ciudadanos en un país donde el gobierno persiste en tratar la esfera pública como si fuera propiedad privada”.

 Esto se evidencia en las cifras. Un ciudadano que se gane el salario mínimo en Brasil que es de 678 reales, el equivalente a  593, 133,09 pesos colombianos, gasta 110 reales en transporte al mes lo que hace que la vida sea cada vez menos viable en las grandes ciudades.  A esto se contrapone que el gobierno  de Dilma Rousseff, por su parte,  ha invertido USD 13 billones en el Mundial  y en las remodelaciones que necesitaban los estadios, encabezados por el Maracaná en el que se han invertido USD 637 millones. Es por esto que uno de los gritos que se oyeron más frecuentemente en  fue el de “Estadios primermundistas y escuelas tercermundistas”.

Así mismo,  otros cantos como “el pueblo está despierto” y “salgan a las calles” han resonado sin parar, presionando a la presidenta, que  lidera desde la izquierda y debería, por eso mismo, buscar soluciones,  a tomar medidas sobre este asunto.

Después de que las protestas  se vieran incrementados  por el uso de la violencia por parte de la fuerza pública –gases lacrimógenos, balas de goma y spray  pimienta–, la policía se dio cuenta de que había reaccionado con demasiada fuerza y optó por tomar una actitud que podría calificarse de pasiva ya  que cuando realmente era necesaria, hubo quema de buses y algunas edificaciones gubernamentales fueron atacadas, no respondió.

Es contra estas incoherencias que protesta el pueblo, cansado de quejarse en sus casas, mientras ven cómo  las ciudades crecen para los turistas y no para los habitantes, y cómo se sigue diciendo en las noticias que  40 millones han salido de la pobreza mientras los informes muestran que el país tiene una inflación que supera los seis puntos.

Como se suponía después de un llamado imposible de ignorar, Rousseff se reunió  en el Palácio do Planalto con los 27 gobernadores y los 26 intendentes de las capitales estaduales para debatir un pacto nacional  que responda, activa y tangiblemente, a las demandas ciudadanas.

El pasado Viernes 21 de Junio la presidenta ya  se había comunicado con el pueblo, pero sus propuestas fueron consideradas ‘insuficientes’. Por eso recurrió a este pacto que tiene 6 puntos: Una mayor responsabilidad fiscal y control de la inflación que permita a la economía brasileña resistir la crisis internacional;  una reforma política que aumente la participación ciudadana y regule la propaganda política en los medios;  una elevación del crimen de corrupción a ‘crimen hediondo’, que recibe penas severas; una mejora fundamental en la salud que empieza por contratar 12.00 nuevos médicos; una reducción en el costo del transporte público y una mejor movilidad urbana y, por último,  el envío de un proyecto de ley al congreso que garantice que 100 por ciento de los royalties de petróleo y 50 por ciento de los recurso del Pre-sál sean invertidos en educación.

Si logra cerrar este Pacto Nacional la presidenta de Brasil podría escampar el escarnio público, del que ya es figura central. Si no, queda ver cómo reaccionará una ciudadanía que ha demostrado que exige lo básico que promete el tan criticado mundial: fair play.

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