El 12 de octubre, desmovilizados del municipio de Ortega realizaron una marcha para conmemorar 12 años del ataque de las FARC.

Sin embargo, si el país quiere lograr la reconciliación, cada ciudadano debe transformar profundamente su actitud y hacer más de un ajuste en su vida cotidiana. La firma de la paz es solo el primer paso.        

La violencia cobra cada día más vidas. En momentos como este, en el que Colombia está planteando la paz, es necesario volcar los ojos a las ciudades y a territorios como la Comuna 13 de Medellín, donde lo que se siente es una guerra urbana. En palabras de la exministra de Cultura Paula Marcela Moreno, “es indispensable entender que hay diferentes procesos de paz. No es uno solo. El que hoy se está dando es importante, pero hay otros que se requieren, como por ejemplo, el de la violencia urbana, que deja más muertos que los que producen los fenómenos rurales.

La violencia que vivimos hoy en Medellín también se está dando en Cali, Tumaco, Buenaventura, Quibdó,
Cartagena… En lugares como esos, qué vamos a hacer, qué vamos a generar para que sean territorios de paz. Creo que si el país quiere apostarle a la paz, debe hacerlo en serio”. Desde la Corporación Manos
Visibles, Moreno se impuso la tarea de llegar a los 25 municipios catalogados como los más violentos del país, para empoderar y ayudar a los líderes sociales.

Su propósito es jalonar procesos que permitan cambiar las condiciones de su entorno. Les brinda una
mano que los hace visibles para que se vuelvan referentes de sus vecinos y compañeros; así, los narcotraficantes, los pandilleros, los paramilitares o los guerrilleros no llegan a serlo.
La violencia de esos actores es pan de cada día, pero no solo en las calles, también en los hogares que se
han venido permeando de una cultura de odio, armas y golpes. Bien lo ha dicho la alta consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas: “La violencia intrafamiliar es el enemigo más grande que tiene el país”.

Lo saben las 89.436 víctimas de violencia intrafamiliar reportadas en 2010 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la cuales el 78 % eran mujeres. La violencia se ensaña contra ellas, los niños y ancianos, que en sus familias no son protegidos como deberían serlo. Medicina Legal señala que cada hora se dan por lo menos diez casos de violencia intrafamiliar. Y decimos que la guerra está en las montañas, en la selva. Pareciera que nos acostumbramos a echarle la culpa al conflicto de todo lo que nos pasa, y lo cierto es que nuestro país requiere transformaciones profundas que van más allá de
la desmovilización y la reintegración de 9.000 hombres y mujeres.

La firma de un acuerdo final de paz sería un acto importante, pero lo que viene es más grande: “La construcción de una nación incluyente en la que quepamos todos. Una nación con un alto grado de reconocimiento y tolerancia a todas las voces, en especial a las que no han sido escuchadas, que dé oportunidades, educación y salud a sus habitantes y que tenga la capacidad de crecer económicamente distribuyendo el ingreso”, afirma Frank Pearl, quien fue alto comisionado para la Paz en el gobierno de Uribe, exministro de Medio Ambiente y actualmente es uno de los negociadores del gobierno ante el proceso de paz.

Para algunos ese desafío se puede superar con agroindustria, ayuda de cooperación internacional y compromiso de las autoridades nacional y local. “El menor reto en términos económicos son los desmovilizados –dice Pearl–. El mayor reto es lograr invertir bien los recursos para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población”.

El Dane mostró hace unos días que el 59,8 % de la producción económica se concentra en Bogotá, Antioquia, Santander, Valle y Meta, es decir, solo en cinco regiones. Las 28 restantes se dividen el 40,2 %, que no alcanza a llegar a Vaupés y Guainía y solo se ve un poco en Guaviare, Amazonas, San Andrés y Providencia, Vichada, Putumayo, Caquetá y Chocó. Por eso, el 34,1 % de los colombianos que viven en la pobreza y el 10,6 % que están en la absoluta miseria forman parte de esa población.

“La paz es más un camino, porque, de lo contrario, llegar a ella se vuelve utópico; se trata más de asumirla como un proceso de construcción”, sostiene Vera Grabe, hoy directora del Observatorio para la Paz y hace 22 años militante del M-19, agrupación en la que estuvo 16 años y en la que llegó a ser la única mujer en el comando superior, nivel anterior a la comandancia, máxima autoridad.

Grabe recuerda que en su generación era bien visto recurrir a la violencia y a las armas para lograr la justicia social. El mundo estaba en esa dinámica en Cuba, China y Rusia. Por eso, cuando era estudiante de Antropología de Los Andes, no dudó dos veces y se fue a batallar. Hoy entiende que esa opción no logra resultados y que se debe pensar en alcanzar la equidad social, las opciones políticas y la necesidades básicas satisfechas en una nación sin guerra.

“Colombia requiere condiciones estructurales, pero también culturales. La cultura de la violencia es un gran caldo de cultivo para las otras violencias, es decir, si estás montado sobre esquemas autoritarios, sobre ideas de que la historia se cambia con las armas, de que el fin justifica los medios, eso se traduce en acciones, lleva a violencia desde los microespacios, desde la familia hasta las estructuras de poder”, explica.

Ese mismo raciocinio lo hacen a diario las organizaciones que llegan a las comunidades vulnerables para,
en un ejercicio de corresponsabilidad social, contribuir con el gobierno a generar desarrollo. La mayoría
lo hace en una carrera contrarreloj porque esas poblaciones están a la deriva, sin conectividad vial, sin instituciones fuertes, sin presencia del Estado y al acecho de los ilegales, que llegan con todo tipo de ofertas para niños y jóvenes. Así lo afirma el coronel retirado Alvaro Florido, asesor del ministerio de Defensa, que hoy, desde la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército, lucha contra el reclutamiento forzado de menores en la zona de La Macarena con programas de prevención.

Juventud, un tema clave la falta de oportunidades, la desescolarización y el tiempo libre de jóvenes y niños ponen a prueba el ingenio de las organizaciones de los sectores privado y público. El ICBF,
por ejemplo, tiene clubes juveniles en 85 municipios en los que atiende en jornada contraria a 210.000 niños y adolescentes, con actividades cívicas y lúdicas. En las comunidades más marginadas, el tiempo libre se convierte en un enemigo. Por esto surgen entidades sin ánimo de lucro que logran hacer transformaciones sociales en todo el territorio nacional y que hacen una labor quijotesca.

Ejemplo de esto es la Fundación Fútbol con Corazón, que opera en Barranquilla con el objetivo de promover la convivencia y la ciudadanía, convirtiendo el fútbol en una herramienta de paz. Con una iniciativa innovadora, ha logrado transformarles la vida a 3.000 niños y adolescentes entre los 5 y
los 16 años, volviéndolos agentes de cambio. La atención a esta población resulta un tema crítico, ya que la falta de un entorno saludable hace que sea más propensa a terminar involucrada en una guerra que no es suya.

Según el estudio de la Defensoría del Pueblo ‘Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales’, de diciembre de 2006, la carencia de redes de protección familiar, social y comunitaria, así como de ofertas sociales y referentes institucionales, es un factor de riesgo para su reclutamiento ilícito.

El mismo documento señala que el promedio de reclutamiento era de 12 años y que su llegada a las filas
estuvo ligada al hecho de que fueron víctimas: el 52,6 % de los niños desvinculados experimentó de cerca episodios de violencia severa como tomas armadas, el 24 % mencionó haber sido afectado por desplazamiento forzado, el 37 % sufrió el asesinato de algún miembro de la familia y el 22 % fue
víctima de amenazas.

Estos datos corroboran que no hay una línea clara entre víctima y victimario y que muchos de los desmovilizados fueron criados en la selva y en el infierno de la guerra (su promedio de edad es de 31 años), con todo lo que eso conlleva. Definitivamente, es alto el grado de complejidad de la tarea que tiene que realizar el gobierno para reinsertar a esta población, pero podría ser menor si cada uno de nosotros contribuye. Cerca de 350 compañías, 13 universidades y decenas de voluntarios profesionales han entendido esto.

Con recursos, programas, empleo y horas de voluntariado, apoyan el proceso de reinserción y reintegración. Desde 2003 existe la política de beneficios para quienes dejan las armas, la cual se ha dado desde diferentes instancias de coordinación y ejecución y ha dejado como resultado 54.931desmovilizados.

Los niños son considerados como desvinculados del conflicto y tienen un tratamiento diferente que le corresponde al ICBF. En lo que va corrido del año se han desvinculado 203 niños y entre 1999 y 2011 lo hicieron 5.014. Para apoyar el proceso, el gobierno nacional creó la Alta Consejería para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, que en 2006 se convirtió en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), entidad que se encarga de diseñar y ejecutar la política de reintegración.

Desde 2010, Alejandro Éder está a la cabeza de la entidad y se ha encargado de mostrarles a los empresarios que tienen un papel fundamental en este tema por su músculo financiero y las oportunidades
que pueden dar. “Nosotros tenemos, lo digo con orgullo, una de las entidades más técnicas del Estado. No tenemos cargos políticos, es una entidad meritocrática. Tenemos 400 profesionales de reintegración,
de los cuales el 80 % son mujeres que acompañan el proceso de desmovilización.

Son sin duda héroes de la patria porque van y se meten en los procesos más duros del país y, a pesar de las dificultades, tratan de sacarlos adelante”, señala Éder. Una de sus principales tareas, como él mismo dice, es “manejar el miedo de la gente”: de un lado, el temor de los combatientes para que dejen de serlo y se reintegren a la sociedad, y del otro, el de los ciudadanos en la legalidad para que les abran sus puertas sin prevenciones.

Aunque el número de empresas que contribuyen ha ido creciendo, la participación del sector privado no
es suficiente y, sin duda, es un facto fundamental para que se dé la paz, porque el proceso de desmovilización ocurre todos los días en nuestro país, haya o no un acuerdo. A diario deja las armas un promedio de tres personas que requieren oportunidades, las mismas que también reclaman víctimas y comunidades históricamente marginadas.

Para atenderlas a todas, el país necesita que los diferentes sectores de la economía se involucren
y que la paz sea el resultado de un trabajo conjunto en el que la sociedad se apropie del proceso.
Fundación Ideas para la Paz, observatorio creado por el sector privado después del Caguán, tiene ejemplos para mostrar de empresarios que son conscientes de ello, que han entendido que esta es una inversión riesgosa, como cualquier otra, pero que sí se puede. En concepto de la Fundación, la participación de las industrias podría ser mayor si se aliaran más con el sector público, específicamente con alcaldías y gobernaciones.

Dinámica que requiere instituciones sólidas y políticas públicas que la enmarquen, que aseguren que la paz sea sostenible. Como lo mencionan James Robinson y Daron Acemoglu en su libro Por qué fracasan las naciones, estas fallan porque sus instituciones son débiles y excluyentes: privilegian a unos grupos de la sociedad por encima de otros y concentran el poder en una élite que actúa para su propio beneficio. Todas estas reflexiones son importantes para el momento histórico en el que está Colombia, que definirá su futuro. En palabras de Frank Pearl, “entrar a la etapa del posconflicto significa convertir un conflicto inútil, como el actual, en mecanismos útiles para enfrentar y resolver de manera definitiva los temas
que nos permitan lograr una sociedad equitativa”.

Sin duda Colombia tiene muchas ventajas en este tema, pero también grandes desafíos. Pocos países entran a conversaciones de paz con diez años de aprendizajes en temas de reinserción y reintegración, con una sociedad civil que cada día se moviliza más, con instituciones que buscan fortalecerse y con un sector privado que entiende su importante papel, como lo demuestra esta edición.

El proceso requiere la participación de todos los sectores de la sociedad y un profundo cambio de
mentalidad. Requiere ciudadanos que se digan a sí mismos: “La paz no es con los otros, la paz también es conmigo"                                  

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