| 2012/11/22

Investigar, misión imposible

La dificultad para obtener los permisos necesarios con el fin de hacer estudios en biodiversidad en el país está trabando el desarrollo que se podría obtener con los resultados; por eso, 1.080 investigadores enviaron una carta de alerta a la Presidencia de la República.

Susana Caballero ha emprendido una ardua lucha por conseguir las licencias del  estado para realizar investigaciones en el país.
Susana Caballero ha emprendido una ardua lucha por conseguir las licencias del estado para realizar investigaciones en el país.

Susana Caballero lleva dos años esperando a que tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le den un permiso para examinar las heces de las nutrias.

Para estudiar el peligro que corren estos mamíferos e indagar por sus subespecies, debe analizar la materia fecal. Para hacerlo solicitó el permiso correspondiente a la División de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, hoy ANLA, que le informó que además debe suministrar al Ministerio del Interior las coordenadas geográficas del lugar donde recogerá los excrementos con el fin de que esa cartera verifique si en la zona existen o no comunidades indígenas.

“Todo eso es porque, según el Ministerio de Ambiente, las heces son un derivado de la nutria, lo cual es absurdo. Y ahora, como encontraron comunidades indígenas, hay que realizar la consulta previa para que ellas me autoricen a recoger los excrementos”, explica Caballero.

En la oficina de esta bióloga es fácil encontrar a primera vista las pruebas de las diversas investigaciones que ha realizado en distintos puntos del país para conocer más sobre las especies marinas y de río. Decenas de libros, mapas, fotografías, anotaciones de campo, muestras de tejidos, entre otros, se encuentran en su escritorio y sus anaqueles. Sobresale un gran archivador que contiene cientos de documentos que dan cuenta de los obstáculos tan absurdos que ha tenido que eludir para realizar su pesquisa científica. 

Dice con orgullo que fue la primera persona en este país en firmar con el Estado colombiano un contrato de acceso a recursos genéticos para investigación básica sobre la estructura genética de delfines del género Sotalia, con el fin de definir la diferencia entre las especies que se encuentran en el mar Caribe y el río Amazonas. Un trabajo de perseverancia, porque le costó tres años de su vida. “Yo no iba a sacar ningún producto derivado de ese material que pudiera tener un uso tecnológico o algo similar. Era una investigación básica dirigida a conservación”, recuerda.

El derivado puede ser una sustancia química útil que sale de una especie. El jabón, por ejemplo, tiene enzimas que han sido extraídas de un derivado de una bacteria. El yagé, que hace parte de una tradición indígena y que es un compuesto de una planta, podría ser tomado por una compañía para darle un uso medicinal y, de paso, comercial. Por eso, lo que busca la legislación es evitar la biopiratería. Los científicos consideran correcta la norma para aquellos que buscan comercializar la biodiversidad del país, pero no para los que desean investigarla, porque eso ha rezagado el desarrollo científico del país.

Investigadores rebelados

Por lo que le ha pasado, esta investigadora, que en la actualidad es profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la U. los Andes, no dudó en firmar la carta que 1.080 científicos enviaron en agosto al presidente Santos, en la que le piden revisar los procesos que se siguen para realizar trabajos de investigación en biodiversidad.

“No entendemos por qué en los últimos cuatro años se han entregado 9.000 títulos mineros, mientras entre 1997 y 2011 el Ministerio de Ambiente otorgó solo 46 contratos de acceso a recursos genéticos y por lo menos 560 proyectos de investigación están a la espera”, sostiene Miguel Andrade, profesor asociado del Instituto de Ciencias Naturales de la U. Nacional y uno de los redactores de la misiva.
La carta fue enviada de Presidencia a la Dirección de Colciencias, pero aún no se tiene respuesta.

Sin embargo, a finales de octubre, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible se reunió con rectores y representantes de las universidades de los Andes, Antioquia, Javeriana y Nacional para conversar sobre el tema. Allí se decidió instalar una mesa técnica entre las universidades y el Ministerio para  adelantar el trabajo que se viene realizando sobre decretos de recolecta, colección y contratos de acceso a recursos genéticos, en los que ha estado trabajando esta cartera con el fin de salgan lo antes posible.                                                               

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