| 2012/11/21

Las aguas de la discordia

En mayo, el alcalde Gustavo Petro anunció que no venderá más agua en bloque a nueve municipios. Ante la decisión, la Gobernación de Cundinamarca busca soluciones, algunas de las cuales pueden afectar el recurso. Más allá de la discusión, el fondo del asunto es la falta de reglamentación frente al manejo del líquido.

El embalse San Rafael está ubicado en La Calera, uno de los municipios a los que el
Acueducto de Bogotá les distribuye agua.
El embalse San Rafael está ubicado en La Calera, uno de los municipios a los que el Acueducto de Bogotá les distribuye agua.

 El agua no ha dejado de ser noticia en los últimos meses. Por un lado, el alcalde de Bogotá decidió cerrarles la llave a nueve municipios de Cundinamarca a quienes la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) les ha vendido  agua por 30 años. La decisión se debió a que el Distrito quiere cuidar las fuentes hídricas y evitar la urbanización expansiva en la Sabana de Bogotá.

Por el otro lado, se espera con ansia el Informe de la Defensoría del Pueblo sobre la calidad del líquido, que será presentado a comienzos del próximo año. Ya se han dado datos preliminares que tienen a más de uno con los pelos de punta. Por ejemplo, los habitantes de 322 municipios del país corren el riesgo de contraer enfermedades si beben el agua que les llega por el tubo. En 23 municipios el consumo del agua es inviable y solo 250 municipios de 1.123 tienen agua potable, cuando en 2010 el número alcanzaba 282.

Aunque la calidad del agua es tema prioritario y obligado, el tire y afloje entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá ha sido el que más prensa ha acaparado. La historia es así:
La capital del país se abastece en el 70% de la planta Wiesner –cuya agua proviene de los páramos de Chingaza y Sumapaz-, el 28% de la planta de Tibitoc –que toma agua del Río Bogotá- y el 2% de las plantas El Tunjuelo y El Dorado. Todas son fuentes que recorren Cundinamarca.

El Acueducto de Bogotá realiza el transporte, el tratamiento y la distribución en la ciudad, y algunas de esas tareas en los municipios de Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cajicá, Chía, La Calera, Mosquera, Madrid y Funza. A estos sitios les ha vendido agua en bloque, una modalidad en la que el Acueducto entrega el líquido en un punto determinado a través de una tubería matriz. A partir de ahí, el comprador –empresa o municipio– se encarga de la gestión, la distribución y el cobro.

“La preocupación parte de la expansión que se haga fuera de los Planes de Ordenamiento de los municipios. El agua que entregamos, una vez usada, debe ser drenada, y sin un buen plan de tratamiento de aguas residuales, son vertidas en las mismas fuentes que tomamos para llevar el agua a Bogotá”, explica Mauricio Jaramillo, director de la Red Matriz del EAAB.

El año pasado, la entidad debió cerrar la línea del río Bogotá durante 140 días porque el agua era  “no segura”, es decir, inviable de tratamiento. Jaramillo sostiene que lo mismo ha pasado con el río Teusacá, que abastece el embalse de San Rafael.

“Estudios comprueban que el río Bogotá tiene cero oxígeno. No pueden primar el desarrollo ni el beneficio económico sobre la conservación de un recurso como el agua, que es vital”, opina Luis Fernando Vásquez, director de la Fundación Verde Vivo.

 “Bogotá tampoco ha sido justa con la región, ni con sus fábricas de agua”, han dicho los alcaldes de los municipios que se verían afectados. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ciudad apenas invierte un millón de pesos diarios en conservar el parque natural de Chingaza, de donde proviene la mayor parte del líquido que toman los bogotanos.
El director de la Fundación Verde Vivo está de acuerdo con la crítica. “La Empresa hace el vertimiento de las aguas residuales domésticas en el río Bogotá sin ningún tratamiento”, asegura.

La solución bajo la tierra

Otra solución planteada es la del abastecimiento a través de pozos de agua subterránea. De acuerdo con datos de la CAR, en la Sabana operan 1.533 pozos legales y se desconoce el número de ilegales.
Cifras recientes reveladas por la Secretaría de Ambiente de Bogotá (SDA) muestran los efectos de la sobreexplotación de los pozos de agua subterránea. De acuerdo con el subdirector de Recurso Hídrico y Suelo de la entidad, Giovanni José Herrera, los niveles del agua del subsuelo bajaron hasta 10 metros en Puente Aranda, 20 metros en Kennedy y 12 metros en Fontibón. 

“Con el mal tratamiento de las cuencas y la disminución de caudales en Colombia, hay una disminución en la recarga de los acuíferos (las reservas de aguas subterráneas). Además, se surten del agua que viene de la superficie, lo que quiere decir que no están libres de contaminación”, afirma Fortunato Carvajal, director general de la Alianza Colombo-Holandesa por el Agua.

Según el Estudio Nacional del Agua 2010, Colombia cuenta con casi tres veces más agua subterránea que superficial, pero debe ser aprovechada con estudios técnicos. Frente al tema el Gobierno Nacional presentó el Programa Nacional de Aguas Subterráneas, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, que busca establecer directrices unificadas para el manejo sostenible del agua en el país.

La disputa por la obtención del agua entre la Alcaldía de Bogotá y los municipios de Cundinamarca es una muestra de lo que se puede pasar en varias partes de Colombia de no instrumentarse pronto la política anunciada por el Gobierno.                                                             

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.