La ventanilla de títulos mineros vovlerá a ser abierta el próximo 2 de julio.

El pasado 13 de junio  se reunieron sociedad civil, empresa privada y medios de comunicación para hablar sobre la minería en la amazonia colombiana. El debate fue organizado por la alianza Amazonas 2030, que busca evaluar y promover la sostenibilidad en esta región del país hacia el 2030.

 El debate contó con ponentes como Adriana Soto,  viceministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Guillermo Castro, director de fomento  y desarrollo de la Agencia Nacional Minera y Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi.

La mesa se centró en cuatro puntos: la resolución 0045, que busca delimitar algunas áreas estratégicas mineras en 17 millones de hectáreas y establece un plazo máximo de diez años para llevar a cabo los procesos de selección y adjudicación de 201 bloques establecidos dentro de estas áreas para tener acceso a los cinco minerales  de mayor interés en la zona: Oro, Coltán, Vanadio, Circonio y Platino; la resolución  1518 expedida en agosto de 2012, que  suspendió la extracción minera en la reserva forestal de la amazonia y se vence en dos semanas; la vigencia y actualización de la ley 2ª  de 1959 y la situación de los pueblos indígenas de la región frente al inminente comienzo de la extracción minera que  se ve venir con el levantamiento de la suspensión.

“Nos quedamos con el ripio”

Según el informe de la Organización  Alisos, Transformaciones en la Amazonia Colombiana: Retos para un desarrollo sostenible,  entre 1998 y 2005 la titulación minera se efectuó a razón de 209 hectáreas mientras que en 2010, hace solo tres años, alcanzó la cifra récord de casi 48.000 hectáreas.

Frente a esta realidad,  Juan Guillermo Castro responde que la ANM está tomando medidas: la primera es mirar las actuaciones sobre la Ley 2ª  de 1959 y cómo afectan la resolución 0045. Admite, sin embargo, que cuando se levante la moratoria todas las hectáreas ‘protegidas’ estarán sujetas a la sustracción de minerales. En segundo lugar,  mencionó los avances en fiscalización sobre los títulos vigentes  que está haciendo la ANM. En la actualidad hay  más de 9.500 títulos otorgados y la agencia ha revisado más de 17 títulos solicitados. Finalmente, anunció la publicación de un nuevo catastro minero, que remplazaría el actual que es enredado y  poco minucioso.

Aunque estos avances parecen prometedores, hay una realidad que la ANM no puede negar: esta información todavía no está disponible al público, lo que hace que haya mucha desconfianza por parte de todos los sectores frente a ella. Así mismo, todos están de acuerdo en que  la moratoria no debería levantarse antes de que el nuevo catastro esté completo y publicado.

“El sector hidrocarburos sí tiene un catastro, que no solo es público sino descargable desde su página web. El sector minero debería tener lo mismo, pero en vez de eso tiene procesos reservados en los que conseguir información supone todo tipo de problemas”, afirma Guillermo Rudas, economista ambiental, experto en temas mineros.  A esta opinión se sumó la directora del Instituto Sinchi, Luz Marina Mantilla, que dijo: “todas las políticas públicas obtienen su legitimidad al ser socializadas”.

Rudas también manifestó su preocupación por la resolución 1518 y preguntó a toda la mesa por qué dentro de esta no se incluyeron los resguardos indígenas y por qué, cuando se levante la moratoria, las áreas  seleccionadas van a quedar abiertas para el que llegue a reclamarlas. “Nos queda el ripio, como dicen los cafeteros” dijo.

Esta declaración parece exagerada, pero no lo es si se tiene en cuenta que incluso los parques o zonas que no han sido declarados ocmo área estratégica estarán sujetos a  una posible extracción. Este es el caso del proyecto estrella de Minambiente:  la ampliación de El Parque Nacional Chibiriteque que, si no se declara pronto como área seleccionada, no  podrá salvarse de ser una zona más dentro del estudio para entregar títulos que se dará con la apertura de la ventanilla.

Un panorama incierto

Otra inquietud que queda después de  oír los avances y propuestas de cada fracción es ¿qué viene ahora para la amazonia colombiana?

La respuesta es: no se sabe. Como bien lo dijo la viceministra Soto, nada asegura que no se vayan a otorgar más títulos irregularmente.  Mencionó qué cuando el ministerio evaluó la región y la minería existente, se encontró con que de los 37 títulos otorgados en parques naturales solo uno había sido entregado antes de que el parque fuera construido. Esto muestra que aunque  los solicitantes cumplen con los requisitos mineros, muchas veces se pasan por alto las licencias ambientales.

Soto hizo hincapié en la importancia del ecosistema amazónico, ya que “en la medida en que el país madura es claro que la importancia de esta región es enorme: su bosque y sus suelos  no solo sirven como reguladores climáticos para Latinoamérica, sino también para los países del Norte”. Admitió que el valor de esta zona no se ha evaluado correctamente y que desde el ministerio se busca mejorar la comunicación, la conservación y el uso sostenible de estos recursos.

Julio César Estrada de la Organización de Pueblos Indígenas en la Amazonía Colombiana (Opiac), por su parte, se enfocó en un tema incómodo para toda la mesa: la omisión de las reservas indígenas en la suspensión de la actividad minera en la resolución 1518. ”¿Tiene esta resolución una buena intención”, preguntó. Su respuesta fue contundente: sí, pero con la intención no basta. Para los miembros de la Opiac “la minería no debe entrar a lugares de reserva, ya sea indígena o forestal, no porque  no signifique desarrollo, sino porque afecta todos los lugares a los que llega, degradando la calidad de vida de sus habitantes. Además, no es sostenible: las piedras no se regeneran”.

Estrada concluyó  con un argumento que tanto la ANM como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no pueden ignorar: “este es un negocio que se hace a espaldas de los habitantes. Están alistando estos territorios para entregárselos al sector minero. Estas resoluciones no protegen sino que garantizan que la gran minería entre a la amazonia”.

Aunque la resolución 1518 emitida por el presidente Juan Manuel Santos hace un año buscaba proteger el Escudo Guayanés en Vichada, Guainía y Vaupés algo quedó claro: es de carácter temporal, lo que la hace una medida ‘tibia’, ya que es a corto plazo y no garantiza, después de ser levantada, la seguridad cultural, económica o  alimentaria de todos los habitantes de la amazonia colombiana. Así mismo, quedan dudas sobre qué pasara con los títulos de esa zona que la ANM debía evacuar y no lo ha hecho y con las áreas que no fueron incluidas dentro de la reserva estratégica que son Amazonas, Guaviare, Putumayo y Caquetá.

El próximo 2 de julio se levanta la moratoria y volverá la ventanilla a títulos mineros. Solo en ese momento serán respondidas las preguntas. Falta ver si estas van a ser  todo lo que se ha prometido.

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.