En Colombia la investigación de todo organismo con ADN estaba estancada desde 1996. En 2010 el 98 por ciento de las investigaciones eran ilegales.

La empresa antioqueña Bioprocol extrae principios activos e ingredientes naturales para crear cosméticos que ya exporta a otros países, y está en proceso de entrar al mercado de la Unión Europea. Ecoflora, otra empresa paisa, además de producir bioplaguicidas obtenidos de extractos de plantas, extrajo un colorante azul de la jagua para la industria de alimentos.

Estos son algunos de los resultados de las investigaciones con recursos genéticos colombianos. El término ‘recursos genéticos’ se refiere a todo organismo con ADN, ya sea vegetal, animal o microbiano. Este tipo de proyectos, según Paula Andrea Rojas, coordinadora del Grupo de Recursos Genéticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, avanza más rápido que nunca.

En Colombia, la investigación que requiere acceso a recursos genéticos y sus productos derivados estaban estancados desde que se adoptó la Decisión Andina 391 de 1996, llamada Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Según esta, para investigar cualquier información genética se requiere autorización del Estado.

En ese entonces el país quedó en un cuello de botella por falta de claridad en las competencias y en la necesidad de consulta previa, particularmente frente al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, afro, raizales y palenqueros. Lo cierto es que el Minambiente tampoco tenía la capacidad para decidir de manera expedita sobre los permisos de investigación.

Sin embargo, destaca Rojas, ahora hay que reconocer los avances. El desarrollo normativo más importante en esta materia es la resolución 1348 de 2014, que define las tres actividades que configuran acceso a recursos genéticos: la separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN o el ARN; el aislamiento de una o varias moléculas, y la solicitud de patente sobre una función o propiedad identificada de una molécula que no se ha aislado y purificado.

Además, dos decretos previos eximieron algunas investigaciones básicas con fines no comerciales de tener contrato y dieron mayor libertad de acción.  “Para mí, si hay un cuello de botella hoy es el desconocimiento o la resistencia que tienen algunos académicos de conocer y cumplir la legislación. Tenemos retos, claro, como el de tener normatividad para la distribución justa y equitativa de beneficios, por ejemplo”, asegura Rojas.

El doctor Alejandro Chaparro, del grupo de investigación Política y Legislación sobre Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional, dice que hasta 2013 el atasco que parecía generar el asunto legislativo no significaba mucho en la práctica. “En 2010 demostramos que más del 98 por ciento de la investigación que se hacía era ilegal. Analizamos la base de datos de Colciencias y encontramos 595 investigaciones sin contrato”.

Universidades al frente

Entre los avances legislativos se destaca la aprobación de contratos marco para las universidades que, según Chaparro, suman cerca del 70 por ciento de los procesos de acceso a recursos genéticos.

Un contrato marco es un acuerdo entre la universidad y el Ministerio de Ambiente, a través del cual los grupos académicos pueden desarrollar sus investigaciones sin tener que gestionar un contrato por cada proceso. Hasta ahora hay 127 contratos de acceso a recursos genéticos firmados, cuatro de ellos con fines comerciales y contratos marco con las universidades de La Sabana, Nacional, del Quindío, de Antioquia y Eafit.

Según la doctora Ingrid Schuler García, directora del programa de Investigación en Biotecnología de la Universidad Javeriana, la regulación debe avanzar para ser menos restrictiva. “Pongo un ejemplo: en normativa de bioseguridad para organismos genéticamente modificados, es tal la cantidad de evaluaciones para considerar el posible riesgo que al final encarecen el producto, afectando a productores y consumidores. Así los desarrollos tienden a morir”.

Agrega que si las políticas y los recursos financieros para la investigación no se direccionan correctamente, se disminuyen las ventajas competitivas y las investigaciones tienden a ser obsoletas dado el tiempo que toman los procesos administrativos.  Aun así, cree que si se mantienen los diálogos entre la academia y las autoridades, se podrá construir una vía más expedita. “Creo que vamos por buen camino porque las puertas para el diálogo con la academia, los centros de investigación y las empresas de base biotecnológica, están abiertas en los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud, Comercio y en la Cancillería”.

Retos para ser competitivos

Según Paula Rojas, el hallazgo de organismos y sustancias para transformarlos en beneficio de las personas y del mercado comercial –proceso conocido como bioprospección–, ofrece una oportunidad para generar desarrollo, empleo y construir nuevos modelos para gestionar la biodiversidad. “Estamos llamados a superar los modelos clásicos y aportar innovación al mundo”, dice.

El gran reto, desde la perspectiva del ministerio, es conectar la ciencia básica con la aplicada. El objetivo sería contar con alianzas entre instituciones capaces de desarrollar productos y empresas que tengan la capacidad de llevarlos a una escala comercial y que seguramente quieren invertir en Colombia. A esto también se le tiene que sumar trabajo legal desde la propiedad intelectual, tema de por sí complejo que al incluir recursos genéticos lo es aún más.

En el fondo, como menciona Alejandro Chaparro, la única manera de apropiarnos de la biodiversidad es que esta sirva de motor de desarrollo económico con valor agregado desde la ciencia y la tecnología. Así como hasta ahora  exportamos el café para que otros lo muelan y se ganen el dinero, sería un error exportar nuestros recursos genéticos para que otros los procesen, patenten y obtengan las ganancias.

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