Foto: Tadeo Martínez - SEMANA.

Los desastres naturales pueden tener muchos orígenes, pero no cabe duda que el cambio climático ha hecho que ocurran con más frecuencia y mayor intensidad. Colombia no ha sido ajena a estos eventos y en los últimos meses tuvo que hacerle frente a grandes tragedias.

A mediados de abril, lluvias torrenciales en Manizales provocaron deslizamientos de tierra que dejaron 16 muertos, 23 heridos, 500 familias damnificadas y 80 viviendas con algún grado de destrucción. La ciudad fue declarada en calamidad pública.

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Además, entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril fuertes lluvias provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco, en Mocoa, la capital del departamento del Putumayo, lo que generó deslaves y flujos de lodo que destruyeron viviendas, puentes y todo a su paso. La tragedia dejó 332 muertos, más de 400 heridos y 22.000 damnificados.

Todos estos eventos hicieron que la gestión y prevención del riesgo se impusiera en la agenda pública del país y que además este comenzara a pensar en otros tipos de amenazas, como la vulnerabilidad de las zonas costeras.

Una situación de cuidado

Para la bióloga Liliana Rodríguez, asesora de Gestión Integral del Territorio de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), las costas colombianas enfrentan varios riesgos: En primer lugar el cambio en la temperatura superficial del mar, que hace que las aguas suban y provoquen inundaciones en ciertos casos y que además, favorece la entrada de especies o bacterias foráneas a los ecosistemas, lo que fuerza las migraciones e incluso la extinción de especies.

Otra amenaza es la acidificación marina, que en términos prácticos no es más que la contaminación de las aguas del océano con CO2. Finalmente, está la erosión costera que aqueja a las playas, debido a la desintegración de las rocas provocadas por las olas como efecto de las mareas y corrientes marinas.

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Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura tienen el mayor riesgo por cuenta de la erosión de sus playas y las construcciones cercanas al mar. En esto coincide Diana Moreno, encargada de la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos (Damcra) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “El 42 por ciento de las costas en la región Caribe y otro 17 por ciento en la región Pacífico, presentan problemas de erosión costera, situación que se ha venido incrementando en los últimos años, en parte debido a la improvisación e implementación de soluciones individualizadas que no cuentan con los estudios técnicos necesarios, ni un análisis integral”.

Sobre este tema, Constanza Ricaurte, coordinadora del programa de Geociencias Marinas y Costeras del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), indica que los análisis incluidos en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático arrojan cifras nada alentadoras: en 2040 la región Caribe perdería 5.049 hectáreas de playa y 12.827 en 2070; mientras que en la región Pacífico se perderían 7.579 en 2040 y 26.117 en 2070.

El municipio de Puerto Colombia, en Atlántico, es uno de los más vulnerables de la costa Caribe colombiana. Foto: Daniel Reina Romero - SEMANA.

Lo anterior puede traer varias consecuencias: desabastecimiento de agua dulce, susceptibilidad a inundaciones en áreas municipales y agropecuarias por cuenta de los cambios en las líneas de costa, reducción del turismo y pérdidas de viviendas y vías de acceso. Para Jorge Enrique Gutiérrez, jefe de Vulnerabilidad y Adaptación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) “cuando un territorio tiene vulnerabilidades preexistentes como comunidades en condiciones socioeconómicas bajas o municipios en donde no se tienen planes de gestión del riesgo que incluyan elementos de cambio climático, las posibilidades de afectación e impacto de los fenómenos asociados serán mayores”.

El ordenamiento territorial es clave

Gutiérrez dice que la principal herramienta para los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) es tener información que permita planificar y tomar decisiones con criterio técnico. “Las comunidades juegan un papel muy importante y casi siempre son las últimas en enterarse del posible impacto del cambio climático sobre sus territorios”, asegura.

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Y es que muchos municipios no reconocen la zona costera como parte de su vida, no la delimitan y por lo tanto no la administran. En un estudio realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos para los prestadores de aseo en municipios costeros, se evidencia que solo 17 de 47 cuentan con un plan de gestión de residuos sólidos que tiene en cuenta la playa. “Sin embargo, solo uno ejecuta acciones para su limpieza”, afirma Liliana Rodríguez.

Constanza Ricaurte afirma que “los POT y los esquemas de ordenamiento territorial (EOT) en Colombia deben incorporar el tema medioambiental, las geoamenazas y el cambio climático. Sin embargo, muchos de estos planes se quedan en el papel debido a falta de control y a presiones políticas y económicas”. De hecho, el Ministerio de Ambiente el pasado agosto aseguró que cerca de 890 municipios tenían vencidos sus POT e hizo un llamado para tener en cuenta las variables ambientales.

¿Qué hacen las ciudades?

En Cartagena el 59,74 por ciento de la zona costera presenta alta y muy alta amenaza por erosión costera, producto de los efectos del cambio climático. Ante este panorama desde el 2014 la ciudad trabaja en el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima (Plan 4C), que establece el impacto que sufrirá la ciudad en 2040 de no tomarse medidas de adaptación.

Entre las posibles consecuencias estarían afectaciones de hasta el 86 por ciento en el patrimonio histórico, 70 por ciento en áreas de manglar por aumento del nivel del mar, disminución de la pesca artesanal, daños en infraestructura vial, pérdidas del 100 por ciento de las playas, además de aumento en los casos de dengue y chikungunya.

En Atlántico también saben de los riesgos. Edison Palma, subsecretario de Gestión del Riesgo del departamento, asegura que están invirtiendo recursos para controlar la erosión costera en Puerto Colombia, en las playas de su casco urbano y en el corregimiento de Salgar. Además, “para estabilizar la línea costera y controlar la erosión marina se promueve el mantenimiento de espolones”. En este tema ya se han invertido 300 millones de pesos y según Palma, el próximo año se tiene proyectado intervenir las playas de Santa Verónica y el municipio de Juan de Acosta. “El gran problema son los costos. Son precarios los recursos que se tienen para intervenir los 97 kilómetros de playa que tiene el departamento”, añade.

Santa Marta busca recuperar su frente costero. En julio pasado sus habitantes se sorprendieron cuando el mar ingresó a zonas residenciales de la ciudad. Foto: Juan Carlos Sierra - SEMANA.

En Santa Marta, Jaime Avendaño, director de Gestión del Riesgo, comenta que el único proyecto ejecutado es el de recuperación de la bahía de la ciudad, tarea conjunta con el gobierno nacional. “Lo que se busca es recuperar el frente costero de Santa Marta en las partes donde se haya erosionado para que sigan cumpliendo su función de atractivo turístico”.

Adicionalmente, afirma que han comenzado a liderar iniciativas y a realizar estudios para encontrar soluciones de fondo para la erosión costera. “Si no se desarrollan estos proyectos la afectación va a ser gradual. El frente costero y las playas a la larga desaparecerán si no se hace una intervención. Los problemas que tiene la ciudad los debemos solucionar con o sin ayuda del gobierno”.
Con todo esto, claramente Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y por lo tanto debe seguir trabajando en adaptarse y gestionar el riesgo. Todo un gran reto, más cuando los expertos en el tema aseguran que la vulnerabilidad se puede reducir, pero no eliminar. Nunca habrá ‘riesgo cero’.

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