Posible ruta del Canal de Nicaragua

El proyecto para unir los océanos Atlántico y Pacífico por Nicaragua ha estado envuelto en un penoso halo de misterio. Poco se conoce de sus avances, a pesar de que en teoría debería comenzar a construirse en menos de seis meses. La ley 840 de 2013 otorgó al consorcio chino HK Nicaraguan Canal Development (HKND) la construcción del Canal y le encarga en concesión su funcionamiento por 50 años, prorrogables a otros 50 más.

El presidente Daniel Ortega ve el proyecto como la solución más viable para los graves problemas sociales y económicos del país, el segundo más pobre del continente. “La obra le va a permitir al país erradicar la pobreza”, prometió. Por su parte, Wang Jing, dueño de HKND, pidió confianza en el proyecto. “Doy mi palabra de que el Canal será ecológico y amigable con el medio ambiente”, dijo.

Poco se supo públicamente del Canal por dos años. En diciembre de 2014 se hizo una ceremonia de inauguración y se han realizado obras secundarias. En mayo de 2015 se entregó el estudio del impacto ambiental de la obra, realizado por la consultora británica ERM, pero solo hasta noviembre se hicieron públicos sus resultados.

Una obra llena de incógnitas

A pesar de que, en el papel, se cumplen con todos los requisitos para la construcción del Canal de Nicaragua, todo su proceso de desarrollo ha sido cuestionado, comenzando por el concesionario. HKND no tiene experiencia alguna en el desarrollo de megaobras. Su director Wang Jing parece haber salido de la nada. La única explicación que ha dado a los medios es que estudió medicina tradicional y no está relacionado con el gobierno de su país.

El empresario afirma contar con los 50.000 millones de dólares en los que se valora la obra, pero no ha querido revelar a los inversores. Es vehemente a la hora de confirmar que finalizará el proyecto para 2020, aunque no ha entregado un plan de construcción. Se especula que el gobierno chino está detrás de HKND. Opositores han resaltado que están expuestos a una pérdida de soberanía inminente.

También está el tema de la necesidad de construir el Canal. Panamá está a menos de 500 kilómetros y su canal se encuentra en perfecto estado y acaba de estrenar una ampliación. En vez de ver al cercano país como competencia, suelen poner su buen desarrollo económico como un indicador de lo que le espera a Nicaragua. Un desarrollo económico que, para Ortega, permitirá la reparación de los posibles daños ambientales.

Otro punto de vista tienen los académicos del país, que no creen en el Canal como la única apuesta para el desarrollo. El doctor Jorge Huete-Pérez, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, cree que es una visión extremadamente radical. “El gobierno viene presentando el proyecto como la única salida necesaria para salir de la pobreza, una concepción anacrónica de progreso, porque no es ni sostenible ni viable según los estándares del siglo XXI”, dice.

El desarrollo de las obras también ha estado rodeado de controversia. Se inauguraron y comenzaron sin un estudio de impacto ambiental ni mayor claridad sobre la ruta y las dimensiones del proyecto. El gobierno argumenta que los trabajos adelantados son para adaptar los puertos y las vías para la llegada y transportes de los materiales y que la construcción del Canal comenzará oficialmente a finales de 2016.

Todavía hay escepticismo sobre por dónde debe ir el Canal. El estudio de impacto, realizado por la consultora inglesa ERM, planteó una ruta entre seis posibilidades. Según el documento, la decisión se tomó buscando el camino que tuviera el menor impacto ambiental. El trazado va por el sur del país, cerca a la frontera con Costa Rica, y atraviesa el Lago Cocibolca, cuyas comunidades se han opuesto rotundamente al proyecto.

El estudio mismo es acusado de ser incompleto y sesgado. A pesar de ser una firma independiente, el pago a ERM lo hizo la HKCD, lo que deja a la consultoría comprometida por los intereses de los constructores. “Lamentablemente los estudios de impacto ambiental y social realizados no cumplen con los estándares internacionales mínimos ni con las mejores prácticas”, dice el doctor Huete-Pérez.

Esta afirmación es confirmada por un panel de 24 científicos que analizó el informe completo y lo evaluó en un artículo para la revista BioScience de la Universidad de Oxford. El informe mismo acepta que se queda corto y sugiere que se deben realizar más estudios antes de dar luz verde a la construcción. Hay seis áreas protegidas nacional e internacionalmente y comunidades campesinas e indígenas que se verán afectadas, así que un estudio de unos meses queda corto ante todo lo que está en juego.

Un asunto diplomático

Las preocupaciones se extienden a nivel internacional. Las relaciones con el vecino Costa Rica están bastante tensas por el territorio aledaño al río San Juan, frontera natural entre las dos naciones. La Haya le otorgó soberanía a los ticos del territorio de Isla Portillos, en la frontera noreste entre ambos países. Los costarricenses están pidiendo ser compensados económicamente también, por daños ambientales a esa zona.

Además, la construcción es un tema sensible para los colombianos, en especial tras las disputas territoriales que disminuyeron drásticamente el territorio marino del país. La Cancillería presentó una opinión consultiva a la CIDH para que se pronunciara sobre el impacto ambiental que puede tener el Canal en el medio ambiente marino. Ya Costa Rica había hecho una gestión similar con respecto al río San Juan.

Este recurso es consultivo, así que no puede parar la construcción, pero el organismo internacional puede responsabilizar al gobierno de Nicaragua de violar derechos establecidos Convención Americana sobre Derechos Humanos o en otro de los instrumentos interamericanos que le dan competencia a la Corte. También forzaría la realización de más estudios para justificar su decisión. “Colombia tendría una oportunidad de oro para determinar el alcance de un derecho que cada día tiene más relevancia internacional, como lo es el del medio ambiente, por el impacto que genera no solo en las generaciones presentes sino también en las futuras”, dice Carlos Arévalo, expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional.

El ministerio está preocupado principalmente por la Reserva Seaflower, la segunda barrera coralina más grande del planeta, ubicada en aguas colombianas y nicaragüenses. La Unesco la declaró sus 349.800 kilómetros cuadrados como reserva de biósfera y el Ministerio de Ambiente la considera reserva en área marina protegida.

Para construir el Canal se deben hacer extensos dragados que dejarán sedimentos en las zonas aledañas. Esto pondría en serio peligro a los corales de la Seaflower. Estos animales son filtradores y necesitan aguas claras para lograr su función. “El aumento del sedimento causará que los pólipos del coral se taponen. Lo más probable es que el arrecife no resista un cambio tan drástico y muera”, dice Sandra Vilardy, bióloga marina y doctora en Ecología y Medio Ambiente. Los corales también se verían afectados por el paso de buques muy pesados, poco vistos en el Caribe colombiano.

San Andrés ha expresado su desacuerdo con la construcción del Canal. ‘El Isleño’, principal periódico de la isla, ha realizado varios editoriales para poner la discusión sobre la mesa, exigiendo claridad sobre las implicaciones de la megaobra para los raizales. Ha resaltado cómo la decisión de la CIDH puede resultar en un valioso argumento en contra de mayores pretensiones territoriales de Nicaragua.

La comunidad internacional está sentando un precedente con sus reclamos a Nicaragua. Desde la ciencia, los gobiernos y las comunidades se pide una rendición de cuentas del proyecto completa y clara, en beneficio del medio ambiente. Ante la autoritaria posición de Daniel Ortega, falta ver de qué parte se ponen los organismos internacionales a la hora de determinar si vale la pena que el ambiente pague muy caro por la potencial prosperidad económica nicaragüense.

*Periodista Semana Sostenible

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