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IMPACTO

Coca por café

La vereda El Orejón, en Briceño, se dio a conocer por ser la más minada del país y luego, porque ahí está el plan piloto de desminado humanitario conjunto entre militares y Farc. Pero queda un reto por enfrentar: la reconversión de cultivos de coca.

13 de junio de 2016

En Orejón sale mejor sembrar coca y comprar comida porque la comida no tenemos a quién vendérsela”. El que habla es Alejandro Moreno, uno de los 83 habitantes de esa vereda, al norte de Antioquia. Allí el gobierno adelanta reuniones con la comunidad para definir cómo van a erradicar la siembra de la que viven las 24 familias de la zona.
El caserío apareció en el mapa de los colombianos en 2015 porque fue la esperanza del primer desminado conjunto entre gobierno y Farc. Hasta ahora se desactivaron 33 minas y se despejaron 14.000metros cuadrados que dejaron inconforme a la comunidad porque son “terrenos de EPM y no zonas estratégicas para la seguridad de los campesinos”.
Entre 2012 y 2015, en Orejón hubo 19 víctimas de minas antipersonal, según la Alcaldía de Briceño. Sin embargo, la preocupación hoy es la negociación con la Agencia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. “Yo tengo 80.000 árboles que dan 7 hectáreas”, continúa Alejandro, “Y no le voy a mentir: para sembrar café o cacao se necesita una tierra buena y la finquita mía está montada en un rastrojo. Yo quisiera ganadito o una casa que me dé un arriendo siquiera de 400.000pesos para vivir”.
Para llegar desde Medellín, son siete horas, dos de ellas por trocha, pues no hay vía hacia la cabecera municipal. Las veintitantas casas están regadas entre montañas que ponen hasta una hora de camino a pie entre una y otra. Allí, los campesinos sembraban maíz, café, fríjol y cultivos de pancoger. Otros iban con su batea a buscar oro y en eso se basaba su economía.
Los habitantes dicen que hay presencia de actores armados desde hace tres décadas. Llegaron primero el ELN y el frente 36 de las Farc; después, grupos paramilitares, y con el inicio de Hidroituango, el Ejército.
El cultivo masivo de coca llegó más tarde. Un líder del caserío que prefiere no dar su nombre cuenta que una familia del corregimiento vecino Pueblo Nuevo, fue la primera en sembrar. “Se vio que eso daba plata y que no había que bregar con la sacada, porque allí mismo llegaban a comprar”.
En Orejón todas las familias viven de esta siembra, según cuenta el hombre. Los que no tienen cultivos, raspan, transportan, ‘quimiquean’ (cocinan) o alquilan un terreno, como en su caso. “Me pagan el 10 por ciento de la producción, pero nunca sé cuánto producen. Por cada raspa, que es más o menos cada tres meses, me pagan unos 300.000 pesos, y son dos hectáreas”.
Eugenia Olguín, presidenta de la junta de acción comunal recuerda que cuando llegó al pueblo, hace 13 años, ya había sembrados. Pero fue hacia 2006 cuando “la gente empezó a trabajar en forma. Mi esposo raspa. Antes teníamos cultivo, pero vino la avioneta y nos fumigaron todo, hasta el cafecito, el aguacate, el plátano…”.
La vereda perdió su soberanía alimentaria, como pasó en los departamentos del sur del país. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos reportó que mientras en 2013 había 48.000 hectáreas sembradas, para 2014 se registraron 69.000. Su estudio sugiere que el incremento puede estar relacionado con la percepción de las comunidades de que tener coca es tener mayor oportunidad de interlocución con el gobierno, y con el incremento en el precio de la hoja.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que en los últimos tres años el departamento pasó de tener 1.000 hectáreas con cultivos ilícitos a casi 4.000 y que el mayor crecimiento se registra en un corredor que va “desde Orejón, pasando por Ituango y se extiende casi hasta Urabá”.
Los pobladores hoy tienen que viajar horas por trochas para comprar comida. El líder anónimo dice que esta actividad económica cambió todo en el pueblo. “El relacionamiento entre las personas es otro porque los hombres empezaron a beber y había cierto tipo de prostitución: se compraba a las mujeres con cosas, había peleas…”.
Por cada kilo de base de coca, los cultivadores reciben cerca de 2 millones de pesos, según las cuentas de los líderes comunitarios. “Eso no lo vamos a recibir por otros cultivos, porque la comida es muy difícil sacarla por el aislamiento en que vivimos”.
Los campesinos aseguran que empiezan a producir coca porque quedan atrapados entre el conflicto y la falta de oportunidades. Es la historia de Alejandro, el de los 80.000 árboles, quien volvió a la siembra después de haberla dejado para no contribuir con un negocio que patrocina grupos armados. Él vivía en una casa cercana a la escuela. La misma que ahora es habitada por los funcionarios de la Agencia Popular Noruega, coordinadora del desminado humanitario. Allí se instaló el Ejército y cuando la guerrilla se dio cuenta, minó el territorio. “Eso fue en una noche de pesadilla. A uno se le explotó una mina y murió. Al otro día ya no había Ejército por ningún lado. Los de la vereda íbamos a coger el cuerpo del guerrillero para enterrarlo y, cuando menos pensamos, explotó otra mina que mató a mi esposa y me dejó herido. Ese 19 de febrero de 2013 me quedé sin nada porque tuve seis meses de tratamiento en Medellín. Después volví y sembré coca. No tenía de qué más vivir”.
En febrero pasado llegó a la vereda Eduardo Díaz, director de la Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Su objetivo es construir de manera colectiva lo que sería el quehacer en Orejón y otras siete veredas de Briceño: Buena vista, La calera, La mina, Pueblo Nuevo, El Pescado, La América y Altos de Chirí. Lo que se acuerde con las comunidades mediante mesas de trabajo e identificación del plan de vida, explica, marcará la hoja de ruta.
En marzo se encuestó a las familias para hacer su caracterización sociodemográfica y definir, entre todos, qué cultivos remplazarán la coca y le devolverán al pueblo seguridad alimentaria. Hasta allí llegaron Javier Caucacai, de la Cancillería y Luz Dary Campuzano, del Departamento para la Prosperidad Social.
Campuzano explicó que son 366 familias a las cuales se visitará para determinar cuál es la línea productiva que les interesa. “En Orejón hemos encontrado que la mayoría habla de cacao, café, aguacate y el silvopastoril”. En abril se tabulará la información, con lo que se podrá empezar a delinear el plan de sustitución.
La exigencia de los campesinos es la construcción de vías. El alcalde del municipio acompaña la propuesta. “El derecho es invertir primero en el acceso para sacar los productos. Si no tenemos vía es imposible tener un cultivo alterno al ilícito”.
Los habitantes también esperan que las condiciones de la vida en el campo se negocien en una cumbre nacional agraria, porque aún, dicen sus líderes, no hay confianza en la institucionalidad.
Si los campesinos no tienen facilidades para la comercialización es probable que al cabo de un tiempo vuelvan a sembrar coca. “Nosotros nos imaginamos este pueblo desminado, lleno de comida, de oportunidades. Pero todavía estamos lejos de eso”, concluye Eugenia Olguín.