Continuan las repercusiones por el desastre ambiental causado por el derrame de petróleo en Barrancabermeja. Esta vez la noticia corre por cuenta de la Contraloría General de la República, que decidió iniciar una Actuación de Fiscalización conjunta para identificar los daños al patrimonio económico y ambiental del país causados por el afloramiento de crudo que duró 28 días.

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Mientras Ecopetrol continúa las labores de cierre del pozo Lizama 158, del que emergieron cerca de 16.000 barriles de crudo mezclado lodo y agua que contaminaron las aguas de la quebrada La Lizama y Caño Muerto, el ente de control conformó un equipo especializado de las oficinas delegadas de Minas Energía y Medio Ambiente que tendrá la tarea de determinar los impactos de este hecho para los recursos públicos y la riqueza natural del país.

El derrame se dio dos años después que la Contraloría alertara sobre los requerimientos que debía cumplir Ecopetrol para proteger los acuíferos de agua de dulce ante este tipo de contaminación. En una auditoría de 2016, la entidad formuló hallazgos de tipo técnico y ambiental sobre el cierre de pozos, entre los cuales se incluyó el Campo La Lizama.

En dicho informe se resaltó el preocupante estado de integridad física de algunos pozos en producción del campo y se señalaron situaciones que ameritaban atención por parte de Ecopetrol respecto al cumplimiento de normas técnicas para su cierre y abandono, o para dar continuidad a su operación.

Debilidades en la gestión de Ecopetrol

La Contraloría también ha puesto en evidencia debilidades en la gestión de Ecopetrol en temas relacionados con el abandono, la inactividad y suspensión de pozos dentro de la operación petrolera a nivel nacional. Se trata de un tema crónico, pues en informes de auditorias realizadas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se encontraron errores y omisiones en el desarrollo de las actividades de exploración y producción.

En esos seguimientos a cada uno de los negocios de la empresa, incluidos aquellos que opera en asociación, se observaron falencias no solo en la implementación de los planes de abandono de pozos, sino en la disposición final de aquellos que han sido catalogados como suspendidos o inactivos y cuyas condiciones generan alto impacto en riesgos ambientales derivados de la gestión técnica, operativa y ambiental de Ecopetrol.

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Las debilidades van desde la falta de recursos y la provisión de los mismos para surtir un proceso de abandono técnico, las fallas en la integridad de pozos, pozos con procesos de reabandono, hasta la suspensión indefinida de pozos en algunos casos con 10 años de inactividad, como quedó registrado en el informe presentado en la vigencia 2016 y 2017. En esos documentos se reportaron hallazgos por incidentes considerados ambientales y afectaciones por derrames de crudo o fluidos causados por fallas operacionales.

A la decisión de la Contraloría se suma la apertura de investigación contra Ecopetrol por parte de la Fiscalía y del proceso disciplinario que abrió la Procuraduría por el derrame en Barrancabermeja. Así las cosas, todos los entes de control ya pusieron sus ojos en esta tragedia ambiental que dejó cientos de personas y de especies animales afectadas y un daño en los ecosistemas que tardará varios años en sanar.