Una alianza entre Jaime Arteaga y Asociados y Semana Sostenible invitó a las 1.100 empresas más grandes de Colombia a participar en una evaluación rigurosa de los aspectos clave a tener en cuenta en este tema, que cada vez cobra mayor importancia en el mundo empresarial. Las 66 empresas que participaron en la medición suman en el rubro de inversión social una cifra nada despreciable: 400.000 millones de pesos o el equivalente al 74 por ciento del presupuesto del Gobierno nacional para medioambiente y desarrollo sostenible, 188 por ciento del que se dedica a ciencia y tecnología. Pero más allá de las cifras, ¿qué significa que los recursos de las empresas estén bien invertidos?

Según los expertos que desarrollaron la metodología, la inversión social privada es aquella que  invierten “empresas y organizaciones en ejercicio de ciudadanía que va más allá del mínimo requerido, cuyo retorno está en la sostenibilidad del mercado y el desarrollo de la sociedad a los cuáles sirve la compañía”.

Las dimensiones que se evaluaron fueron cinco, todas con igual peso. Alineación con el modelo de negocios,  gestión de la inversión (los esfuerzos por planear y evaluar la inversión), sinapsis (el interés por trabajar en alianza con públicos y privados), focalización y reconocimiento de sus pares.

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Entre los resultados promedio de las 66 empresas participantes hay datos verdaderamente alentadores: 94 por ciento de las empresas tienen políticas internas de acción social, mientras que el 91 por ciento cuenta con códigos de ética  y 80 por ciento con áreas específicas para responsabilidad social corporativa. El tema de género, sin embargo, es el más rezagado de todos: únicamente en 27 por ciento de las empresas al menos la mitad de los profesionales de las empresas son mujeres, y solamente el 19,5 por ciento de las empresas tienen mujeres en sus juntas directivas. Por otra parte, solamente el 48 por ciento de las empresas evalúa el resultado de sus inversiones.

Las empresas contarán con los resultados detallados de la evaluación como insumo clave en la mejora continua de sus decisiones y estrategias de inversión social. Los participantes en el panel de discusión de la iniciativa fueron Ángela Sánchez, directora para Asuntos Corporativos de Bavaria, Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Grupo de Diálogo Minero en Colombia (GDIAM) y Ramiro Santa, director de Responsabilidad Integral de Ocensa. Los tres subrayaron varias necesidades de mejora en la relación entre sector público y sector privado, particularmente en la necesidad de generar mayor confianza entre ambos y, con esta, mayor credibilidad frente a las comunidades y el público en general. El consenso entre todos los participantes fue que la inversión social ya no es una opción para las empresas, sino una de sus funciones básicas.

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Participó además en el evento Andrew Wilson, director ejecutivo del Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe), organismo que apoya procesos que potencian y fortalecen el papel del sector privado en muchos países, incluyendo varios en procesos de posconflicto. Para Wilson, hay algunos factores clave en garantizar que las empresas contribuyan a la paz en esta etapa. El primero es dimensionar el papel del crecimiento liderado por el gobierno en las regiones más afectadas por el conflicto. Aunque es vital construir infraestructura y garantizar el acceso a servicios públicos y vivienda, a la larga la inversión pública en las regiones completará su tarea y el bienestar económico de la región tendrá que surgir de las empresas privadas con mercados sostenibles. Por eso, la generación de condiciones habilitantes para el desarrollo empresarial no puede ser secundaria, sino que debe suceder en paralelo a la inversión gubernamental. También subrayó el papel crucial de la construcción de confianza entre todas las partes, cuestión que únicamente se logra en la medida en que todos los actores cumplan con su palabra,

Cada una de ellas tiene dimensiones mejor calificadas que otras. Los resultados totales se publicarán en la edición 23 de la revista Semana Sostenible que circula durante el mes de junio.