Mientras fue gobernador de Córdoba Alejandro Lyons estuvo en el ojo del huracán debido al misterioso asesinato de su jefe de regalías Jairo Zapa y al presunto uso indebido que hizo de estos dineros. Pero fue hasta este año cuando la Fiscalía anunció investigación contra él por concierto para delinquir, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Se habla de un desfalco en el departamento que puede rondar los 70.000 millones de pesos, al sumar los valores en cerca de 20 procesos que tiene en su contra.

La jugada de Lyons al colaborar en la captura del entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, era obtener rebajas en sus penas. Además, recientemente se comprometió con la Fiscalía a entregar dineros y nombres de exfuncionarios y contratistas que se robaron los recursos del departamento de Córdoba, a cambio  de que le perdonen el delito de concierto para delinquir.

Hace tres años Revista Semana reveló cómo Lyons, en presunta alianza con jueces del departamento, pretendía borrar del mapa al joven municipio de San José de Uré, en donde queda parte de la mina Cerro Matoso, con la intención de manejar personalmente los recursos del municipio. Días después de la publicación de ese artículo, la decisión se echó para atrás y la gobernación no logró administrar los millonarios recursos.

Esta es la historia de cómo se puso en jaque la supervivencia y progreso de un municipio:

Todo se remonta al 7 de noviembre de 2014 cuando dos conjueces suspendieron provisionalmente las ordenanzas número 011 de 2007 y 024 de 2008 con las cuales nació San José de Uré. De ese modo borró de un plumazo los esfuerzos de los habitantes de Uré, anteriormente un corregimiento de Montelíbano, quienes tras años de vivir en el olvido habían logrado después de muchos intentos que la Asamblea les diera su anhelada independencia administrativa.

Montelíbano es un municipio minero donde se extrae arcilla, ferroníquel y en donde trabaja la empresa Cerro Matoso. Con los límites fijados por la Asamblea en 2007, gran parte de la zona donde se realiza explotación minera legal pasaba a ser parte del recién nacido San José de Uré. Pero un año después, una nueva ordenanza hizo una redelimitación y le dejó apenas con cerca del 12 por ciento de la mina, de manera que la mayoría de las regalías siguieran llegando a Montelíbano.

Uré, con cerca del 55 por ciento de población indígena embera y zenú y 27 por ciento de afrodescendientes tenía que empezar desde ceros a construir un pueblo en una zona roja y crítica del país. No había vías pavimentadas, agua potable, educación de calidad, ni programas sociales y para colmo de males el primer alcalde, Bladimir Londoño Zulbarán, lejos de sacar adelante la nueva entidad territorial,  hoy paga una condena de 11 años de prisión por haber desviado 8.000 millones de pesos a su cuenta personal.

En 2012 Lourdes Acosta asumió la Alcaldía e hizo algo que tal vez no gustó en algunos sectores políticos del departamento. Pidió que le dieran al municipio las regalías que hasta el momento no se le habían pagado, que estaban congeladas en las arcas de Montelíbano. De esta manera recuperó cerca de 25.000 millones de pesos, que según ella ya se invirtieron.

Aunque tuvo muchos detractores, la mayoría de la población la apoyó en esa época. Los habitantes de Uré se negaron a dejar de ser municipio y por eso, a finales de 2014 llegaron a tomarse la sede de la Alcaldía y el Concejo. Para esa fecha Uré había logrado pavimentar cerca del 80 por ciento del escaso casco urbano, construyeron colegios, escenarios deportivos, una planta de agua potable que surtía del líquido a casi 90 por ciento de la zona urbana, crearon transporte escolar para los niños de las zonas rurales, trajeron el programa de familias en acción e incluso instalaron zona WiFi gratis en uno de los nuevos parques del municipio. Además, siendo un pueblo tan joven, en 2013 pasó del puesto 25 al puesto 16 en desempeño fiscal entre los 30 municipios de Córdoba.

Un fallo polémico

En julio de 2013 el abogado William Quintero demandó al departamento de Córdoba, y el proceso llegó por reparto a la sala del magistrado del Tribunal Administrativo del departamento, Publio Martín Patiño. Fue aceptada en enero de 2014 pero los otros dos magistrados de la sala se declararon impedidos, por lo que entraron en su lugar dos conjueces Carlos Enrique Ospino Burgos y Jorge Luis Hoyos Usta. En junio, Patiño consideró que su sala no era competente para fallar el caso y solicitó llevarlo al Consejo de Estado. Quintero hizo uso del recurso de súplica y los conjueces decidieron que el caso debía quedarse en Córdoba, revocaron la decisión del magistrado Patiño, y lo separaron del caso.

Finalmente, Jorge Luis Hoyos fue nombrado conjuez ponente y el 7 de noviembre, con el magistrado Ospino, decidieron suspender provisionalmente las ordenanzas que crearon a San José de Uré. Las razones: contar con menos de 14.000 habitantes, cifra necesaria para conformarse como municipio, y por no contar con estudio previo sobre conveniencia y viabilidad del nuevo municipio.

El asunto generó polémica ya que en un certificado de agosto de 2006 el Dane indicó una población total de 14.329 habitantes en el entonces corregimiento de Uré. En 2010 se certificó una población de 10.245 habitantes, lo que en teoría mostraría el incumplimiento del requisito. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta algunas variables debatibles como que la ordenanza de 2008 redelimitó el municipio, y al hacerlo le quitó territorio y por ende población.

Pero la controversia no paró allí. El fallo también dijo que “mientras se resuelve el fondo del proceso, la administración, manejo, control y distribución de los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, al igual que los recursos destinados para la administración del recurso humano, de inversión, los provenientes de regalías, recursos propios, tales como impuestos, tasas, multas, contribuciones, sobretasas, entre otros, serán manejados por el departamento de Córdoba, en cabeza del señor gobernador”.

Esta jugada era muy extraña y no se entendía que los magistrados le hubieran dado ese poder de administrar dineros al gobernador Alejandro Lyons, cuando el departamento era uno de los demandados. Al verse acorralado, dado que el tema empezó a hacerse público, Lyons le dijo en ese momento a SEMANA que él defendía la municipalidad y que había apelado la decisión ante el Consejo de Estado. “El municipio de Uré ha tenido un desarrollo indiscutible en todas las áreas y vamos a defenderlo. Además, la Gobernación no tiene competencia para manejar esos dineros y ya lo alerté al tribunal”, aclaró en ese momento.

No obstante, cuatro días después del fallo, le solicitó a Bancolombia abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción a San José de Uré hasta que él no enviara las directrices sobre el manejo de dichas cuentas, donde había cerca de 11.000 millones de pesos. Lyons aseguró que esa decisión protegía los dineros mientras se aclaraba el caso.

Un mes después de esos hechos, el Tribunal Administrativo de Córdoba aclaró el fallo y suspendió sus efectos.  En agosto de 2016 el mismo tribunal en un fallo de sala plena, ratificó la legalidad de la creación del municipio de San José de Uré al indicar que hubo vicios en el proceso.

Relacionados

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.