Una de las noticias más importantes de esta semana fue la confirmación de lo que todo el mundo sabía: los cultivos de coca en Colombia alcanzaron una cifra histórica en 2016 y llegaron a 188.000 hectáreas, la mayor desde que se hace el monitoreo.

Esta revelación, que ha causado revuelo dentro del gobierno e incluso ha suscitado reuniones de alto nivel con los representantes de Estados Unidos, coincide con la publicación de un estudio que muestra el aumento inusitado de la población carcelaria en los últimos años, principalmente por cuenta de la penalización de las drogas.

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El informe, titulado "Castigos irracionales: leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina, afirma que aunque la región ha liderado el debate de reformas a las políticas de drogas y promovido la necesidad de considerar alternativas al encarcelamiento, el uso del derecho penal y de sanciones privativas de la libertad se ha exacerbado en los últimos años.

Si bien el documento traza un panorama continental, el caso colombiano resume perfectamente la situación. En los últimos 15 años, la población carcelaria del país ha aumentado 142%, pero el número de personas enviadas a prisión por delitos relacionados con drogas se disparó en un 289%.

Según los autores, este fenómeno se explica por una suerte de "adicción punitiva" en donde el derecho penal tiene primacía en el tratamiento del problema de las drogas. Esto ha llevado a la imposición de penas privativas de la libertad sumamente altas y desproporcionadas para sancionar toda clase de conductas relacionadas, desde la siembra hasta la venta, e incluso el consumo.

Esto ha contribuido a profundizar la crisis del sistema penitenciario. Pero lo más grave es que además de ser ineficaz para reducir el abuso de drogas o combatir el crimen organizado, ha implicado enormes costos e impactado de forma desmedida a sectores sociales vulnerables como las mujeres, los usuarios de drogas, los jóvenes, las comunidades indígenas y afrocolombianas y a los campesinos cultivadores.

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El análisis de la eficacia de la política antidrogas debe partir del supuesto de que esta se ha ejecutado en nombre de la protección de la salud y del bienestar de la humanidad. Pero el estudio muestra que en ninguno de los países de la región, incluido Colombia, ha disminuido la prevalencia de usos problemáticos de drogas ni se han reducido la producción ni el tráfico. Además, quienes son apresados suelen ser los actores más débiles de la cadena, asociados a economías de subsistencia y en condiciones de vulnerabilidad.

La persecución penal y el encarcelamiento de personas por delitos relacionados con drogas ha tenido elevados costos económicos y sociales. Según el informe, tan solo en 2014 Colombia gastó 2,3 billones de pesos en el mantenimiento de los presos por estas conductas. Y este confinamiento, lejos de proteger la salud, la lesiona, pues en las cárceles se viven condiciones de riesgo tanto para el convicto como para su familia. Eso sin contar con que el consumo de drogas al interior de estos establecimientos es 5 veces mayor que afuera de ellos.

Por todo lo anterior, el informe concluye con una recomendación polémica: descriminalizar el consumo de drogas y detener toda clase de persecución contra los consumidores, incluyendo la posesión, siembra, cultivo y compra. Una propuesta que no es novedosa, pero que debe empezar a estudiarse a fondo ante el comprobado fracaso de la política represiva.

El presidente Santos ha dicho en reiteradas ocasiones que Colombia no va a liderar una iniciativa en este sentido. Sin embargo, el acuerdo de paz con las Farc contiene una aproximación diferente al tema de los cultivos ilícitos. El tratamiento ya no estará enfocado en la erradicación forzada, sino que en muchas zonas productoras se están haciendo acuerdos con las comunidades campesinas para sustituir de manera concertada.

Sin duda, esta no será la solución defnitiva al problema, pues en realidad se necesita un consenso mundial al respecto. Pero brinda una alternativa. El tiempo dirá si por esa vía se empezará a construir un camino diferente para uno de los principales problemas de la sociedad contemporánea.

Lea el informe completo acá.

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