El desastre ambiental ocasionado por el derrame de miles de barriles de petróleo sobre los cauces de la quebrada La Lizama, Caño Muerto y el Río Sogamoso, en  Santander, pasó al terreno de lo penal.

El Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, solicitó mediante una comunicación al Fiscal General su apoyo investigativo para determinar en cabeza de quién está la responsabilidad por de esa emergencia, la cual ya es investigada disciplinariamente por la Procuraduría General.

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Murillo explicó a la autoridad judicial cómo el 2 de marzo el pozo Lizama 158, ubicado en zona rural de Barrancabermeja, presentó graves fallas y empezó a emanar petróleo a pesar de estar cerrado, lo que derivó en el desastre ambiental.

Dicho daño estaría relacionado con el revestimiento y con problemas mecánicos que –según Ecopetrol- fueron detectados y notificados a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a través de un informe de seguimiento de febrero del 2017. Sin embargo, el Ministro aclara que dicha información no fue puesta en conocimiento de ninguna autoridad ambiental.

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Como consecuencia de esa falla, el crudo afectó fuentes hídricas, los suelos aledaños y produjo la muerte de flora y fauna a su alrededor. Un cálculo preliminar indica que las aguas se han contaminado con más de 24.000 barriles de lodo y crudo, que al menos 50 familias están afectadas y se han rescatado más de 1.000 animales de la espesa nata negra generada por el derrame.

En este contexto, el ministerio le pide a la Fiscalía su apoyo en labores investigativas que permitan determinar las medidas tendientes a restaurar las áreas afectadas por el derrame y a identificar y acusar a los responsables de esta tragedia ambiental. El caso fue asumido por la Fiscal 9 Especializada de Bucaramanga Stella Leonor Sánchez Gil.