las regalías provenientes de la minera para el país ascienden a los 700.000 millones de pesos anuales.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado declaró que tanto la Dimar como la Anla podrán investigar a la carbonera reanudando así el proceso  de investigación que estaba suspendido hace más de un mes.

El 13 de enero de este año, hace siete meses y cuatro días exactamente, fue vertido el carbón de una de las barcazas de la minera estadounidense en aguas de la bahía de Santa Marta. Por esta razón la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, suspendió de manera preventiva el cargue de carbón en las barcazas  el 6 de febrero de este mismo año  hasta que la compañía no actualizara su plan de contingencia. La medida hizo que la minera perdiera aproximadamente 6,4 millones diarios.

Esta, sin embargo, no fue el final de la historia. El 1 de marzo la Anla levantó la suspensión y, ante la indignación general, dijo que este no era el final ya que se estaba adelantando  un proceso sancionatorio para determinar si el accidente había sido un accidente, como afirmaba la Drummond, o  el resultado de la negligencia de la multinacional.

Frente a estas declaraciones  la empresa tomó acciones rápidas y entablo un pulso legal para demostrar que en el momento del accidente la barcaza se estaba hundiendo y los tripulantes se habían visto obligados a verter el carbón al lecho marítimo. Así mismo, las sociedades Drummond Ltda.,  American Port Company Inc. y Transport Services Llc. Alegaron que no podían ser investigadas  de manera conjunta por la Dirección General Marítima (Dimar) y la Anla  porque ambas entidades estudiarían el mismo caso y sancionarían los mismos hechos.

Como añadidura, la empresa carbonera pagó por un estudio para analizar el impacto ambiental que tuvo el derrame hecho por la universidad Jorge Tadeo Lozano  y la consultora Energy and Environment. Los resultados, que fueron hechos públicos el pasado 16 de agosto,  mostraron que se afectó el sustrato del suelo marítimo en un área de 10.200 metros cuadradosy aconsejó hacer seguimiento al caso para ver si el carbón que quedó impregnado en el sustrato se ha desplazado a otros lugares.

Aunque los resultados del estudio fueron más benévolos de lo esperado, esto no evitó que lña Sala de Consulta y Servicio le diera pase verde a la Dimar y la Anla argumentando que  cada una cumple funciones distintas y ni castigarán la misma infracción ni aplicarán sanciones iguales.

Esta nueva disputa legal y la sanción que de ella surja, que se espera sea ejemplar para otras empresas extractoras del país, es solo uno de los  problemas a los uqe se enfrenta la Drummond en los últimos meses.

E l pasado mes de julio  los trabajadores de la empresa se declararon en paro en el departamento del Cesar. Los sindicatos de Sintramienergética, Sintradrummon y Agretritrenes  pedían un alza salarial del  10 por ciento,  mejoras en los servicios de salud y educación  y el reintegro de los trabajadores que fueron despedidos por protestas anteriores. Como respuesta al paro la empresa presentó una oferta final  para firmar una convención colectiva que duraría tres años y que incluye un aumento salarial del 4,5 por ciento para el primer año y el pago de un bono de 7 millones de pesos a cada trabajador.

Esta oferta fue rechazada por los sindicatos por  lo que la multinacional emitió un comunicado el pasado 14 de agosto diciendo que mantendrán una nueva oferta  que incluye el mismo  aumento salarial y un bono de 8.5 millones de pesos hasta el martes 20 de agosto de 2013.

Levantar este paro es de suma importancia ya que como ha dicho el ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo,  tiene un impacto enorme: por cada día de paro dejan de producirse 70.000 toneladas, suma que afectaría los 32 millones de toneladas que tiene previstos la empresa para este año. Así mismo,  dejarían de pagarse millonarias regalías al país.; 1.900 millones por cada día de paro.

Aparte d esto, el presidente y fundador de la Drummond en Alabama, Garry Drummond, se enfrenta a las cortes estadounidenses por complicidad en la desaparición de líderes sindicales colombianos. El número de desparecidos, según estimó el abogado Terry Collingsworth, representante de las víctimas, asciende a 600 personas.

En este caso, que lleva casi una década vigente, la Corte Federal ha fallado a favor de la carbonera dos veces: una en 2007 y otra en 2009 a pesar de que estas demandas estaban impulsadas por de la United Steel Workers of America, una  organziaciópn sindical de Estados Unidos.

Con esta nueva indagación por parte de las entidades colombianas, la  minera tendrá  que prepararse para responder por las consecuencias del derrame  en  la ciénaga y  para sortear todo lo que ya tiene encima.

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