La polémica por la construcción del megaproyecto de vivienda Aquarela, en pleno Centro Histórico de Cartagena, sigue al rojo vivo. La intención de levantar cuatro edificios de 94 metros de altura para 772 apartamentos muy cerca del Castillo San Felipe de Barajas ha causado la indignación de un sector de la ciudadanía cartagenera, e incluso del propio Ministerio de Cultura, que hace unos días instauró una acción popular ante un juez de esa ciudad para que se suspenda inmediatamente bajo el argumento de que se trata de "un atentado contra los bienes culturales de la nación".

A este proceso judicial se sumó este miércoles la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. A través de un oficio dirigido al Juez Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, el Procurador Gilberto Blanco solicita ser incluido como parte demandante en la acción popular instaurada por el Mincultura contra Aquarela. 

Además de apoyar las razones esgrimidas por esa institución, Blanco afirma que la contaminación visual generada por el abuso en el levantamiento de esas edificaciones es un elemento perturbador del espacio público que vulnera el derecho fundamental a un ambiente sano.

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"La ubicación de construcciones urbanas en espacios o proporciones inadecuadas, que obstruyan o perturben la visualización, como es el caso del Proyecto Aquarela Multifamiliar – VIS, genera estrés y desarraigo de la población a su entorno, en la medida en que el ciudadano se ve ‘alterado’ en su cotidianidad, generando una sensación de desagrado o molestia", afirma Blanco.

Así mismo, según el Procurador Delegado lo más grave de todo el asunto es que las más de 3.000 personas que ocuparán los apartamentos representan una carga poblacional adicional para la zona que impactará negativamente la calidad de vida y el bienestar de quienes ya habitan allí.

El funcionario también cuestiona el hecho de que Aquarela se ha vendido como un proyecto de Vivienda de Interés Social, pero las características constructivas llevan a presumir que los verdaderos compradores de los apartamentos serán personas con mayor poder adquisitivo del que poseen las familias vulnerables a las que supuestamente están dirigido.

Para ejemplificar este aspecto, Blanco dice que debido a la altura de las torres que se planean, por ley estas deberán contar con azoteas dispuestas para el despegue y el aterrizaje de helicópteros. Y este hecho, además de ser incompatible con la protección y la conservación del Centro Histórico de la ciudad, no se corresponde con un proyecto de interés social orientado a satisfacer las necesidades de familias de escasos recursos.

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Lo mismo ocurre con los ascensores. La licencia de construcción aprobada por la Curaduría Urbana 1 de Cartagena contempla tres ascensores por edificio. Para la Procuraduría esto hace previsible que el mantenimiento de las máquinas implique un incremento en los gastos de las familias que ocuparán los apartamentos. "Este aspecto resulta preocupante si te tiene en cuenta que la VIS tiene como beneficiarias a familias de escasos recursos económicos, frente a lo cual cabe preguntarse, ¿cuánto pagarán por concepto de administración y/o cuotas extraordinarias?", cuestiona Blanco.

Por todo lo anterior, el Procurador Delegado solicita la expedición de medidas cautelares que suspendan inmediatamente la construcción de Aquarela hasta que se resuelva la controversia. De no adoptarse esta decisión, "también podría generarse un grave perjuicio a las familias que adquieran de buena fe los apartamentos, ya que de prosperar las pretensiones que se invocan en el presente proceso – como se espera-, podrían verse afectados sus derechos, incluso fundamentales, con lo cual se crearía un escenario más difícil y complejo de resolver", concluye Blanco.

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