| 2014/08/01

El agro ‘embejucao’

Con diferentes manifestaciones los indígenas, campesinos, afrocolombianos, pequeños mineros y representantes de otros sectores le pasaron la cuenta de cobro al gobierno nacional por una deuda histórica que reclama mejores condiciones de vida e igualdad. 2013 fue el año del resurgimiento de la movilización rural.

Miles de campesinos han salido a las calle y carreteras a protestar por sus derechos.
Miles de campesinos han salido a las calle y carreteras a protestar por sus derechos.

Hacia 1960, el 50 por ciento de la población total del país vivía en lo que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha llamado “resto” para referirse a las zonas que no corresponden a cabeceras municipales. El último censo, de 2005, daba cuenta de que los habitantes de estas áreas habían disminuido al 24 por ciento, esto es, cerca de 11,3 millones de personas.

Frente a la imposibilidad de definir las zonas no urbanas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en su informe sobre desarrollo rural, manifestó que lo ‘rural’ va más allá de las actividades agropecuarias y lo entiende como una realidad de cuatro componentes: territorio, población, la tierra y un modelo cultural. Con este criterio, afirmó que el 31 por ciento de la población colombiana son habitantes rurales y de ellos, el 64 por ciento, es decir, alrededor de 9,3 millones de personas, están dedicados a actividades del campo.

A esta estadística vale la pena agregar que el 70 por ciento de los alimentos que consumimos los colombianos viene de nuestras áreas rurales. Especialmente de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y Antioquia. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del Dane, en Colombia hay 2.530.000 unidades productoras. Boyacá tiene el mayor número, con el 20,4 por ciento del total. Sin embargo, luego de la apertura económica y la firma de diferentes tratados de libre comercio, la cifra ha disminuido y ha dado paso a un incremento en las importaciones de productos agropecuarios, de alimentos y bebidas.

El balance un año después de que el TLC con Estados Unidos entró en vigencia, por ejemplo, no es del todo positivo. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entre junio de 2011 y marzo de 2012, cuando el acuerdo comercial aún no estaba vigente, las importaciones agrícolas sumaron 1.042.914 toneladas. Un año después, con el TLC en rigor, las importaciones fueron de 1.770.970 toneladas, aumentaron en 70 por ciento.

Enormes cantidades de arroz, leche, carne, soya y productos oleaginosos han ingresado al país y han afectado la producción nacional. Así mismo, según el United States Census Bureau, la venta de productos colombianos a Estados Unidos luego de un año del TLC cayó en 18 por ciento, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria de Colombia.

Estos pactos comerciales han sido una de las razones que desencadenaron la protesta social. En el primer semestre de 2013 el paro de los cafeteros, como respuesta a la millonaria concesión económica del Gobierno, abrió el camino para la expresión de otros sectores agrarios. Se sumaron los campesinos de la región del Catatumbo, luego los mineros informales y para terminar la oleada de reclamos, se convocó al paro agrario del 19 de agosto junto a camioneros y trabajadores de la salud.

Cada uno de estos grupos sufre problemas históricos y de corte estructural que justifican sus malestares. Los campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, por ejemplo, han sido golpeados por una combinación de factores económicos y comerciales. Los habitantes del Catatumbo, por su parte, llevan peleando contra la erradicación de cultivos ilícitos varios años a falta de una presencia del Estado que les dé otra opción de vida.  

Ante el incumplimiento sistemático de los Gobiernos, como lo manifiestan algunos líderes de diferentes organizaciones campesinas, los ocupantes del área rural se organizaron y hoy día se encuentran sentados en diferentes mesas negociando su futuro. Sin embargo, la resistencia y el escepticismo son grandes. No es la primera vez que en el país hay movilizaciones campesinas y que el Estado les incumple. Muchos de ellos aún recuerdan lo que pasó con el Pacto de Chicoral, en 1972, y lo comparan con el actual Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural propuesto por Juan Manuel Santos.

Con estos antecedentes llegar a una acuerdo ha sido complejo. Por eso, las protestas, las marchas y los paros. Pero, luego de 40 años de promesas incumplidas, ¿quiénes son los protagonistas de esta nueva movilización y cuál es la propuesta del actual Gobierno?

Las dignidades

El aumento de la contribución cafetera, la caída en los precios del grano, una compleja situación fitosanitaria producto de la ola invernal motivaron diferentes cartas que los cafeteros le enviaron al presidente Juan Manuel Santos. Sin respuesta alguna comenzaron a reunirse y citar a plantones y marchas. Llamaron la atención y consiguieron promesas incumplidas que llevaron a que en 2013, no solo ellos sino representantes de otros sectores como los paperos, cacaoteros y arrocero,s se unieran en una sola voz, la del Paro Nacional Agrario.

Aunque cada sector tiene realidades diferentes, todos concluyen en que los efectos de los TLC, los abonos, los insumos, los precios de sustentación, la ausencia de una infraestructura de calidad los están perjudicando. Así mismo, afirman que los colombianos se están alimentando con productos extranjeros. Consideran que la seguridad y la soberanía alimentaria de Colombia son frágiles.

Desde las dignidades, para lograr un equilibrio entre bienestar del campo y productividad, es fundamental garantizar las condiciones de producción que les permitan hacer rentable producir y sembrar. Redefinir una política económica y hacer acuerdos para que toda la torta no sea para el extranjero.

La Cumbre Agraria

La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es una alianza de diferentes sectores populares que proponen una reforma integral en los modelos políticos y económicos que rigen en el campo colombiano. Se consolidó durante las movilizaciones masivas que en 2013 comenzaron con las protestas del gremio de los cafeteros. Su punto álgido fue el Paro Nacional Agrario y Popular, en agosto de ese mismo año. En este, grupos indígenas, campesinos, afrocolombianos, pequeños mineros y de otros sectores se congregaron para manifestar su inconformidad con el actual modelo de desarrollo. Este proceso se ha caracterizado por una serie de negociaciones con el gobierno nacional que han sido tildadas por algunas organizaciones de la Cumbre como infructuosas.

En estas presentan ocho ejes principales: mandatos populares en tierra y territorio; derechos políticos de comunidades agrarias; minería con respeto por el medio ambiente; economía étnica y campesina; alternativas y respeto por el uso ancestral de los cultivos de coca, marihuana y amapola; derechos sociales, y paz con justicia social.

En marzo de 2014, la Cumbre Agraria encabezada por 12 organizaciones entre las que se encuentran: Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Organización Nacional Indígena de Colombia, Proceso de Comunidades Negras, Coordinador Nacional Agrario, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocucio´n y Acuerdo, Congreso de los Pueblos, Mesa de Unidad Agraria, Coordinacio´n Movimientos Sociales de Colombia, Coordinacio´n de Movimientos Sociales y Populares, Red de Semillas Libre de Colombia y Federacio´n Nacional, Sindical, Unitaria y Agropecuaria. En el encuentro se planteó una hoja de ruta para la movilización y los mecanismos de una negociación articulada y unitaria.

En la Cumbre, se habla de soberanía alimentaria más que de seguridad. Y para César Jerez, vocero de la Asociacio´n Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), mientras no exista una transformación en el modelo económico actual del país, no tiene sentido hablar de productividad y bienestar en el campo colombiano.

Por su parte, Alberto Lazorna, consejero territorial de la ONIC, dice que los productos de los indígenas están secuestrados. No tienen acceso a vías que les permitan sacar sus cosechas al mercado, así como acceder a otros productos importantes para su manutención. “Hay una economía de sobrevivencia no porque los indígenas sean haraganes, sino por el modelo económico del país. Hay lo de comer el diario”, afirmó.

La Cumbre se ha convertido, entonces, en el vehículo para visibilizar un país que ha estado invisible y agrupar diferentes pensamientos con fines comunes.

 

El pacto del Gobierno

El Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural es un proceso convocado por el gobierno nacional en septiembre de 2013. Surge como respuesta a las masivas protestas que tuvieron lugar en ese año y tiene como objetivo principal la construcción de una política pública del sector agropecuario, en conjunto con las diferentes poblaciones y sectores rurales. Su creación fue ratificada por la firma de siete decretos.

Entre estos se expidieron reglas para la protección de los campesinos ante incrementos injustificados de fertilizantes, plaguicidas y medicamentos veterinarios, y la organización de Sistema de coordinación de actividades públicas y privadas que vela por la participación de todos los sectores involucrados. Algunas organizaciones que conforman la Cumbre Agraria se abstuvieron de participar en el Pacto por considerar que no cumplía sus demandas. Entre estas se encuentran la Mesa Nacional de Unidad Agraria (MUA), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación Nacional de Reservas Campesinas (Anzorc)




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