El glifosato no tiene la bendición de un sector de la iglesia

En el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Sala Plena de la Corte Constitucional se tiene previsto este miércoles iniciar la evaluación de los avances en el cumplimiento de la sentencia T-236 de 2017 que suspendió el uso del glifosato en Colombia. 

A la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos se le dará trámite en cumplimento del fallo de la acción de tutela que fue instaurada por el municipio de Nóvita, en el departamento de Chocó, contra la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Ambiente y Vivienda, así como del Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía Nacional (Dirección Antinarcóticos).

Así mismo, la Corte tramitará la solicitud hecha por el Gobierno nacional de modular la mencionada sentencia, con el fin de retomar la fumigación aérea como estrategia para contrarrestar el auge de hectáreas de coca en el país.

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Ante la posibilidad de que se reanuden las aspersiones aéreas, han surgido voces tanto a favor como en contra. Ni la iglesia católica ha logrado mantenerse ajena en este debate.  

Siete obispos y arzobispos pertenecientes al suroccidente y el Pacífico colombiano mostraron hace unos días su rechazo a la intención del Gobierno nacional de reiniciar las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato, uniéndo su voz de protesta a la de los obispos de la frontera entre Colombia y Ecuador, quienes en junio de este año, en el marco del Encuentro de Pastoral Fronteriza, realizaron un pronunciamiento en que indicaban que "el gobierno debía tener en cuenta que la presencia de estos cultivos era, en muchos casos, consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones", aseguraron en su momento los prelados de las Jurisdicciones Eclesiásticas de Ipiales, Pasto, Tumaco y Mocoa Sibundoy de Colombia, y Tulcán, Ibarra, Sucumbíos y Esmeraldas, de Ecuador. 

Opinión que compartieron, posteriormente, los arzobispos de Cali y Popayán, al igual que los obispos de Palmira, Apartadó, Tumaco, Itsmina e Ipiales, la cual fue expresada a través de un comunicado de prensa "dadas las consecuencias negativas para la vida humana y el medioambiente". 

"Igualmente convocamos a toda la sociedad colombiana a deslindarse de lo ilícito, especialmente de la cultura narcotraficante", recalcaron. 

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Los representantes de la Iglesia reiteraron el llamado al presidente Iván Duque a que se priorice la protección de la vida humana, del medioambiente y la sustitución voluntaria de cultivos, a partir de la exploración de mecanismos complementarios que den una respuesta más integral a esta problemática.  

Frente a la posición de estos obispos, la Conferencia Episcopal, que reúne a todas las arquidiócesis y diócesis del país, no se ha pronunciado. 

El que sí habló fue el gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien hace unos días afirmó que bastaría con la duda para que un Gobierno sensato decidiera mantener prohibido el glifosato y proteger a su población y su territorio. 

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"La fumigación no va a resolver el problema de fondo, ya que la gente repetiría patrones, pues a eso está acostumbrada, es decir, se desplazará hacia otros territorios a sembrar cuando se adelanten las aspersiones aéreas", comentó el mandatario, quien se pregunta ¿cuál es la lógica o el negocio para que el Gobierno nacional insista en el uso del glifosato sobre un territorio como el departamento de Nariño?

La última palabra sobre si se retoman o no las aspersiones aéreas con glifosato la tiene la Corte Constitucional.