Luis Gilberto Murillo, ministro de Medioambiente y Desarrollo Sostenible

Semana Sostenible: ¿Qué es el impuesto al carbono?

Luis Gilberto Murillo: Este impuesto busca reducir las emisiones, al generar un costo adicional sobre el uso de fuentes que expulsan dióxido de carbono, de modo que, en el caso de los combustibles, se incentive la eficiencia energética y el uso de combustibles o fuentes alternativas de energía. Son un instrumento económico reconocido a nivel mundial para reducir las emisiones y ya se aplican en países emergentes como Chile, México y Sudáfrica.

S.S.: ¿Cómo calcularon el cobro para cada combustible?

L.G.M.: La tarifa considera el factor de emisión de dióxido de carbono para cada combustible (kilogramos de CO2), expresado en unidad de volumen por unidad energética (terajulios), de acuerdo con el volumen del combustible (galones) vendido, retirado o importado. Siendo así, son las emisiones por el consumo individual lo que determinó el monto de las tarifas, y no el consumo agregado del país.

Inicialmente, la tarifa por galón de ACPM será de $152, la de gasolina será de $135 y la de Gas Licuado de Petróleo de $95 (adicionalmente, también se gravarán el kerosene, el jet fuel, y el fuel oil). Estas tarifas tendrán un incremento real anual del 1% hasta el 2050.

S.S.: ¿Por qué aseguran que este nuevo cobro es bueno para el país?

L.G.M: No solo se incrementan los recursos de la Nación, sino que se genera una contribución a los compromisos de Colombia frente al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, donde nos comprometimos a reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030.Adicionalmente, hay costos sociales y ambientales como riesgos generados sobre la salud humana, que se evitará gracias al impuesto al carbono. Estas son ganancias de bienestar humano que se conocen como costos socioambientales evitados.

S.S.: ¿De cuánto se espera que sea el recaudo?

L.G.M.: Pese a que el estimado para el  2017 es de cerca de 460.000 millones de pesos, por la forma en que se determinó el ajuste tarifario del impuesto, el valor real de dicho recaudo incrementará progresivamente en un 1% anual. De acuerdo a las proyecciones del DNP, se espera que el recaudo en el año 2030, ascienda a 1.34 billones de pesos. El impacto del impuesto al carbono sobre el crecimiento económico será inferior al 0.01%.

S.S.: ¿Cuáles son los  costos socioambientales  que se evitarán?

L.G.M.: De acuerdo a las estimaciones del Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Costo Social del Carbono de los Estados Unidos (Interagency Working Group on Social Cost of Carbon), el costo social y ambiental de emitir una tonelada de carbono en 2016, es de 38 dólares (precios de 2007), equivalentes a 114.430 pesos colombianos (precios de 2016). Este costo incluye, entre otros factores, los cambios en la productividad agrícola, los riesgos generados sobre la salud humana, y los daños a la propiedad derivados de un mayor riesgo por inundaciones.

A partir de este valor, aplicando el método de transferencia de beneficios, estimamos que el costo social que se evitará gracias al impuesto al carbono, para el período 2017-2030, ascenderá a 712.911 millones de pesos (valor presente), equivalentes a un promedio anual de 50.922 millones.

En general, el análisis costo-beneficio del impuesto arroja resultados positivos desde el primer año de implementación, con un valor presente neto de 12.583 millones para el 2017 y de 265.845 millones para el período 2017-2030.

S.S.: La gente espera que si le van a cobrar más, efectivamente ese cobro beneficie al medioambiente, ¿en cuánto se reducirá la emisión de CO2?

L.G.M.: Tenemos la línea base en aproximadamente 4 millones 300 mil  toneladas, para el período 2017-2030, correspondientes a un promedio anual de 312.115 toneladas. Si bien, esto representa menos del 1% de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París (66.500.000 toneladas en el año 2030), constituye una disminución significativa, cuando se  miran integralmente con los costos sociales y ambientales evitados. Las 4 megatoneladas reducidas a 2030, equivalen a sustituir 490,000 taxis en las cuatro principales ciudades del país por vehículos eléctricos.

S.S.: El precio no será representativo en la disminución de la demanda de combustible, sin embargo, se podría pensar que el sector transporte es quien tendría el mayor impacto.

L.G.M.: El impuesto cubre el 25% de los energéticos que se consumen en Colombia, según datos de 2015. Los combustibles líquidos gravados tan sólo constituyen en promedio un 3% de los combustibles que se usan para generación eléctrica en centrales térmicas, un 15% de los de autogeneración, y menos de un 5% en procesos industriales y 7% en el sector residencial. De este modo, el impacto es moderado en estos sectores.

El impuesto al carbono en los combustibles líquidos facilitará la reconversión del sector transporte hacia modelos de transporte bajos en carbono, porque incentivará el uso de alternativas diferentes al diesel y la gasolina. Todo esto redundará en menor contaminación del aire, lo cual es en especial beneficioso para ciudades como Bogotá y Medellín, que tienen serios problemas de calidad de aire.

A largo plazo, este impuesto también hace más viable el transporte intermodal, como lo es la movilización de carga por vías férreas, las cuales están en rehabilitación, y por el Río Magdalena.

El impuesto al carbono incentivará a que las empresas piensen mejor en la logística de la distribución, para optimizar el uso de combustible, sea en el transporte de alimentos, materias primas, productos para exportación e importaciones. En síntesis, muchas actividades que reducen emisiones son beneficiosas para el país en su conjunto.

S.S.: ¿Qué impactos negativos  puede tener esta medida?

L.G.M.: de acuerdo con la teoría económica, todos los impuestos generan unas pérdidas irrecuperables de eficiencia a la sociedad, que se traducen en una reducción de la utilidad de los consumidores, debido al incremento del precio, y una reducción del beneficio económico de las empresas, debido al incremento de los costos de producción.

De acuerdo a las estimaciones del DNP, el impacto negativo producido por este efecto será inferior al 0.01% del PIB nacional. Para 2017, este costo se estima en 6.527 millones. Pero es algo inevitable.

S.S.: La reforma también  elimina unas exenciones que existían e incorpora otras…   

L.G.M.: a partir de 2018 se eliminan las exenciones de renta a la venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, y a los servicios de ecoturismo certificados por el Ministerio; pero se mantienen e integran exenciones que le permiten al sector privado invertir esos recursos en un desarrollo sostenible que considere fuentes de energía no convencionales, empleando una tasa social de descuento del 12%. Además, se mantienen la exclusión del pago del IVA a los elementos equipos y maquinaria destinados a sistemas de control y mejoramiento ambiental; los elementos importados destinados al control y mejoramiento ambiental, y para la importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero.

Se mantienen los incentivos del impuesto de IVA del 5 % para vehículos eléctricos para servicio público y se adiciona un nuevo beneficio tributario ambiental, que permite descontar hasta el 20% por inversiones en control y mejoramiento ambiental.  El impuesto al carbono también generará beneficios tributarios, pues será deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del costo del bien.

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