El Salado carga el lastre de ser uno de los pueblos insignia de los impactos del conflicto en Colombia.

Entre 1999 y 2001 hubo 42 masacres en la región de Montes de María que dejaron 354 muertos.  De ese número 60 pertenecen a la masacre del corregimiento El Salado que ocurrió entre el 16 y 21 de febrero de 2000.

La masacre fue efectuada por 450 paramilitares que llegaron al pueblo por distintas vías dejando muertos en todas las veredas aledañas. Este acto de violencia, tal vez uno de los más cruentos en la historia de Colombia, es recordado por la sevicia que hubo por parte de los paramilitares al matar a sus víctimas mientras tocaban los instrumentos del pueblo y por la tardía respuesta por parte del gobierno a una masacre que ha sido llamada “la masacre anunciada” porque desde el año anterior, 1999, hubo advertencias–como panfletos que fueron distribuidos en el pueblo en diciembre de 199 anunciando que esas iban a ser las últimas festividades felices– de que iba a suceder.

El Salado, fundado en 1812, se volvió ese día, el 21 de febrero de 2000, un pueblo fantasma; abandonado por sus habitantes que, solo dos años después consideraron gracias a los esfuerzos de Luis Torres, líder comunitario, volver.

Hoy más de 1.200 familias han vuelto al pueblo. Este número, sin embargo, dista de las 7.000 que lo habitaban en 1997.  Y es que volver no es fácil. No solo por los recuerdos, sino por lo alejado que está este corregimiento de la cabecera municipal: El Carmen de Bolívar. 

Una carretera para volver

Los saladeros son agricultores por excelencia. Cultivan yuca–principal alimento de los habitantes de Montes de María– ajonjolí, ñame y maíz. Antes de la masacre El Salado era considerado la capital tabacalera de la costa caribe. Ahora sigue siendo una actividad común, pero no es el principal sustento del pueblo. Uno de los mayores problemas al que se han enfrentado los saladeros desde siempre es lo difícil que es llegar hasta el pueblo. 

Aparte de los senderos veredales, que se entremezclan con el monte, la única vía de acceso es la que va desde El Carmen de Bolívar hasta El Salado, un camino compuesto por 19 kilómetros de una trocha sinuosa difícil de transitar en época seca e intransitable en época de lluvias. 

Por décadas los saladeros han visto como sus cultivos se dañan porque no pueden llevarlos hasta el mercado de El Carmen. Hace algunos años recorrer este camino era posible solo para los jeeps de carpa. La situación era tan precaria que muchas veces los conductores y sus acompañantes tenían que dormir en el camino. En 2013 comenzó a mejorar esta realidad cuando se instaló placa huella en los tramos más difíciles. Sin embargo, esto distaba de ser una solución duradera. 

Un año después llegó la solución a este problema en cabeza del Grupo Argos que pavimentará 14 kilómetros de esta vía con lo que asegura que los saladeros podrán llegar a la troncal de la costa sin ningún problema y en menos de 30 minutos. La inversión que hará la cementera se aproxima, según su presidente José Alberto Vélez, a los 7.210 millones de pesos. 

Esta construcción será hecha en concreto rígida y se espera que esté terminada para finales de 2015.  La donación de Grupo, explicó Vélez, está enmarcada en la campaña Soy Capaz que ha unido a más de 120 empresas para cumplir un objetivo: mostrar que el país está listo para asumir lo que implica un posible futuro en paz. 

Para los saladeros este es un paso gigante ya que no solo implica la posibilidad de sacar sus cultivos, acceder a centros de salud y a posibilidades de formación, sino también, como lo explicó Luis Torres, líder comunitario y parte de los trabajadores de la Fundación Semana, la posibilidad de que muchos habitantes que todavía no lo han hecho vuelvan al pueblo. 

El sueño de El Salado

Para Luis Torres, quien hizo un censo en 2000 para coordinar el retorno al pueblo, aparte de la carretera lo que más le hace falta El Salado es atención psicosocial. Para él “este momento, el del posconflicto, es el momento justo para hacer muchas cosas. Parar reconstruir lo que fue destruido”.

Al preguntarle con qué sueña para El Salado en el futuro dice que sueña con que “que El Salado vuelva a ser como antes o mejor. Que respeten nuestra autonomía. Y que todo lo que conlleva este proceso de reconstrucción se dé desde la región. El Salado está en la región del os Montes María y aquí hay un rosario de víctimas y de desplazamiento forzoso y todas las personas de esta región se merecen un trato igual al que recibió El Salado”.

Al final, él cree que todos los saladeros quieren dejar de cargar en sus hombros con las marcas del conflicto, que más iniciativas lleguen y que la vida del pueblo pueda seguir.

Un laboratorio de paz

Aparte de la carretera de El Salado Argos anunció hace poco que hará una inversión de 43.000 millones para constituir una fundación una fundación independiente sin ánimo de lucro, dedicada a proyectos de desarrollo rural para el posconflicto en El Carmen de Bolívar.

Argos entregará 6.600 hectáreas de tierra en la región de los Montes de María, para la creación de un laboratorio de paz en el marco del posconflicto. Estas 6.600 hectáreas representan la totalidad de las tierras de Argos en los municipios El Carmen de Bolívar y Ovejas, y fueron adquiridas originalmente por la compañía desde 2009 para el desarrollo de proyectos forestales.

La Fundación se llamará Fundación crecer en paz y su principal objetivo es ser un aporte “para el futuro del agro y la generación de condiciones de paz en Colombia, puesto que permitirá explorar modelos económicos de convivencia entre la pequeña economía campesina y proyectos agroindustriales”, según indicó José Alberto Vélez. 

Para aprovechar el trabajo ya hecho en El Salado la fundación tendrá una junta directiva de primer nivel, integrada por personas de reconocida experiencia y prestigio, tales como Soraya Montoya (Directora de la Fundación Saldarriaga Concha), Roberto Pizarro (Director de la Fundación Carvajal), Roxana Segovia (Directora de la Seccional Cartagena de la Universidad JorgeTadeo Lozano), Martín Carrisoza (firma legal Prietocarrizosa) y Alexandra Guáqueta (experta en posconflicto, empresa y derechos humanos). Además tendrá la asesoría permanente del Padre Francisco De Roux.

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