Santos con su fórmula vicepresidencial, Germán Vargas Lleras, y sus familias el día de su reelección.

La semana previa a las elecciones estuvo llena de movimiento. Día tras día se dieron a conocer  nuevas adhesiones a la campaña del presidente Santos. Lo hicieron Antanas Mockus, su rival en las presidenciales de 2010, y Clara López, quien lo fue en mayo pasado. Del mismo modo, la casi totalidad de los columnistas del país expresaron su apoyo a la continuidad del Gobierno en la búsqueda de una paz negociada. Pero no solo los líderes de opinión tomaron partido. De manera sorpresiva, las 44 organizaciones indígenas del país y cerca de 80 grupos de ambientalistas hicieron público su apoyo a la reelección. Los chamanes de las comunidades ancestrales además realizaron una jornada espiritual a favor de las negociaciones en La Habana. Aunque el gobierno de Santos no ha tenido como prioridad la agenda del desarrollo sostenible, quienes enarbolan esta bandera defendieron la reelección con ahínco. ¿Por qué?

Juan Pablo Ruiz, economista experto en temas de desarrollo, dio una de las explicaciones.  “Como ambientalista voté por Santos no porque esté satisfecho con lo que hizo en términos ambientales durante sus primeros cuatro años de gobierno, sino por las amenazas y el retroceso que para los ambientalistas significaba que Óscar Iván Zuluaga y el uribismo subieran al poder”, dijo en una columna. Ruiz tiene cierta razón. El Atlas de Justicia Ambiental, un estudio financiado por la Unión Europea, ubicó a Colombia en el segundo lugar entre los países con más conflictos ambientales en el mundo. El 63 por ciento de estos fueron creados en el gobierno de Álvaro Uribe.

Uno de los logros del gobierno de la Seguridad Democrática fue aumentar la inversión extranjera, lo que el expresidente llamó en su momento confianza inversionista. Gracias a la mejoría en la seguridad y a la estabilidad jurídica, sumada a algunos beneficios tributarios, la industria extractiva creció en Colombia. Sin embargo, ese crecimiento tuvo sus repercusiones. En esos ocho años, por ejemplo, los títulos mineros en el país aumentaron de 2.000 a 8.000. Muchos de estos se otorgaron en los mayores refugios de biodiversidad del país: parques naturales, humedales y páramos. Casos como el de la GreyStar en Santurbán y Cosigo en el parque Apaporis, dos lugares en los que hay  acuerdos para limitar las posibilidades de la minería, no se han podido resolver aún a favor de estos ecosistemas estratégicos. El anuncio de Zuluaga en un debate de la Universidad de los Andes de que abriría los parques y los resguardos indígenas a actividades productivas generó grandes temores en ese sentido.

Santos hizo un alto en el camino, pero no ha podido solucionar esa realidad. Durante más de dos años el presidente cerró la ventanilla de títulos para poder reorganizar internamente la política minera. Pero es poco lo que ha podido hacer por los que ya habían sido otorgados. Su principal tarea para lograrlo, que era delimitar los ecosistemas que tienen que ser protegidos, ha avanzado, pero no al ritmo que se necesita y aún existen muchas dudas de que la conservación de estos lugares sea una prioridad del Gobierno. El caso de Santurbán es el más emblemático. Dos años después de que miles de bumangueses salieron a defender el páramo de los santandereanos, todavía no ha salido esa delimitación. El Ministerio de Ambiente la anunció a finales del año pasado, pero dijo que no la haría oficial hasta que se cambie la ley que no permite la agricultura en los páramos, de modo que quienes viven en esos territorios no pierdan su sustento diario. Aunque esto tiene cierta lógica, en la práctica una reforma legislativa no solo es muy demorada, sino muy difícil; la única alternativa fácil es que vuelva a quedar en la ley del Plan Nacional del Desarrollo

Otro elemento que jugó a favor de Santos fue el Ministerio de Ambiente. Aunque el presidente no le dio el estatus y la importancia que este merecía en un gobierno que decidió apostarle a una locomotora minera y otra agrícola, su sola creación le hizo ganar puntos entre los “verdes”. Muchos expertos atribuyen los problemas ambientales del país a la debilidad de la institucionalidad ambiental. El presidente Álvaro Uribe fusionó el Ministerio de Ambiente con el de Vivienda y una de las promesas de campaña de Santos hace cuatro años, que cumplió apenas se posesionó, fue volver a separarlos. Zuluaga, por el contrario, proponía fusionarlos para crear un ministerio del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, al presidente le critican haber tenido cuatro ministros de Ambiente en cuatro años, tres de ellos (Beatriz Uribe, Frank Pearl y Juan Gabriel Uribe) totalmente ajenos al sector ambiental, los dos últimos concentrados durante su gestión en el proceso de paz.

Como ha dicho el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, el balance de la política ambiental de Santos es bastante “gris”. Colombia ha perdido puntos en muchos ranking internacionales de este tema que antes lideraba. En el índice de manejo ambiental de la Universidad de Yale con Columbia, pasó del puesto 17 en 2010 al 85 en 2014. Y en otros estudios tampoco le ha ido bien. Hoy es el primer emisor de mercurio de América, según Naciones Unidas. Uno reciente, financiado por Usaid, alertó que en 2030 una quinta parte de la Amazonia colombiana desaparecerá, y otro del Ideam sostiene que en 30 años el país perderá todos sus nevados. Por otro lado, hace unas semanas un informe de la Contraloría sobre el estado de los recursos naturales en el país alertó en el sentido de que la precariedad de la política ambiental estaba poniendo en peligro la disponibilidad de agua para los colombianos.

Rodríguez explicó de otra manera el voto de los ambientalistas por el presidente: “Claro que la política ambiental de Santos ha sido mucho menos mala que la desastrosa de los ocho años de Uribe. Pero es imperativo corregirla”. Algo similar expresó Martin von Hildebrand, experto en Amazonia y director de la Fundación  Gaia, quien destacó el trabajo del Gobierno en la ampliación de los parques naturales como Chiribiquete, en el corazón del Amazonas. Hildebrand adhirió a la campaña días antes de la elección, pues cree que el medio ambiente debe ser un punto estructural una vez se consolide la paz. Muchos creen que los enormes retos que traerá el posconflicto se podrán apalancar en la idea de un país que le apueste a su riqueza natural. Incluso se ha hablado de que los planes de desmovilización se pueden encaminar a ese fin.

En su discurso de victoria, el presidente dijo que en su segundo gobierno “reformaremos lo que haya que reformar”. Muchos ambientalistas esperan que al tema verde le aplique esa fórmula.

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