Este abogado español que ha estado vinculado a América Latina por más de 25 años, cierra uno de los procesos más importantes para la paz de la región.

Semana Sostenible: ¿Cómo termina un madrileño jugando un papel tan relevante en el proceso de paz?

Enrique Santiago: Llevo 25 años trabajando temas de derechos humanos relacionados con Colombia. Cuando se inició el proceso exploratorio (2012), las Farc solicitaron a organizaciones humanitarias los perfiles de algunos asesores. En ese momento estaba vinculado a “Colombianos y colombianas por la paz”, y es Piedad Córdoba quien me propone. Allí entre varias propuestas ellos me seleccionan a mí.

Semana Sostenible: Usted como abogado ha tenido vinculación con América Latina, al menos con dos casos muy importantes: el caso de la Dictadura argentina, y en el procesamiento de  Augusto Pinochet. ¿Qué otros asuntos lo han ligado a la región?

Enrique Santiago: He llevado asuntos penales internacionales relacionados con el golpe de estado a Manuel Zelaya en Honduras. También, tuve la ocasión de defender a Hugo Chávez cuando le pusieron una querella en la audiencia nacional española, acusándolo de crímenes de lesa humanidad, a consecuencia del golpe de estado en el año 2002.

Son muchos años trabajando en temas relacionados por ejemplo con refugiados y exiliados latinoamericanos. Y concretamente en Colombia, llevo trabajando de forma ininterrumpida desde 1991 en temas de derechos humanos, de atención a refugiados y procedimientos penales por crímenes internacionales.

Semana Sostenible: Tras más de 50 años de conflicto armado, puede haber aún incredulidad sobre el acuerdo de paz ¿Por qué ahora sí? ¿Qué ha cambiado, en tu criterio, para hacer posible este acuerdo?

Enrique Santiago: Lo primero que ha cambiado es la situación regional, política y los procesos de integración en América del Sur. El surgimiento a finales del siglo XX, principios del XXI de todo un amplio movimiento de construcción de la patria grande latinoamericana, los procesos de integración económico y social que han dado lugar a UNASUR y la La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Son todos procesos en los cuales la existencia del conflicto armado en Colombia distorsionaba la conclusión positiva y el surgimiento de un gran polo de referencia que pudiera realmente ejercer su soberanía respecto a la injerencia de los Estados Unidos. Yo creo que eso las Farc lo han entendido muy bien. Y han entendido que era un momento de incrementar la acción política, no empezarla porque siempre han hecho acción política, pero incrementar la acción política y acabar con cualquier excusa que permitiera la presencia de un número muy importante de bases militares estadounidenses en Colombia. Es decir acabar con el conflicto armado siempre y cuando se garantizaran unas condiciones mínimas de reformas políticas y sociales que permitieran abordar las causas fundamentales del conflicto.

Por otra parte también ha habido un cambio muy importante en la correlación de fuerzas del establecimiento colombiano, de la oligarquía colombiana. Yo creo que ha habido una seria división en los últimos años de la oligarquía colombiana entre los sectores de la oligarquía rurales, terratenientes y ganaderos y por otro lado, los sectores de la oligarquía más financieros, industriales, urbanos, vinculados a un mundo más globalizado.  Para los primeros, para la oligarquía rural, la guerra es el negocio, es la forma de apropiación de la tierra, de forma gratuita a través de la violencia y el desplazamiento. Para los segundos, en un mundo globalizado, la guerra se ha convertido en un elemento que impide hacer negocio porque ahuyenta las inversiones extranjeras y limita mucho el acceso a recursos naturales y explotación de recursos naturales. Esa división en el bloque dominante en Colombia, en la oligarquía ha sido muy importante a la hora de crear una mayoría social y política crítica capaz de llevar adelante el proceso de paz.

Semana Sostenible: La paz en muchas ocasiones es producto de la derrota de una de las partes en conflicto, y otra del convencimiento de las partes implicadas de que están en un callejón sin salida ¿Es este el caso de Colombia?

Enrique Santiago: El proceso empezó con una posición del Gobierno de pretender alcanzar una derrota que no habían conseguido en el campo de batalla. Eso sin duda dificultó el avance del proceso durante los dos primeros años. Cuando el Gobierno se convenció de que eso era imposible, la conclusión fue que ninguna de las partes había conseguido la victoria militar, ni la iba a conseguir. En eso además ayudaron mucho los militares que había en la delegación del Gobierno, quizá los más realistas por conocer esos 50 años de enfrentamiento y conocer las limitaciones del ejército más poderoso de América Latina, pero que ha sido incapaz con toda la ayuda norteamericana, de acabar con una guerrilla campesina  muy arraigada.

Al final del proceso, los últimos seis meses han sido realmente un proceso donde las partes han trabajado conjuntamente. Ya no como adversarios, sino en un proyecto común de construcción de paz, al margen por supuesto de las diferencias políticas de cada uno. Y quizás eso sea la mejor garantía de que el acuerdo tiene visos de ser cumplido, porque realmente lo difícil no es construir el acuerdo, que no ha sido sencillo, sino después cumplirlo, implementarlo y construir la paz. Pero ese ánimo de trabajar conjuntamente por los intereses del país, sitúa muy buenas perspectivas de la consolidación de la paz, de implementación de los acuerdos, de reconciliación y de construcción de confianza. 

Semana Sostenible: Una de las cosas que preocupa en el pueblo es que los acuerdos impliquen un grado de impunidad ¿cree que este acuerdo será capaz de cerrar las heridas abiertas y que aún sangran?

Enrique Santiago: La impunidad es la falta de acción de persecución por el Estado, para conocer, para perseguir y sancionar los graves crímenes que se hayan cometido en el conflicto. La impunidad es la negativa a reconocer y conocer la verdad. En ese sentido, el sistema que se ha construido es un sistema técnicamente complejo, porque la situación a resolver era compleja, pero es un sistema construido sobre el ofrecimiento de verdad. Mientras más verdad haya, habrá sanciones, con lo cual el Estado cumplirá su obligación de perseguir y sancionar, pero serán sanciones de tipo restaurativo. Es decir, sanciones que no tanto busquen el mero castigo al victimario, sino reparar por este el daño causado. Porque un grave problema en la finalización de los conflictos armados es que los acuerdos de paz o las sanciones retributivas no consiguen sacar de la exclusión social a las víctimas. A quienes el conflicto además les ha provocado una situación de pobreza y de exclusión social.

Lo que se trata ahora es que los victimarios se apliquen a realizar un trabajo de cumplimiento de sanciones restaurativas, que hagan efectiva la salida de situaciones de exclusión social de las víctimas del conflicto. Desgraciadamente, aún hay mucha percepción del derecho penal como un derecho medieval, donde parece ser que la no impunidad equivale a sanciones de cárcel. Esto ni mucho menos es así, la sanción no tiene que ser sanción de cárcel cuando la cárcel no sirve absolutamente para nada, ni a las víctimas ni al victimario.  Y ese quizás es el modelo diferenciado que se ha impuesto aquí. En ese sentido impunidad no va a haber porque se van a perseguir todas las violaciones de los derechos humanos y todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario se van a sancionar. Aquellos que no estén dispuestos a reconocer verdad y a reparar el daño causado, se enfrentarán a sanciones de cárcel, retributivas, que desgraciadamente no repararán el daño, pero sí que harán que cumpla la obligación de las sociedades de castigar a los victimarios. Impunidad no va a haber.

Semana Sostenible: ¿Qué diría a quienes aún están dudando qué opción tomar en el plebiscito?

Enrique Santiago: Que piensen en sus hijos, que piensen en un nuevo país y que piensen que la paz solo trae beneficios. No existe ningún prejuicio que pueda traer la paz.

Colombia ha estado gastando mensualmente 22.000 millones de pesos en la guerra durante 52 años. Este dinero aplicado a programas sociales, construcción de infraestructura, a la mejora de las condiciones de vida pueden situar a Colombia entre los países más avanzados de América del Sur. Y la posibilidad de acabar con un conflicto de 52 años y que desaparezca la violencia de las formas de hacer política en Colombia no se presenta todos los días. Esto es una ocasión única. En caso de que el plebiscito saliera que no, todo este trabajo que se ha hecho durante estos más de cuatro años; los cuatro años de negociación pública más los dos años de exploratorio pues se tirarían y se volvería una guerra que volvería a estar empantanada en diez años. Es decir, el ‘no’ en el plebiscito significaría probablemente otras 200 mil víctimas más hasta que volvieran a negociar nuevamente las partes en la mesa de conversaciones.

Semana Sostenible: Para finalizar, ¿Qué sigue para Enrique Santiago después del 2 de octubre?

Enrique Santiago: Después del 2 de octubre viene la implementación con un calendario muy estricto, de aprobación de leyes, de reformas constitucionales y la puesta en marcha de políticas de pedagogía que realmente hagan que llegue la reconciliación. Que desaparezca lo que ha sido hasta ahora la criminalización del adversario, que desaparezca la propaganda de guerra y sobre todo, que se acabe con las causas que motivaron la rebelión campesina. Las causas estructurales de inequidad, de diferencias entre el campo y la ciudad, las dificultades de los campesinos de poder acceder a la tierra en un país con inmensos territorios todavía no explotados y que desaparezca la desigualdad que convierte a Colombia en uno de los países más inequitativos de todo el mundo.

Semana Sostenible: Una preocupación más, es cómo interpretar la no participación del ELN y las Bacrim en la mesas de negociación ¿podría considerarse incompleta la negociación? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

Enrique Santiago: Este proceso va a ser determinante en eso, probablemente lo que vamos a ver ahora es una aceleración del proceso de conversaciones con el ELN. Y respecto a las Bacrim atendiendo al programa y de acuerdo muy detallado y muy estricto que combate a las organizaciones paramilitares, esas medidas tienen que dar un resultado y no me extrañaría que además estimulara políticas de sometimiento de las Bacrim, de rendición ante el Estado.

De manera que el Estado, asuma por primera vez en un siglo el monopolio del uso de la fuerza y las armas de forma legítima. Yo creo que ahí va a haber cambios importantes y desde luego en el acuerdo están creadas las condiciones para que haya un combate eficaz contra el fenómeno estructural del paramilitarismo. No solamente contra sus combatientes, sino contra aquellos que lo han organizado, que lo han financiado y que lo han mantenido, y que hasta ahora han sido relatados de impunidad en este país. Porque lo que nadie puede decir es que los grupos guerrilleros han disfrutado de impunidad, han sido perseguidos. Eso lo dice por ejemplo la Corte Penal Internacional en su último informe sobre Colombia. Esos sectores que han disfrutado de la impunidad se verán afectados con las medidas de combate al paramilitarismo, así se acabará con esa ilegalidad y el resultado será, esperemos, la desaparición de esos grupos paramilitares.

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