El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) nació en el 2003 como respuesta a la fusión del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat), el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA). Sin embargo, la vida de la entidad fue corta debido a múltiples denuncias por corrupción y malos manejos, que finalmente llevaron a que el presidente Juan Manuel Santos decidiera liquidarlo en diciembre de 2015.

Para hacerlo se estableció un año de plazo y el 6 de diciembre pasado Mauro Palta Cerón, el gerente que estuvo a la cabeza de esa tarea, anunció que lo encomendado se cumplió a tiempo. Semana Sostenible habló con él acerca de su labor, los hallazgos que encontró y las diferencias que existen con las liquidaciones de otras entidades, que por lo general pasan de prórroga en prórroga.

Semana Sostenible: ¿Qué debía hacer en su rol como liquidador?

Mauro Palta Cerón: Mi principal actividad era salvaguardar los archivos documentales de la entidad, los cuales se constituyeron en la columna vertebral de este proceso. Desde la etapa previa a la liquidación (finales de noviembre), hicimos un operativo en conjunto con Presidencia de la República, Procuraduría, Policía Nacional y Ministerio de Agricultura, con el fin de recuperar los expedientes a nivel territorial para traerlos a Bogotá y guardarlos en una bodega secreta y segura.

Adicionalmente, debía entregar los bienes que administraba el Incoder: distritos de riego, proyectos productivos, fondo nacional agrario y los baldíos sobre los cuales ya se tuviera información (sin importar el estado en que estuvieran).

La liquidación tenía como propósito entregar todo a dos de las tres nuevas agencias que se crearon. En primer lugar a la Agencia Nacional de Tierras que se encarga de la administración de baldíos, del Fondo Nacional Agrario, de la ampliación de resguardos indígenas y consejos comunitarios y de la compra de predios para campesinos, afros, e indígenas. Y en segundo lugar a la Agencia de Desarrollo Rural encargada de la administración de distritos de riego y proyectos productivos.

S.S.: ¿Hubo corrupción en el Incoder?

M.P.C.: El Incoder como muchas entidades del Estado tuvo problemas de corrupción y ese fue el factor principal para que el presidente ordenara su supresión y liquidación. En el proceso liquidatorio identificamos qué estaba mal para recomponerlo. Se lograron presentar las denuncias y abrir las investigaciones disciplinarias pertinentes dentro de nuestra competencia.

S.S.: ¿En términos financieros cómo encontró la entidad y cómo la deja?

M.P.C.: Encontramos una entidad que por falta de presupuesto no pudo cumplir algunas obligaciones. Por ejemplo, heredamos 20.000 millones de pesos para pago de sentencias.

De las reclamaciones que nos presentaron reconocimos 900 millones de pesos. Lo grave era que solo 70 personas pretendían obtener de la entidad cerca de 93.000 millones.

S.S.: ¿Cuánto dinero se gastó en la liquidación y cuánto dinero se ahorró?

M.P.C.: En términos generales el Incoder gastó en el año 2015 aproximadamente 96.000 millones de pesos en personal y 10.000 millones en gastos generales. Este año, en la liquidación, tuvimos un gasto de 32.000 millones en personal y 5.000 en gastos generales. Es decir, hubo un ahorro aproximado de 69.000 millones en el 2016.

S.S.: ¿De la intervención se desprenderán investigaciones?

M.P.C.: Se abrieron más de 30 investigaciones disciplinarias a funcionarios de todo tipo y se remitieron a Procuraduría muchas de ellas cuando no se tenía la competencia para investigarlas internamente. Se atendieron más de 300 quejas y unas 40 se remitieron a las tres agencias creadas.

S.S.: ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó?

M.P.C.: El tiempo y los empalmes con las entidades nuevas, porque casi todo el personal era nuevo. No es nada fácil arrancar de ceros.

Tuvimos que cerrar 32 direcciones territoriales y eso es difícil cuando se tienen funcionarios con fuero sindical. Pero logramos afrontar todo esto y sacamos la liquidación en un tiempo récord de un año, algo que no se había visto en el sector de la agricultura. Hicimos una liquidación seria, responsable y honesta.

S.S.: ¿Qué diferencias encuentra entre esta liquidación y la de la Dirección Nacional de Estupefacientes, donde usted también participó?

M.P.C.: Yo participé como uno de los funcionarios colaboradores de María Mercedes Perry, la liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Tuvimos la administración del fisco durante tres años y luego nos indicaron que debíamos entregar todo a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En el caso del Incoder el decreto estableció que la Agencia Nacional de Tierras y la de Desarrollo Rural asumirían la misión del Incoder después de dos meses de decretarse la liquidación. Esto implicó que automáticamente se activaran los protocolos para hacer los empalmes y que la entidad entrara en una etapa exclusiva de liquidación. La principal diferencia es que las otras liquidaciones quedaban con funciones misionales durante un tiempo más largo.

S.S.: ¿Por qué las liquidaciones no finalizan en los plazos pactados?

M.P.C.: Cuando llega el momento de liquidar logras identificar problemas que no se han resuelto en muchos años. Es un trabajo absolutamente complejo y que implica exponer todos los días una responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. Hay que tener bastante coraje para medírsele a esa labor. La duración depende del grado de problemas y cómo se asuman.

S.S.: En cifras, ¿cómo está el tema de solicitudes de baldíos?

M.P.C.: Dejamos de adjudicar baldíos a particulares como respuesta a la sentencia T488 de 2014. Se debía dar una matrícula inmobiliaria a cada baldío y eso no era tarea fácil porque en la práctica hacer el estudio de títulos de un predio que tenga 100 años implica irse hasta el principio para identificar si originalmente era privado o de la nación. Esa demora es lógica y por eso mismo los baldíos se fueron acumulando en virtud de esa sentencia.

Luego llega la liquidación y ahí se suprime la función de iniciar nuevos procesos de adjudicación. Lo que hicimos fue continuar con los que inicialmente teníamos, resolvimos algunos y una vez liquidada la entidad ya se perdió esa competencia.

S.S.: ¿Qué información le entregó a las tres agencias que se crearon para reemplazar al Incoder?

M.P.C.: A la Agencia para el Desarrollo Rural se le entregaron 1184 proyectos productivos a nivel nacional y la administración y propiedad de 83 distritos de riego, tres de los cuales son de gran impacto y están próximos a concluirse (Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia-Paicol).

A la Agencia Nacional de Tierras le entregamos 4.200 bienes del Fondo Nacional Agrario, los aplicativos con los que se administraban los baldíos y 31.000 cajas con información en materia de tierras. A la Agencia de Renovación de Territorio no le hicimos entrega porque la competencia del Incoder no aplica allí. También entregamos el mobiliario, sedes físicas, vehículos y papelería.

S.S.: ¿Qué lecciones le deja esta intervención?

M.P.C.: Fue un proceso con un sacrificio familiar importante y una gran apuesta por demostrarle al país que todavía existen funcionarios competentes, que no somos corruptos y que queremos hacerle un aporte a la paz y a la sociedad.

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