Guillermo Rudas, Rodrigo Negrete, Julio Fierro, Luis Alvaro Pardo, Fernando Vargas y Mauricio Cabrera.

El pasado domingo 26 de octubre el reconocido columnista Ramiro Bejarano, publicó una columna en el periódico El Espectador un texto titulado ‘ambientalistas extremos’, en esta se hacía una fuerte crítica a los ambientalistas y a los supuestos escollos que estos han significado para la expedición de las llamadas ‘licencias exprés’. (Vea: ¿Desarrollo Sostenible Exprés?)

La columna, que inicialmente llevó a un cruce de argumentos entre el exministro de Medio ambiente Manuel Rodriguez y el columnista, se convirtió en un hecho que incluso llevó a los dos personajes a debatir en el reconocido programa Hora 20 de Caracol Radio. (escuche aquí el audio)

Sin embargo, la historia tomó un nuevo rumbo porque varios ambientalistas que se sintieron ofendidos por la publicación decidieron sentar una protesta formal ante el diario. 

A través de una carta dirigida a su director Fidel Cano, exigen un llamado de atención al columnista por “comprometer la ética que también debe observar, al no hacer públicos sus intereses familiares cuando expresa opiniones en un debate que debe continuar con la altura que este asunto amerita”. 

Esta supuesta falta de ética, según los firmantes de la misiva, obedece a que Bejarano no señaló el conflicto de intereses que tiene debido que su esposa Margarita Ricaurte es asesora legal de distintas multinacionales mineras. “Es evidente en la columna de marras la frustración del autor, igual a lo que reiteradamente expresa la señora Ricaurte, por la no aprobación de las licencias ambientales a tres meses”, dice la carta.

En la misiva también se señalan las inconsistencias en la argumentación del periodista que según los firmantes, “contiene opiniones que ya han sido refutadas por estudios fundamentados sobre el sector y sus empresas”.

También, hay una crítica porque la columna, “cae en extremismos que ofenden a comunidades, organizaciones sociales, académicos, investigadores y congresistas, alentado el odio y la violencia en las zonas de influencia minera, y satanizando el derecho de los ciudadanos a defender lo público”. 

La carta fue firmada por Luis Alvaro Pardo, Julio Fierro Morales, Rodrigo E. Negrete Montes, Fernando Vargas Valencia, Mauricio Cabrera Leal y Guillermo Rudas Lleras. Todos ellos pertenecientes a un grupo interdisciplinario de la Contraloría General que revisa minuciosamente lo que ocurre con el sector minero en Colombia.

Ante esto El Espectador optó por publicar la misiva en la sección Cartas de los lectores. Una copia de la misma fue dirigida a la Sociedad Interamericana de Prensa, en una clara demostración de que para los ambientalistas es necesario que se dé debate transparente y de altura sobre un tema espinoso y que seguramente seguirá dando más  polémicas.

Esta es la carta en su totalidad:

Bogotá, octubre 28 de 2014.

Señor

FIDEL CANO CORREA
Director
DIARIO EL ESPECTADOR
Ciudad
Estimado Director:

En la edición de El Espectador del domingo 26 de octubre del año en curso, el señor Ramiro Bejarano publicó en las páginas 76 y 77 una columna titulada “Ambientalistas extremos”, la cual, además de ofensiva e irrespetuosa para con los colombianos que tenemos posiciones críticas respecto al modelo minero vigente, refleja las mismas opiniones que su esposa y abogada minera, Margarita Ricaurte, ha expresado en diferentes foros públicos.

La señora Ricaurte es ampliamente conocida por su propuesta para modificar el Código de Minas en el gobierno de Ernesto Samper y desde entonces como asesora legal de multinacionales mineras que operan en el país. Si bien ella tiene derecho de opinar libremente y su actividad profesional es legítima, el hecho es que su esposo utilizó el espacio editorial que El Espectador le concede para defender negocios familiares, pisando terrenos que lindan con falta a la ética al no informar al lector sobre esos nexos.

La columna contiene opiniones que ya han sido refutadas por estudios fundamentados sobre el sector y sus empresas, los cuales no son del caso comentar en esta breve misiva, y cae en extremismos que ofenden a comunidades, organizaciones sociales, académicos, investigadores y congresistas, alentado el odio y la violencia en las zonas de influencia minera, y satanizando el derecho de los ciudadanos a defender lo público.

Frente a esto, no debe perderse de vista que la Corte Constitucional (Sentencia T-025/04) y recientemente el Tribunal Superior de Antioquia -Sala de Restitución de Tierras- en el caso del Resguardo del Alto Andágueda reconoce expresamente que la minería es una causa subyacente del conflicto.

Es evidente en la columna de marras la frustración del autor, igual a lo que reiteradamente expresa la señora Ricaurte, por la no aprobación de las licencias ambientales a tres meses, trámite en su concepto inocuo y banal, y lamenta que la mitad del territorio nacional tenga restricciones para adelantar proyectos mineros, aunque desconoce los procedimientos para el establecimiento de las áreas protegidas. Aun así, de manera facilista e irresponsable, llama ambientalistas extremos a quienes tienen otras opiniones, igualmente respetables, y los acusa del subdesarrollo y del desabastecimiento energético del país.

A lo sumo, a los ambientalistas extremos se les puede acusar de solicitar al Estado que cumpla con sus fines esenciales, entre ellos el deber de proteger los ecosistemas estratégicos, como los páramos y humedales, ordenar ambientalmente el territorio, respetar los intereses locales, el derecho fundamental a la participación y requerir la aplicación del principio constitucional de precaución, como bien lo rescata el editorial de El Espectador del día 27 de octubre de 2014 en el caso de Sao Paulo, Brasil, un estado rico a punto de quedarse sin agua, y que entre otras cosas recoge lo que ha señalado de manera reiterativa la Corte Constitucional en diferentes fallos, como las Sentencias C-293 y 339 de 2002.

Señor Cano, entendemos que los espacios editoriales deben utilizarse para que personas de diferentes vertientes ideológicas expongan sus puntos de vista, aporten al conocimiento y promuevan el debate abierto y respetuoso.

Lamentablemente, en el debate sobre la política minera y sus consecuencias sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad intervienen algunos columnistas con intereses directos o indirectos en la industria minera y desde sus espacios se empeñan en desviar la atención de los temas fundamentales de discusión, a desinformar y a hacer creer a la opinión pública que su interés particular es el mismo interés de los 48 millones de colombianos que habitamos este país.

Este es el caso del señor Ramiro Bejarano y de otros columnistas, en otros medios de comunicación, que camuflan en sus escritos sus verdaderos intereses. Lo invitamos, señor Director, a llamar la atención del columnista mencionado sobre el riesgo de comprometer la ética que también debe observar, al no hacer público sus intereses familiares cuando expresa opiniones en un debate que debe continuar con la altura que este asunto amerita.

Atentamente,
LUIS ALVARO PARDO B. 
JULIO FIERRO MORALES
RODRIGO E. NEGRETE MONTES 
FERNANDO VARGAS VALENCIA
MAURICIO CABRERA LEAL 
GUILLERMO RUDAS LLERAS

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