El 2017 fue un año negativo para la industria extractiva en Colombia. En diversos lugares del país como Cajamarca, en Tolima, o Cumaral, en Meta, los habitantes le cerraron las puertas a la explotación de petróleo y minerales a través de consultas populares en las que el rechazo se manifestó de forma contundente. En las siete votaciones que se realizaron ese año más del 95% de los que participaron le dijeron no a esa actividad.

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Esta respuesta no solo generó pánico en las empresas: el gobierno también sintió tambalear la esencia de su modelo económico. Por eso empezaron a surgir diversas estrategias para frenar un fenómeno que se regó como pólvora a lo largo del país. La tutelas contra las sentencias judiciales que han autorizado las consultas, sumadas a la decisión del Ministerio de Hacienda de no financiar los gastos de las jornadas, tiene en suspenso la realización de otras 11 votaciones en municipios como San Lorenzo, Nariño, o Córdoba, Quindío.

Según Rodrigo Negrete, abogado ambiental que ha asesorado varios de estos procesos, estas decisiones tienen en vilo la validez de este mecanismo democrático porque entorpecen la posibilidad de que los municipios se expresen sobre proyectos que afectan sus territorios. En entrevista con Semana Sostenible, Negrete también afirma que ante esta situación muchas comunidades ya están pensando llevar la controversia a escenarios internacionales.

SEMANA SOSTENIBLE: ¿En qué están actualmente las consultas populares en Colombia?

RODRIGO NEGRETE: La situación es preocupante. Aunque veníamos de unos años en que la validez de las consultas populares fue respaldada en instancias judiciales como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, últimamente se han producido decisiones que al parecer quieren limitar su alcance cuando se trata de petróleo y minería.

El pasado 23 de abril, el Consejo de Estado emitió un fallo contra la que se pretende hacer en Une, Cundinamarca, justamente sobre ampliación de concesiones mineras. En la sentencia, el alto tribunal afirmó que los municipios no pueden prohibir esa actividad sin concertar previamente con las entidades nacionales interesadas. Eso es un cambio total porque pone a los municipios en una situación desigual. Entre otras, debido a que esos mecanismos de articulación no existen en la ley.

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Por otra parte, estamos a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre una tutela interpuesta por la empresa Mansarovar contra la consulta popular en Cumaral, Meta. Lo más probable es que esa sentencia siga la línea que empezó a trazar el Consejo de Estado y le ponga un tatequieto definitivo a estos mecanismos de participación.

S.S.: ¿Por qué?

R.N: La magistrada ponente es Cristina Pardo, quien fue muchos años secretaria jurídica de la Presidencia. Desde ese cargo tuvo que ver con decretos como el 2691 de 2014, que se conoce como el regalo navideño porque lo sacaron el 23 de diciembre de ese año, que les daba tres meses a los municipios para que presentaran ante el Ministerio de Minas estudios con las razones por las que se debía prohibir la minería. Con esos insumos, se suponía que esta entidad debía tomar una decisión definitiva. Por fortuna ese decreto está suspendido por un fallo del Consejo de Estado.

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Así mismo, el resultado de la tutela también estará en manos de la magistrada Diana Fajardo, quien como parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado le solicitó al Consejo de Estado que dejara sin efecto la sentencia que autorizó la consulta popular en Cumaral. Eso constituye un prejuzgamiento. Por último, el actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol y se ha manifestado públicamente a favor de limitar estos mecanismos. Las consultas populares están en cuidados intensivos en este momento.

S.S.: ¿Qué pasa si como usted dice la Corte toma la decisión de ponerle un tatequieto a estos mecanismos?

R.N.: Si se agota la posibilidad del litigio estratégico, tal como está ocurriendo, muchas comunidades ya están pensando en acudir a instancias internacionales para defender su derecho a la participación ciudadana.

S.S.: ¿Usted cree que las consultas populares son el mecanismo apropiado para ordenar el territorio?

R.N.: Claro que no. El mecanismo idóneo para definir los usos del suelo es el Plan de Ordenamiento Territorial. Pero en casi todos los municipios de Colombia esos documentos están desactualizados y renovarlos es un proceso complejo y costoso. Incluso Bogotá, que es la capital del país, debió haber expedido uno nuevo en 2012 y aún no lo ha hecho. Pero el tema va más allá, porque el que está generando la tensión es el gobierno que entrega títulos mineros y concesiones petroleras desde una oficina sin informarle ni preguntarle a la gente que habita los lugares donde se ejecutan esos proyectos. Las consultas en el fondo son la inconformidad de mucha gente con ese modelo de desarrollo.

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S.S.: ¿Cómo se deberían articular la necesidad de explotar los recursos naturales con la posibilidad de que los municipios decidan sobre estas actividades?

R.N.: Hay que aplicar la Constitución. Para eso existen los principios de coordinación y concurrencia, pero no hay una ley que los reglamente. El Congreso ha sido omisivo. Por citarle solo un ejemplo, en la sentencia C366 de 2011 la Corte Constitucional le ordenó que reformara el código de minas de 2001 y no lo ha hecho. El ordenamiento jurídico respecto a estos temas tiene muchos vacíos y falencias estructurales. Mientras eso no se solucione, las comunidades tienen todo el derecho de rechazar esas actividades. Cuando el gobierno cree un mecanismo para concertar con los municipios en condiciones justas eso va a cambiar.