“Ahí tiene por sapo”, alcanzó a escuchar Germán Espinel, líder social de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, al recibir un disparo en la espalda y otro en el pecho cuando salía de su casa, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

Eran las nueve de la noche, cuando Espinel, también miembro del movimiento político Marcha Patriótica, caminaba hacia la tienda a comprar un pequeño mercado en el sector conocido como Las Antenas. No se había alejado mucho de la puerta de su casa cuando dos hombres, con el rostro protegido con sus cascos, lo embistieron en una motocicleta Pulsar. Uno de ellos sacó un arma y le disparó en el pecho. Aun no se conoce quién pudo dispararle en la espalda porque Espinel solo escuchó una detonación y la voz del hombre que le decía “Ahí tiene por sapo”.

Estas son declaraciones que el mismo Espinel logró contarle a su abogado y compañero de la Asociación, Camilo Villamil. Se salvó de milagro gracias a que portaba el chaleco antibalas que la Unidad Nacional de Protección le dio hace un año y medio, al llegar a Bogotá. La vida de Espinel empezó a peligrar luego de que supuestamente las Autodefensas Gaitanistas asesinara al tesorero de la Asociación, en el municipio El Bagre, Antioquia.

Este líder social solo le ha contado la historia a su abogado; tiene miedo de que tomen represalias contra él y su familia. A la vez, esta es una de las pocas historias de sicariato que no tienen un desenlace fatal. Desde la firma del acuerdo de Paz en septiembre de 2016, las cifras de líderes sociales asesinados se dispararon. Un hecho que para 2017 no parecía tan claro para las autoridades. Lo demostró el Ministro de Defensa, Carlos Villegas, cuando aseguró que muchos de ellos perdían la vida por líos pasionales.

En su momento, las cifras—contabilizadas también por medios como Vice y su proyecto ¡Pacifista!, porque el gobierno no contaba con cifras oficiales—se fueron engrosando semana tras semana hasta que fue imposible ignorar que los asesinatos estaban relacionados con la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, algunos de los temas que comprenden el acuerdo de Paz y el control de territorio por parte de las disidencias de las Farc, paramilitares y el ELN.

Pero frente al silencio del Estado, la Defensoría del Pueblo actuó. Este año denunció que las autoridades no procedieron como se debía, pese a que habían emitido en marzo de 2017 un informe sobre el riego en que se encontraban estas personas. En un comunicado de prensa, La Defensoría del Pueblo, expresó que el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, nunca elevó a la categoría de alerta temprana, el informe que ellos entregaron hace casi un año.

Frente a esa grave acusación, Rivera le respondió a la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta de Twitter: “El informe de riesgo al cual el Defensor hace referencia fue emitido en marzo de 2017 por esta institución y relaciona 31 departamentos, 297 municipios y más de 538 líderes de todo el país”. El Ministro también expresó que envió la alerta a todas las autoridades competentes para que ubicaran los casos y se activaran las rutas de protección.

Pero al parecer las acciones del Ministerio del Interior, de los departamentos y municipios no fueron suficientes, porque el exterminio no ha parado. Al cierre de esta edición, la Defensoría del Pueblo publicó cifras actualizadas del asesinato de líderes sociales. Desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los Derechos Humanos. En este mismo periodo la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en Cauca (75 homicidios), Antioquia (38), Norte de Santander (17), Nariño (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14). Un hecho despreciable.

Este rifirrafe entre las dos entidades, solo deja entrever lo que para las organizaciones y líderes sociales ha sido claro desde que inició la implementación del acuerdo de Paz, “En general cada institución anda por su lado, la Policía hace lo suyo, la Fiscalía hace lo suyo, etc, pero no existe un sistema de información de Derechos Humanos para que todas las instituciones sepan qué está haciendo cada una. Por ejemplo, las alcaldías y las gobernaciones no se sienten obligadas en la protección de los líderes porque creen que no es su competencia y se lo dejan todo a la UNP y al Ministerio del Interior”, dice Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga.

Convencidos de que sí hay que hacer algo y para corregir esta metida de pata, el Ministerio de Interior socializa hoy con los líderes y organizaciones un nuevo decreto que reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección colectiva para las comunidades sociales que estén en riesgo. Esto quiere decir que ahora se dará protección no al líder social, sino a toda la comunidad en la que trabaja ese líder social. Además, reglamenta el papel que tendrán las autoridades locales, gobernadores y alcaldes en la seguridad de estas personas. Serán ellos los que tendrán que rendir cuentas al Gobierno Nacional en caso de un hecho lamentable. Diana Sánchez espera que este decreto por fin organice e integre los esfuerzos de cada entidad responsable de proteger la vida de los líderes sociales del país.

Algunas de las acciones puntuales más revolucionarias que menciona el decreto están: la construcción de cercas y barreras para proteger el entorno; mayor conectividad para que los líderes tengan acceso a internet; capacitación en autoprotección y la oportunidad de que puedan pronunciarse públicamente sobre el respeto a la diversidad política e ideológica.

Sin embargo, para Carlos Guevara, director de la organización Somos Defensores, este decreto, al igual que otras leyes que han implementado para frenar el exterminio de los líderes sociales, como la Ley 1437 de 2011, no promete mucho porque no tiene presupuesto. No obstante, el decreto especifica que La ley de Presupuesto General de la Nación deberá asignar recursos adicionales a las instituciones comprometidas con este tema. Orden que muchos dudan se llegue a cumplir, más cuando son muchos los sectores del país que constantemente se quejan por recortes en sus presupuestos.

“Ya hay demasiadas leyes y los temas de fondo no se tocan. Por ejemplo, las autores materiales e intelectuales de los crímenes no aparecen. Dicen que ya hay 68 casos esclarecidos, pero no dicen quiénes son los responsables. ¿En dónde están los análisis de criminalística en los que se aclare si es o no un fenómeno de sistematización? Hace falta mucha investigación”, dice Guevara.

Para él, el problema cada vez se irá haciendo mayor, tal como lo evidenciaron en su último informe Piedra en el zapato. “En 2016, el 80% de los homicidios sucedían en las zonas rurales y el 20 % en zonas urbana. Esa situación cambió en 2017, pues los homicidios en las zonas urbanas se incrementaron en un 8 %. Eso significa que hay una tendencia al incremento en la violencia en las ciudades. En este caso la gente sí se va a preocupar porque el problema le va a llegar al barrio”, puntualizó.