La pesca ya no hace parte de la esencia de Quibdó. Desde hace varios años, las chalupas y lanchas que dormitan tranquilamente en la orilla del malecón, por donde pasa el caudaloso y carmelito río Atrato, ya no están rebosantes de atarrayas, anzuelos y baldes.

Ahora, estas largas embarcaciones de madera se utilizan principalmente para transportar personas a través del río, desde Quibdó al barrio Bahía Solano, en un recorrido de no más de dos minutos; o de ingresar alimentos traídos desde los municipios aledaños a la capital del Chocó.

Según Jhon Jairo Rentería, un quibdoseño de 42 años, el principal responsable de que la pesca haya desaparecido es el mercurio, un metal pesado utilizado para la extracción de oro en el río Quito, que desemboca en el Atrato justo al frente de Quibdó.

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“Esa minería llegó hace como 20 años al río Quito, y se concentró en sitios como Villa Conto, San Isidro y Paimadó, ubicados a 30 kilómetros de Quibdó (a tres horas de distancia por agua), donde hay mal contadas 20 dragas o dragones que sacan oro”.

Rentería asegura que hace cinco años la comunidad del sector abandonó por completo la pesca al conocer las nefastas consecuencias del mercurio, un elemento químico relacionado con el cáncer y que es usado para separar el oro de la piedra.

“La Defensoría del Pueblo nos advirtió que el mercurio era cancerígeno, y que si seguíamos consumiendo los peces del río terminaríamos enfermos de cáncer. Muchos conocidos de Paimadó, Villa Conto y San Isidro ya padecen de esta enfermedad”.

Ante esta alarma, Jhon Jairo y la mayoría de los habitantes de la capital tomaron la difícil decisión de guardar sus atarrayas y rebuscarse otras opciones para sobrevivir.

“Ya no podemos vivir de la pesca por la contaminación de mercurio. Dejamos de hacerlo por miedo a enfermarnos. La mayoría optó por hacer solo recorridos en las chalupas. Hace muchos años que no saco mi atarraya para pescar bagres, bocachicos, cachamas y sabaletas. Tenemos susto hasta de bañarnos en sus aguas”.

Una tragedia que crece: Contraloría

En un reciente informe, la Contraloría General de la República catalogó como deficiente la labor de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) en la lucha contra la minería ilegal en el departamento.

Luego de recoger información en 9 municipios chocoanos (Quibdó, Río Quito, Cantón de San Pablo, Tadó, Unión Panamericana, Lloró, Nóvita y Río Iró), el resultado concuerda con la denuncia de Jhon Jairo.

Se identificaron 377 entables mineros que explotan los recursos naturales sin permisos ambientales, con 63 retroexcavadoras, 172 dragas, 48 dragones y 276 motobombas. Entre los casos más urgentes están Quibdó (34 títulos vigentes), Río Quito (200 entables mineros y 4 títulos); y Unión Panamericana (119 entables y un solo título).

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A pesar de este panorama, la entidad afirma que “La Corporación desarrolló solo 14 visitas de control. La minería ilegal ha generado contaminación hídrica por sólidos suspendidos, mercurio y cianuro; deforestación de los suelos; sedimentación de los cauces; y destrucción de la flora y fauna”.

En el municipio de Cantón de San Pablo, la Contraloría encontró 121 casos de personas que resultaron con altos niveles de mercurio en sus cuerpos.

La minería ilegal hace presencia sin mayores controles y existen deficiencias en la actividad sancionatoria de Codechocó. Los alcaldes incumplen el Código de Minas, ya que no suspenden la explotación sin título inscrito en el Registro Minero Nacional”, cita el documento de la Contraloría.

Según la entidad, en 2016 Codechocó tenía 78 procesos administrativos sancionatorios mineros, sin alguna actuación. En dicha vigencia, solo dio apertura a tres procesos: dos en Atrato y uno en Acandí.

Nadando en mercurio

Un análisis de la WWF, Global Environment Facility y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, concluyó que Colombia es el país del mundo que más mercurio libera a la atmósfera. En promedio, el país libera 75 toneladas al año de mercurio per cápita, lo cual equivale a que por cada colombiano llegan al ambiente 1,6 kilogramos anualmente.

En un estudio de 2016, el Instituto Nacional de Salud evaluó los niveles de mercurio en cabello, sangre y orina en 596 personas de los municipios de Quibdó, Río Quito, Cantón de San Pablo, Istmina y Condoto. Los resultados son alarmantes.

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El límite admisible de mercurio en la sangre no debe superar los 5 microgramos por litro. Sin embargo, la media en los análisis fue de 9,7, siendo Istmina, Cantón de San Pablo y Quibdó los más críticos.

En orina, el tope debe ser de 7 microgramos por litro, pero la media fue de 28,6. Los valores más altos fueron en Istmina, Río Quito y Cantón de San Pablo. Un microgramo es el máximo permitido para las muestras de cabello. El estudio arrojó una media de 0,9 para los cinco territorios, pero Cantón de San Pablo (1,4) y Quibdó (1,2) no pasaron la prueba.

Por su parte, WWF, junto con la Universidad de Cartagena y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, realizó mediciones en 14 sitios de Quibdó para analizar la concentración de mercurio en el aire. Se encontraron niveles 24 veces más altos que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en especial en zonas del centro de la ciudad, donde se realiza la quema de la amalgama.

Capturas en Chocó

La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación dio un duro golpe a la estructura criminal Zares del Oro por contaminar los ríos Quito y Atrato y extraer oro y platino con mercurio, maquinaria pesada y sin permisos ambientales. 

Los Zares del Oro habrían realizado transacciones entre 2009 y 2013 por más de $1,2 billones. La entidad también identificó propiedades de las personas que estarían vinculadas a la estructura criminal y ocupó 441 bienes con fines de extinción de dominio en Chocó, Antioquia, Risaralda, Córdoba y Bogotá, avaluados en $1,7 billones.

Además, según la Fiscalía Zares del Oro era dueño del 70% de las estaciones de servicio de gasolina en Chocó, de donde saldría el combustible para las dragas y la maquinaria. En el operativo 11 personas fueron capturadas, entre ellas el Alcalde de Nóvita, Deyler Camacho, a quienes se les imputaron cargos como concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental, invasión de área ecológica, violación de fronteras y enriquecimiento ilícito.

Tres capturados recibieron medida de aseguramiento; otros tres fueron cobijados con detención domiciliaria; y al resto el juez les otorgó medida no privativa de la libertad.

Un pescador maniatado

Mientras contempla con nostalgia las contaminadas aguas de los ríos Quito y Atrato, Jhon Jairo recuerda cuando el mercurio no se había apoderado de ellas y aún se podía pescar. “De pequeño, mi papá y la señora que me cuidaba me enseñaron a pescar. Sacábamos toneladas de peces de los ríos, que brotaban como arroz. La cantidad ha disminuido y los que sobreviven están envenenados. Hay épocas en las que se ven pequeños pescados muertos por la falta de oxígeno”.

Como él, los habitantes guardan en su memoria la época próspera de la pesca, actividad que no se aventuran a recuperar y que fue vetada por ellos mismos para evitar una enfermedad.

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Jhon Jairo se acuerda que hace 10 años, cuando el Gobierno tomó acciones para desmantelar más de 50 dragas del Quito, el río tuvo un respiro temporal, que se vio representado en una enorme abundancia de peces listos para cazar.

“En esa época no conocíamos lo que generaba el mercurio. Como la extracción disminuyó, empezamos a pescar en el Atrato. Mandamos toneladas a Antioquia, Pereira y Bogotá. Pero fue momentáneo, pronto volvieron las dragas y con ellas la escasez y la contaminación”.

Pero Jhon Jairo no pierde la esperanza. “Esperamos que el Gobierno le ponga fin a esta actividad. Las autoridades ambientales nos dicen que si se frena el mercurio, en más o menos 10 años podríamos volver a pescar y consumir los peces. Ojalá algún día esto se haga realidad”.

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