Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Apenas mide tres metros de ancho, se eleva sobre una quebrada y conecta una destartalada carretera de una remota zona rural. Pero Puente Resistencia se ha convertido en el símbolo de la tensión entre la petrolera estatal china Sinochem y las comunidades locales del departamento de Caquetá, en el sur de Colombia, que se oponen rotundamente a su proyecto.

Tras tres años de malas relaciones con los campesinos de la región, la empresa Emerald Energy –la filial de Sinochem en Colombia – solicitó en abril de este año una licencia ambiental para arrancar la exploración del bloque Nogal, situado en las puertas de la Amazonía y en una de las zonas medulares del postconflicto.

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Sin embargo, el nivel de conflictividad social y ambiental en todo el departamento del Caquetá es tan alto que, así el Gobierno colombiano le dé el visto bueno al proyecto, parece muy probable que la petrolera china se quede definitivamente sin la ‘licencia social’ – la aprobación de compañías y sus proyectos por comunidades locales – y que incluso se recrudezcan los enfrentamientos.

Esa realidad es sintomática de la gran paradoja que enfrenta el gobierno de Juan Manuel Santos: necesita los recursos de la industria extractiva para financiar la implementación del Acuerdo de paz. Pero al mismo tiempo, la movilización social que ha despertado desde su firma en noviembre de 2016 viene girando más y más en contra de este sector.

De un puente a un movimiento anti-petrolero regional

Durante dos meses de 2015, los campesinos del municipio de Valparaíso se apostaron en el pequeño puente y bloquearon el paso de los empleados de Emerald Energy hacia las veredas de La Florida y La Curvinata donde estaban haciendo estudios.

El bloqueo, que duró 58 días, terminó mal. La policía antimotines colombiana llegó para liberar la vía y, en medio de la negativa de las comunidades de dejarlo, los atacó con gases lacrimógenos. El saldo fue de 13 heridos, tres de ellos de gravedad. Uno de ellos estuvo hospitalizado tres semanas por una fisura en el cráneo.

Ese episodio tuvo un efecto dominó. Las comunidades locales en los pueblos vecinos de Valparaíso (11.000 habitantes) y Morelia (4.000 habitantes) comenzaron a organizarse. Crearon ‘mesas de defensa del agua’, donde se sentaron líderes y organizacionales sociales opuestos a la entrada de la petrolera.

Los viralizados videos del puente –que desde entonces quedó bautizado Puente Resistencia– fueron el germen para que en Florencia, la capital del Caquetá, tomara forma un movimiento regional en contra de la industria extractiva, con el nacimiento de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio donde hoy convergen líderes campesinos, políticos, académicos, religiosos y empresarios. El tema subió puestos en la agenda pública del Caquetá, con marchas en defensa del agua convocando a miles de personas y mesas locales retoñando en casi todos los municipios del departamento.

¿Por qué escaló tanto el conflicto? ¿Qué fue lo que rebotó a las comunidades? Las historias son distintas en cada comunidad, pero los patrones se repiten. Todos acusan a Emerald de haber procedido con opacidad sobre sus planes e incluso con mentiras, respaldados por el argumento de que su proyecto es de interés público y prioritario para el Gobierno nacional.

“En 2014 estuvimos escuchándolos en la mal llamada ‘socialización’ [un proceso de internalizar en la planeación de un proyecto las normas de una comunidad], que sentimos como una imposición. Su mensaje era que tenían derecho sobre el subsuelo por tener el título, que nadie podía reversar eso y que no teníamos nada que hacer allí sino abrirles espacio,” cuenta José Antonio Saldarriaga, un campesino de Valparaíso y uno de los líderes más visibles del movimiento.

Dicen que, cuando en 2015 se reunieron con el entonces Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, apareció un documento donde aparentemente ellos habían avalado el proyecto en una socialización, pero que –siempre según ellos– eran firmas de los refrigerios que habían recibido ese día. También que la empresa insistía en que no tenía tierra propia allí, cuando había comprado una parcela de 30 hectáreas en el sector de La Curvinata.

Cuentan que, una vez que la alcaldía de Valparaíso los citó para discutir un proyecto de vivienda, en realidad los esperaban la directora social de Emerald, Lorena Cortés, y la consultora ambiental Cyma para socializar la evaluación de impacto ambiental.

Más llamativo aún es el caso que relata Herney Bermeo, un médico anestesiólogo de Florencia cuya finca está en la vereda Yumal.

Después de que empleados de Emerald lo buscaran en el hospital donde trabaja para pedirle permiso para hacer estudios en su finca y que Bermeo les dijera que no estaba interesado en sus ofertas monetarias, funcionarios de la petrolera llegaron –según su narración– sin anunciarse a su finca y entraron a la fuerza, custodiados por el Ejército.

“Yo nunca les di permiso, ni les firmé nada. Un tiempo después me llamó el mayordomo y me cuenta que pusieron sus cuadrantes y estaban haciendo el estudio de sísmica. Yo incluso hablé con ellos por teléfono y me dijeron que tenían un permiso judicial. A mí nadie me notificó, ni vi el permiso. Puse un abogado y una demanda, para dejar un antecedente,” cuenta Bermeo, añadiendo que este año le apareció en su declaración de renta una consignación por 1.800.000 pesos de la empresa que él nunca recibió y que sigue intentando rastrear.

“Ahí ve la arbitrariedad y el atropello de la compañía. Su único interés es hacer su estudio, independientemente de si usted da o no permiso. Están por encima de todos,” añade.

Este medio no pudo verificar estos episodios con otras fuentes, pero ilustran por qué se rompieron las relaciones entre Emerald y las comunidades. Tanto que, desde el bloqueo del puente, éstas prometieron no volver a reunirse con la empresa.

Sinochem declinó ser entrevistada sobre el proyecto y sobre sus relaciones con las comunidades. “Desafortunadamente en este momento no nos es posible aceptar su invitación. Quizás en el futuro podríamos hacerlo,” respondió por correo electrónico Juanita Latorre, coordinadora administrativa en Colombia.

Sin fórmula para el diálogo

Esas tensiones, que bajaron un poco al dejar Emerald de hacer presencia en las zonas rurales, están aumentando ahora a raíz de la solicitud de la petrolera de la licencia ambiental para explorar.

El 19 de abril, Emerald Energy solicitó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el permiso para construir 10 plataformas de pozos en los municipios de Valparaíso, Morelia y Milán, para poder explorar qué tanto petróleo hay. Su idea – según explica el resumen de su evaluación de impacto ambiental – es construir cinco pozos en cada plataforma, para hacer perforaciones entre 1 y 2 kilómetros de profundidad y entender qué aguas subterráneas existen.

Los campesinos de Valparaíso solicitaron a la ANLA una audiencia pública como parte del proceso de toma de decisión, que respaldaron con 700 firmas. Esa agencia ya aprobó la reunión y todos están pendientes de la fecha, que seguramente será en los próximos tres meses. Un proceso de licenciamiento en Colombia para un proyecto complejo puede demorar entre seis meses y un año.

La principal preocupación de las comunidades es el agua.

“Nosotros vivimos de la tierra. Somos ganaderos y agricultores, y para las dos se necesita agua. Eso es lo que nos da miedo,” dice Jesús Alfredo Gómez, un líder de la vereda de San Marcos en Morelia, que vive de sembrar plátano, yuca y caña.

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Luis Eduardo Ortiz, un campesino de Valparaíso cuya finca está dentro del área solicitada en la licencia de exploración, dice: “Nunca se ha tenido información clara sobre los impactos posibles. Ellos solo hablaban de beneficios económicos, vías y escuelas. De manejo de aguas residuales solo vinieron a hablar dos años después cuando lo exigimos, pero aún no estamos tranquilos.”

Para ese día las comunidades tienen un plan para llevar un estudio ambiental propio, que sienten que puede hacerle contrapeso al que presentó Sinochem a la ANLA.

“La idea era tener un estudio alternativo, científico y técnico, que se pueda equiparar a la evaluación de impacto de la empresa y que se pueda presentar a la ANLA, para ver si el de la empresa corresponde a la realidad o si hay vacíos,” dice Yolima Salazar, directora de la Vicaría del Sur, el brazo social de la Iglesia Católica en Caquetá, que viene acompañando todo el proceso.

El estudio, que financió Caritas, la ONG de la Iglesia Católica alemana que ha apoyado varios proyectos de la Vicaría del Sur, lo realizó la Corporación Geoambiental Terrae que lidera Julio Fierro, un geólogo que ha trabajado en entidades públicas como el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y la Contraloría General de la Nación.

La figura de Fierro seguramente generará aprensión en el sector petrolero, dado que en el pasado lideró los estudios muy críticos sobre minería que hizo la Contraloría General de la abogada Sandra Morelli y ha sido muy duro en sus escritos con la industria extractiva.

Un puesto central en el estudio alterno de las comunidades lo ocupa el mico bonito del Caquetá, un pequeño primate de pelo rojizo endémico a la región, que solo fue descubierto en 2010. Es tan raro que está catalogado como ‘en situación crítica‘ (la más grave) por el libro rojo de especies de la conservacionista Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y fue incluido el año pasado en la lista de los 25 primates más amenazados del mundo por la Sociedad Internacional de Primatología.

“Esa lista es una deshonra. Son las especies más cercanas a extinguirse. Y, por lo tanto, debería ser una prioridad en el país evitar que se pierda,” dice el biólogo caqueteño Javier García, que enseña en la Universidad de la Amazonía y fue uno de los científicos que lo descubrió.

El mico habita solo en un pequeño triángulo demarcado por los ríos Caquetá, Orteguaza y tres riachuelos más pequeños conectados entre sí. La esquina norte de ese triángulo, donde el río Pescado alimenta el Orteguaza, es justamente donde Emerald está solicitando la licencia y quiere construir los pozos.

El mico bonito del Caquetá, considerado uno de los 25 primates más amenazados del mundo, está presente en la zona del proyecto Nogal de Sinochem. Foto: Javier García.

Las comunidades sienten que la petrolera le está restando importancia a la especie, dado que su evaluación ambiental no menciona su grado de vulnerabilidad y habla de que su “condición debe ser verificada ya que durante el monitoreo de fauna del EIA no se confirmó su presencia”.

“En el plan de conservación de Callicebus caquetensis que es de 2016, la distribución de la especie incluye esa zona. En un EIA rápido quizás no lo logras ver, a menos que tengas mucha suerte, porque es muy difícil observar en campo. Pero es ruidoso y es fácil reconocer sus cantos. Con un estudio ambiental serio, ese ‘probablemente’ sería un ‘seguramente está presente’,” dice García.

Blanca Barragán, una campesina que vive al lado del puente de la discordia, dice: “No sé ellos, pero nosotros acá lo escuchamos en las mañanas.”

¿Té para tres?

La historia de las conflictivas relaciones entre Sinochem y las comunidades en la zona de influencia de su proyecto no es singular. Más bien, se ha vuelto recurrente en Colombia en los últimos cuatro años.

Los patrones básicos se repiten una y otra vez. Con Anglogold Ashanti en Tolima, con la petrolera estatal Ecopetrol en Meta y Casanare, con Eco Oro en Santander.

Las comunidades están –con o sin argumentos científicos sólidos– cada vez más preocupadas por los posibles daños ambientales, mientras tienen menos incentivos económicos. La reforma del sistema de regalías de 2011 reparte los recursos del sector extractivo en todo el país y no solo en los municipios donde se explotan. A su vez, las empresas y el Gobierno nacional desechan sus dudas como producto de la desinformación y se limitan a insistir, como discos rayados, en que manejan las últimas tecnologías y que los proyectos extractivos traen progreso.

Como no existe ningún espacio de diálogo donde las comunidades, las empresas y las autoridades puedan conversar como pares, al final nadie reconoce que esas preocupaciones son genuinas ni las aborda con los pobladores.

El resultado es que las empresas solo reaccionan cuando huelen que su inversión puede verse afectada por la oposición. El Gobierno solo aparece cuando hay que apagar un incendio. Y las comunidades, que quedan molestas por decisiones tomadas en escritorios a cientos de kilómetros de distancia, se oponen esgrimiendo argumentos válidos pero también discursos populistas y mitos. Como todo ocurre de manera reactiva, desescalar se vuelve casi imposible.

Avanza, el único programa de diálogo preventivo que ha sido política de gobierno, comenzó a funcionar en 2013, sentando a los tres actores en una misma mesa para abordar los problemas antes de que se convirtieran en una bola de nieve. Pero terminó cercenado cuando apenas despegaba en medio de un cambio de ministros, sin que siquiera se notificara a sus participantes.

Eso ha llevado a las comunidades a optar por estrategias más jurídicas y políticas.

Los pioneros fueron los habitantes de Piedras, un pueblo en el centro de Colombia, que rescataron de la oscuridad un mecanismo de participación ciudadana llamado ‘consulta popular’ y llevaron a las urnas en 2013 la pregunta de si querían prohibir la minería. El 99% de la gente votó a favor del veto (2,971 a 24), dejando en la práctica sin licencia social a un proyecto de explotación de oro de la minera Anglogold Ashanti.

“El efecto dominó de la consulta de Piedras ya está en el resto del país y el año entrante será el de la primavera de las consultas populares,” anticipaba hace tres años Luis Carlos Hernández, un activista ambiental del Tolima.

Quizás se equivocó de año, pero no por mucho. En 2017 se han llevado a cabo siete consultas populares, con apabullantes ‘no’ a la minería y el petróleo de más del 95% de los votos. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) – el gremio del sector – tiene identificadas al menos 32 consultas más en camino.

Las empresas y el Gobierno nacional han intentado tumbar las votaciones sin éxito con el argumento de que no son legalmente vinculantes y que las comunidades locales no pueden decidir sobre el subsuelo. En Colombia los recursos naturales pertenecen a la Nación.

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El Ministerio de Hacienda está instando ahora a la Registraduría Nacional a no convocar las votaciones ya aprobadas en El Doncello (Caquetá) y El Peñón, en el departamento de Santander, en el nororiente del país, con argumentos presupuestales. En el gobierno de Santos entienden –como reconoció un ex ministro de Ambiente– que son “hechos políticos”.

Las comunidades, sin embargo, las ven como una manera de elevar el costo político de que su voluntad sea desconocida.

“El Gobierno dice que son ilegales. Pero nosotros vemos que estamos justamente aplicando la Constitución y las leyes. Como población y como municipio también somos Estado y también podemos tomar decisiones”, dice José Antonio Saldarriaga.

“Las alternativas jurídicas y técnicas, sin base social, no tendrían ninguna validez”, dice Yolima Salazar de la Vicaría del Sur.

El boom de las consultas en Caquetá

El sur de Caquetá no es la excepción. Allí vienen avanzando dos tipos de iniciativas de participación ciudadana en paralelo.

En Morelia están recogiendo firmas para convocar una consulta popular prohibiendo la actividad petrolera. Ya recogieron 670 firmas y las presentarán a la Registraduría cuando alcancen 1000 (para que la entidad valide las firmas correspondientes al 10% del censo electoral del municipio, o 376). Con ese aval, la pregunta de la consulta será evaluada por el Tribunal Superior del Caquetá –el órgano judicial a nivel departamental– y, finalmente, los morelianos irán a las urnas.

En simultánea, avanza otro mecanismo de participación que también busca prohibir la actividad extractiva, solo que con un proceso distinto llamado la ‘iniciativa popular normativa’, consistente en que los ciudadanos recogen firmas para presentar un proyecto legislativo a sus concejales municipales.

En Valparaíso le apostaron a una iniciativa popular normativa, pero ésta se cayó en 2016 por falta de apoyo de la alcaldesa anterior. Ahora no descartan recoger las firmas para convocar una consulta popular, aunque primero quieren ver qué sucede en la audiencia pública.

Este no es, sin embargo, un problema exclusivo a Sinochem: Ecopetrol y otras petroleras más pequeñas enfrentan inminentes consultas en El Paujil y El Doncello, ambas en Caquetá.

“Cada consulta parece David contra Goliat. Pero luego lo miras en todo el país. Hay tantas iniciativas y se pregunta uno, ¿por qué no hay un gran debate nacional sobre conflictos socio-ambientales? En el contexto después del Acuerdo de paz, son los nuevos retos del país,” dice Florian Huber, que dirige la oficina en Colombia de la Fundación Heinrich Böll. Su think tank –cercano al Partido Verde alemán– financia espacios en donde las comunidades en procesos de consulta popular están compartiendo sus experiencias.

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Dada su negativa a hablar del tema, es difícil saber si Sinochem es consciente de que la falta de licencia social le complica continuar. Pero sí hay indicios de que la empresa china ha reflexionado sobre el problema, como tuvo que hacer Anglogold Ashanti, con una fuerte –aunque quizás tardía– autocrítica después del conflicto en Piedras en 2013.

El 11 de septiembre, la Gobernación del Caquetá fue escenario de una curiosa reunión: Emerald llevó a dos técnicos del Instituto de la Conversación, una nueva ONG bogotana que busca resolver problemas sociales por medio del diálogo, fundada por el conocido encuestador Carlos Lemoine. Allí les hicieron preguntas como “si se hubiera socializado distinto, ¿cree que la comunidad habría aceptado el proyecto?” o “¿Qué recomienda para que el proceso mejore?”

La ausencia de un diálogo entre la empresa, las comunidades y el gobierno nacional ha impedido que los actores tengan una visión de gana-gana que cobije a los demás.

“Yo creo que, si se hubiera adoptado otra forma de socialización, que realmente lo hubiera sido, no habríamos llegado a extremos de casi perder vidas e incluso nos podrían haber convencido de algunas cosas”, dice Saldarriaga, cuya finca ganadera está en la zona de influencia de la licencia. “Pero al destajo es supremamente dañino. Se perdió la confianza y la armonía, que deberían ser el conducto regular.”

Eduardo Moya, el contralor departamental y uno de los funcionarios públicos de más alto rango a nivel regional, dice: “El Gobierno no ha tenido ninguna estructura para el diálogo en las regiones. Es como si el proceso de paz hubiera copado toda su capacidad de dialogar.”

Según el economista Jorge Reinel Pulecio, que fue secretario de educación del Caquetá y hoy lidera una oficina de temas de paz en la Universidad de la Amazonía: “Están viendo la paz como una oportunidad de reducir los costos de producción, dado que salen la guerrilla y el Ejército ya no tiene que proteger los proyectos. La leyeron como la oportunidad del negocio, sin pensar en lo que quieren las comunidades.”

¿Qué modelo para el Caquetá?

Caquetá tiene la tasa más alta de deforestación de Colombia y, por lo tanto, es crucial para cumplir el compromiso del país – en el marco del Acuerdo de París – de reducir a cero la deforestación neta en la Amazonía para el 2020. Es por eso que muchos caqueteños piden un debate especial sobre el futuro de su departamento.

“La Amazonía requiere unos estándares ambientales superiores y distintos al resto del país por su fragilidad. Ocurre un desequilibrio ecosistémico por cualquier motivo. Los de la ganadería son un ejemplo, pero son reversibles. En cambio, los del petróleo o la minería son irreversibles,” dice Mercedes Mejía, profesora de la Universidad de la Amazonía.

Rigoberto Valencia, uno de los líderes campesinos opuestos al proyecto de Sinochem, señala el puente en Valparaíso donde hicieron el bloque de 58 días en 2015. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Además, Caquetá fue una de las retaguardias históricas de las Farc y ha sido muy fuertemente golpeada por la guerra, que dejó 339,726 víctimas (o casi tres de cada cuatro caqueteños), según el registro nacional de la Unidad de Víctimas. Incluso Sinochem ha sentido los rigores del conflicto armado colombiano. En 2011, cuatro contratistas chinos estuvieron secuestrados por las Farc en un episodio que duró más de un año.

Aún hoy la región alberga algunos de los grupos de guerrilleros que no quisieron desarmarse con el resto de las Farc y que crearon sus propias disidencias. Con ellos regresaron, como confirman los campesinos de Valparaíso, las extorsiones a ganaderos y pequeños productores.

¿Qué opciones ven los campesinos y las comunidades locales?

Las opiniones divergen. Unos hablan de pasar de la ganadería más extensiva a modelos silvopastoriles, más productivos y ecológicos. Otros visionan piscicultura con especies como la cachama o cultivos de frutos amazónicos como el arazá, el copoazú y el cacao maraco, aunque –advierten – en el pasado han fracasado por falta de compradores. Unos más de ecoturismo, aunque aún hay poca infraestructura.

“La gente quiere cosas de largo aliento. ¿Cuál era la barrera nuestra? La guerra. Por eso, para nosotros es fundamental impulsar productos como el café y cacao con un sello amazónico, para volverlos pilares de la economía regional,” dice Eduardo Moya, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Florencia durante una década.

Para eso, sin embargo, la región necesita con urgencia una inversión estatal como la que esboza el Acuerdo de paz. Su capítulo rural – que fue uno de los ejes en la negociación con las Farc – habla de la necesidad de llevar bienes y servicios públicos al campo, como electricidad, salud, educación y vías, para que puedan mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de sus moradores.

Pese a la oposición de comunidades como la de Valparaíso, el Gobierno ha defendido que el petróleo puede financiar esa inversión. “Debemos tomar una decisión como país: dejar el petróleo enterrado en el subsuelo o convertirlo en recursos para el bienestar y la paz”, escribía hace un año en una columna Juan Carlos Echeverry, el ex ministro de Hacienda de Santos que en ese momento era presidente de Ecopetrol.

“Tenemos muchas expectativas porque el Acuerdo dice que las juntas de acción veredal vamos a ser las protagonistas del desarrollo en el campo. Quisiéramos ver eso como una realidad,” dice Luis Enrique Laguna, que representa a todas las juntas rurales de Morelia.

Ese es justamente el mensaje que les llevó el presidente Juan Manuel Santos a los campesinos de Morelia en julio de este año, cuando escogió ese pueblo para lanzar en todo el país los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (o PDET), que son los planes para priorizar y acelerar la inversión en las 16 regiones más azotadas por la violencia, la ausencia del Estado y la pobreza.

La carretera principal de Florencia a Valparaíso está en tan mal estado que los accidentes son comunes y los campesinos tienen enormes dificultades para sacar sus productos al mercado. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

“Lo importante aquí es entender que este es un plan de desarrollo que por primera vez se va a hacer de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. No va a ser el director de Planeación, ni el ministro de Agricultura o el ministro de Hacienda o el Gobierno Nacional el que va a venir a Morelia a decirles: ‘aquí vamos a construir esta carretera y vamos a invertir la plata de esta forma’. No, ustedes nos van a decir a nosotros,” prometió Santos a los campesinos.

Esa ironía no se le escapó a quienes lo oyeron y están enfrascados en la pelea con Sinochem.

Como dice el líder Hernando Cuéllar: “vino, admiró la riqueza de la fauna y del pulmón del mundo, y habló de que nosotros planearemos el territorio. Pero cuando queremos discutir de petróleo, ahí sí nada.”

Este reportaje fue escrito gracias a una beca de reportería de China Dialogue y apareció originalmente publicado allí.

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