La debilidad de los estudios ambientales, el desconocimiento de las dinámicas comunitarias, la omisión de la existencia de comunidades indígenas en la zona y las fallas procedimentales hacen que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no tenga argumentos para permitir la exploración sísmica de la empresa china Emerald Energy en el Bloque Nogal.

Esa fue la principal conclusión de la Audiencia Pública Ambiental desarrollada el pasado 15 de marzo en el municipio de Morelia –Caquetá. En esa reunión, citada por la Anla a petición de las comunidades de la región, quedó claro que los estudios ambientales, sociales y económicos presentados por la empresa china no tienen sustento técnico, ni apoyo de las comunidades.

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El Bloque Nogal fue adjudicado a la empresa china Emerald Energy el 22 de octubre del 2012. Desde sus inicios ha enfrentado la oposición de diferentes actores: comunidades campesinas e indígenas, Iglesia Católica y academia, quienes, por medio de todos los mecanismos constitucionales de participación, han buscado detener la explotación petrolera en el Caquetá. Y a juzgar por lo ocurrido en la audiencia, los argumentos les dan la razón.

La fortaleza del proceso organizativo de las Comisiones por la Vida del Agua (CVA) en el sur del Caquetá permitió que la Vicaría del Sur, con recursos de Caritas Alemania, contratara un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) independiente con la Corporación Geoambiental Terrae. El análisis de Terrae demostró que el EIA presentado por la empresa desconoce el movimiento de aguas subterráneas, humedales y cuerpos de agua superficiales, rondas de inundación, los riesgos asociados a la desaparición de fauna y flora endémica, el riesgo por remoción en masa, la geomorfología de la zona, entre otros componentes.

Estas falencias y omisiones se deben a que el EIA de la empresa petrolera no identifica claramente el tipo de instalaciones y las coordenadas precisas en donde se construirá la infraestructura del proyecto, es decir, se solicita una licencia ambiental sin saber qué y cómo se va a hacer. El resultado es un alto riesgo de extinción de especies en veda, de contaminación y acidificación de aguas subterráneas y superficiales por cuenta de la infiltración de aguas o residuos contaminados, aumento de la deforestación, movimientos sísmicos, entre otros.

“Se esperaría que una empresa petrolera con más tiempo y más recursos hicieran mejores estudios que nosotros, pero están llenos de vacíos. Señores de la Anla, no pueden seguir dando licencias ambientales sobre cosas que no saben dónde están”, dijo Julio Fierro Morales, Geólogo y director de Terrae.

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En cuanto al componente comunitario, el estudio presentado por la empresa petrolera manifiesta que no existe organización comunitaria. Pero las más de 1.200 personas que asistieron a la Audiencia Pública, las más de 200 intervenciones de la comunidad, el largo proceso de resistencia (desde el 2013) que incluyó mecanismos de protesta no violentos como plantones, marchas, bloqueo de vías, huelgas de hambre, rosarios y peregrinaciones; las iniciativas ciudadanas normativas adelantadas en Morelia, Belén de los Andaquíes y Valparaíso para prohibir la actividad petrolera en los municipios y las consultas populares que se preparan, demuestran todo lo contrario.

Además de la ausencia de estudios ambientales serios, la empresa ha incurrido en omisiones y fallas de tipo procedimental. La más grave es el desconocimiento de las comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto (reconocidas con certificación número 1274 del 2013), ante quienes han omitido el desarrollo de Consulta Previa. Esta falencia se debe a que existen dos certificaciones de comunidades étnicas: una de ellas -la que manifiesta que no se registran comunidades indígenas-, se presenta fuera de los términos del contrato.

Durante la audiencia también se denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública (disparos con arma de fuego, golpes, daños a propiedad privada, amenazas a campesinos), a raíz de la oposición al proyecto petrolero. Todo esto fue respaldado por la Asociación de Personeros del Caquetá, quienes sentaron precedente de la violación a los derechos humanos y la necesidad de acudir al principio de precaución para evitar la re-victimización de esta población.

La postura de los gobiernos locales se encuentra dividida. Por una parte, la Asamblea Departamental, los personeros municipales y la Alcaldía de Morelia respaldan la solicitud de las comunidades de negar la licencia ambiental. Por otra parte, las autoridades de Milán y Valparaíso no asistieron, ni enviaron delegado a la Audiencia. La autoridad ambiental regional, Corpoamazonía no se ha manifestado bajo el argumento de que no es su competencia.

El argumento que sostiene la empresa para justificar la actividad petrolera es el mismo que utilizó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para excluir al pie de monte del Caquetá de la Amazonía: la deforestación causada por los campesinos. Este argumento es, en el mejor de los casos, injusto y engañoso, pues desconoce que este modelo de desarrollo fue impuesto a la región durante la época de la colonización dirigida (1950-1970), así como se quiere imponer hoy el modelo petrolero. Frente a esto, las comunides indicaron que es necesario parar el ciclo de “hacer daño, porque ya está dañado” y emprender políticas de reforestación para recuperar la selva.

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Con todo, la Audiencia Pública Ambiental que tuvo lugar el pasado 15 de marzo fue un mecanismo de participación desplegado por las comunidades del Departamento para oponerse a la política petrolera en la Amazonía. Las conclusiones parecen contundentes para la comunidad: no existen argumentos técnicos para permitir la operación de Emerald Energy en la región. Ahora la Anla tendrá que dar su veredicto.