En enero de 2015 Brock Turner fue arrestado en el campus de la prestigiosa Universidad de Stanford. Dos estudiantes suecos llamaron a las autoridades tras encontrarlo abusando sexualmente de una mujer inconsciente. Al ver que le recriminaban por sus acciones, intentó escapar pero fue retenido por los hombres, que paseaban en bicicleta. Su víctima se enteró el día siguiente de lo ocurrido, cuando despertó golpeada en el hospital.

Esta semana un juez condenó a Turner a seis meses de cárcel y tres años de libertad condicional. Argumentó que una pena mayor tendría un “impacto severo” en el joven de 20 años. Situaciones parecidas suelen tener penas de al menos veinte años de prisión.

La diferencia en este caso parece ser que Turner era un destacado nadador, encaminado a representar a su país en los Juegos Olímpicos. Por esta razón pudo contar con un experimentado equipo de abogados que logró incluso que no se revelara la foto del prontuario policial del estudiante, en la que se lo ve desarreglado y claramente perturbado, sino hasta después de la sentencia. Así, todas las imágenes públicas que se tenían del joven eran las de un atleta impecablemente vestido, recién peluqueado y sonriente en las apariciones en la corte. 

Brock Turner, el día de su captura. Foto: Policía de Stanford

Las acusaciones eran inminentes, contaban con testigos y eran confirmadas por la captura prácticamente en flagrancia del victimario y la evidencia médica. Sin embargo, los titulares parecían centrarse más en la condición de atleta de Turner y la “trágica pérdida de su brillante futuro”. Una campaña que convenció a la justicia, terminando su exitoso activismo a pesar de dos insensibles peticiones a la corte del padre y la mejor amiga del acusado.

Dan Turner alegó que su hijo ya había tenido suficiente castigo con la depresión que le produjo el incidente, que habría causado que rechazara su comida favorita: el beef steak. Para él, la cárcel era “un precio muy alto que pagar por 20 minutos de acción”. Leslie Rasmussen, amiga del atleta pidió que se “superara la ‘corrección política’ y se entendiera que la violación en el campus no siempre es porque las personas sean violadoras”. Para completar sus condescendientes afirmaciones, dijo que las siguientes décadas de la vida de su amigo no debían ser determinadas por las “pobres decisiones de una niña que no recuerda sino que bebió mucho”.

Esto acabó por convencer al juez, que coincidencialmente es un exatleta de la misma Stanford, de poner la irrisoria condena. Esta historia ha resonado en todo el país norteamericano, causando una ola de indignación en las redes sociales. El cubrimiento de la situación quedó en la mira de las críticas.

El caso Turner es muy diciente sobre la manera en la cual los medios de comunicación cambian el discurso sobre la violación y el abuso cuando el victimario es una figura pública. Los casos aumentan escandalosamente. Pablo Armero, el exdefensor del Pueblo Jorge Otálora, Eminem, Kobe Bryant, Sean Penn, Johnny Deep, Bill Cosby, Roman Polanski, O.J. Simpson, Woody Allen y tantos otros han sido judicialmente responsables de ataques a mujeres pero sus crímenes parecen no tener mayor gravedad para la sociedad.

Todos los casos tienen un triste elemento en común: tras las imputaciones, retumban en los titulares ataques a las víctimas. Que buscan dinero, que quieren fama, que fueron malentendidos, que estaban borrachas; siempre se las acusa de tener motivos ocultos para denunciar. Sospechosamente, estos cuestionamientos suelen empantanar las investigaciones y favorecer el retorno de los victimarios a ser glorificados por las audiencias.

Entender que puede haber más de un punto de vista sobre un hecho es un deber del periodismo. Sin embargo, poner rumores y acusaciones sobre decisiones judiciales es pasarse de la raya. En especial en temas de abuso.

Las estimaciones de la OMS son escalofriantes: promedian que una de cada tres mujeres en el planeta serán abusadas sexualmente –probablemente por sus parejas–, una cifra que aumenta dramáticamente en los países menos desarrollados. Complementando este dato, informes científicos determinan que, en los casos denunciados ante la justicia, el porcentaje de reportes falsos y malintencionados es de entre 2% y 10%, dependiendo del país. Si es tan raro que alguien haga una acusación mentirosa, ¿por qué sufren tanto los famosos con estas?, ¿están ellos por encima de las estadísticas?, ¿de la Ley?

Muchos entran en la discusión de “separar arte y artista”. Del derecho que tienen de separar sus vidas profesionales de las personales y de ejemplos históricos como Dickens y Picasso, recordados también por su fama de abusar mujeres. En parte es cierto que un caso de abuso no le resta genialidad a sus obras o desempeño deportivo, pero tampoco hace menor su responsabilidad jurídica. Si alguno de estos hombres no fuera famoso, ¿lo defenderían con tanta vehemencia?

Más allá de ese complejo debate, en el que han caído en críticas todos aquellos que deciden dar de nuevo oportunidades laborales a figuras públicas caídas en desgracia, se debe pensar en las repercusiones que tienen estos tipos de cubrimiento en el público. Esa indignación selectiva sobre el abuso promueve que se sigan complicando aún más los intentos de denuncias, que ya son obstaculizados por la burocracia y el machismo. Tristemente, esto no hace más que incentivar la impunidad y la discriminación social de las víctimas y las frenan de acudir a las autoridades.

De puertas para afuera los medios se indignan por el abuso a las mujeres. Sin embargo, una mirada más profunda muestra que predican pero no aplican, en especial si es una figura pública el victimario.

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