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La Amazonia concentra el 75% de la deforestación del país, según el último reporte de alertas tempranas del Ideam. Foto: archivo/Semana.

IMPACTO

¿Qué ha pasado con la orden de la Corte Suprema de proteger la Amazonia?

Este viernes, 5 de abril, se cumple un año de la decisión de declarar a la región amazónica sujeto de derechos. Los 25 niños y jóvenes que hicieron esto posible, gracias a la tutela interpuesta, solicitarán al Tribunal Superior de Bogotá declarar el incumplimiento por parte del gobierno y los demandados, de las cuatro órdenes que entregó la Corte.

5 de abril de 2019

Hace exactamente un año la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan.

Este viernes 5 de abril, al cumplirse un año de la decisión, los 25 niños, niñas y jóvenes que interpusieron la acción de tutela para frenar la deforestación y sus consecuencias sobre el cambio climático, le solicitarán al Tribunal Superior de Bogotá que declare el incumplimiento, por parte del Estado y de los demandados, de las cuatro órdenes que entregó la Corte en abril de 2018.

Los tutelantes, una generación que exige se detenga la deforestación y sus consecuencias sobre el cambio climático. Foto: Semana

Según el último boletín de alertas tempranas del Ideam, la Amazonia concentra 75 % de la deforestación del país. Solo en departamentos como Caquetá, Meta y Guaviare, de octubre a diciembre de 2008, se talaron 43.000 hectáreas de bosque. 

Sin embargo, frente a esta alarmante cifra, el gobierno nacional fue conservador a la hora de proponer una meta para frenar la deforestación en el próximo cuatrenio. Se basó en el crecimiento respecto al año anterior, con un línea base de 23% y un objetivo para los próximos cuatro años de 0%.  Ese 23% representa el aumento en el número de hectáreas deforestadas entre 2016 y 2017, cuando se pasó de 178.597 hectáreas a 219.973.

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“Utilizar la tasa de crecimiento de las hectáreas deforestadas como indicador nos preocupa profundamente. Esto significa que la meta se cumple, siempre y cuando, no aumente el número de hectáreas, es decir, si se siguen deforestando 219.973 hectáreas anualmente se estaría cumpliendo el objetivo. Por lo tanto, lo que tememos es que lo que se plantea permitiría que durante el cuatrienio se pierda una cantidad de hasta 879.892 hectáreas y no pasaría nada", explicó Valentina Rozo, una de las accionantes de la tutela. 

Frente a este preocupante panorama los 25 accionantes decidieron solicitar el incumplimiento. Dejusticia, como representante legal de los niños y jóvenes, explica en qué se ha incumplido de la sentencia, de acuerdo a las órdenes dadas por la Corte:

Primera orden: Formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonia

El Ministerio de Ambiente debía coordinar la creación de este plan. En 2018 convocó a cinco talleres regionales en la Amazonia que contaron con una baja participación de comunidades y presentó un borrador que, dice, tendrá que ser validado conforme a las prioridades de gobierno de Iván Duque y, al marco presupuestal. Además el Ministerio indicó que ese documento solo será modificado por el mismo ministerio, cerrando la posibilidad a la participación de otros actores.

La falta de voluntad del Gobierno nacional para frenar la deforestación se ve reflejada en la meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Segunda orden: Crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano

En septiembre de 2018 el Ministerio entregó un documento con insumos para la construcción del Pacto, y le pidió a la Corte Suprema un plazo de 10 meses para entregarlo, junto al plan de acción. Desde septiembre de 2018 el Ministerio de Ambiente no ha citado a los accionantes para avanzar en el proceso  de construcción del PIVAC.

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En septiembre de 2018 esa cartera presentó un cronograma para la construcción del PIVAC en el que no determinó ni tiempos, ni responsables, ni presupuesto para lograr cada fase.

El Pacto Intergeneracional no quedó incluído en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque, como lo había anunciado el Ministerio de Ambiente en la respuesta que dio a la Corte Suprema.  

Tercera orden: Municipios de la Amazonía deben actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial

De los 14 demandados, solo siete enviaron información sobre el cumplimiento a la Corte. La Corte, además, extendió la orden a los 81 municipios que conforman la Amazonia colombiana y les pidió que actualizarán sus planes de ordenamiento. Ninguno lo hizo.

Cuarta orden: Realizar un plan de acción para contrarrestar la deforestación por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la Amazonia

La orden está dirigida a Corpoamazonia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) y a Cormacarena. Las tres corporaciones afirmaron estar cumpliendo la orden, pero no han presentado una hoja de ruta para la formulación del plan de acción. Lo que entregaron como avance es un documento del Ministerio de Ambiente que se realizó previo a orden de la Corte.

Incumplir los compromisos establecidos por la Corte significa también hacerlo con lo que se planteó nivel internacional, es decir, el Acuerdo de París; la Declaración Conjunta de Intención con Noruega, Alemania, Reino Unido e Irlanda del Norte. Una posición cuestionable al gobierno colombiano.