Hidroituango vive unas semanas complicadas. El que pretende ser el mayor proyecto de generación de energía en Colombia atraviesa por un momento complejo: repetidas fallas en la construcción de la obra y una delicada situación social alrededor tendrían en aprietos el cumplimiento del cronograma según el cual la hidroeléctrica debe estar en funcionamiento a finales de este año. 

Desde que comenzó su construcción en 2009, esta megaobra a cargo de EPM ha sido objeto de protestas por parte de algunos habitantes de Valdivia, Cáceres, Sabanalarga y Caucasia, en pleno Bajo Cauca antioqueño, debido a los múltiples impactos ambientales y sociales que se derivan de ella. Con un componente adicional: esta zona del norte del departamento ha sufrido por décadas el rigor del conflicto armado colombiano.

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Según Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos que agrupa a varias organizaciones sociales de la zona, en esa región ocurrieron 73 masacres en los últimos 30 años. A pesar de la desmovilización paramilitar y el reciente desarme de las Farc, en el norte de Antioquia aún hacen presencia grupos armados que controlan grandes porciones del territorio.

En medio de este complejo escenario, la obra ha avanzado y según el cronograma trazado, en noviembre de este año debe entrar en operación. Sin embargo, ese propósito parece incierto a la luz de lo ocurrido en las últimas semanas. Por un lado, fallas en la construcción de la obra han generado repetidos derrumbes y taponamientos en los túneles de desviación, causando el represamiento del río Cauca aguas arriba de la presa y la disminución casi total debajo de la misma.

       

Por cuenta de esta situación, el paso por el puente de Pescadero que comunica a Ituango con los municipios aledaños ha sido cerrado y EPM ha tenido que habilitar las vías internas del proyecto y desplegar un plan de contingencia para evitar que esto se traduzca en deslizamientos y avalanchas que afecten a la población ribereña.

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En el área de influencia del proyecto se vive una tensa situación social. En menos de ocho días han sido asesinados dos líderes sociales que se oponían a la obra, lo que ha causado una ola de temor y zozobra entre los habitantes de la región. En la tarde del martes fue abaleado Luis Alberto Torres, un barequero de 35 años que pertenecía a la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia, una de las organizaciones articulada con Ríos Vivos.

                                           

El pasado dos de mayo, en ese mismo municipio, perdió la vida Hugo Albeiro George, un campesino de 47 años que conformaba la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos en ese municipio. A través de un comunicado, el Movimiento Ríos Vivos exigió a las autoridades una investigación exhaustiva de los móviles de estos dos asesinatos y anunció nuevas movilizaciones de protesta para que EPM reconozca las nuevas afectaciones que ha causado en la zona con Hidroituango.

Así las cosas, el más importante proyecto de infraestructura del país se encuentra en un momento complejo. La empresa ha informado que los 11.000 trabajadores de Hidroituango están dedicados a solucionar el taponamiento del túnel de desvío para evacuar el caudal y que el río vuelva a la normalidad, así lo explicó Carlos Alberto Solano, vicepresidente de generación energía de EPM. El tiempo que pueden tardar estas labores es indefinido, por lo que EPM no ha determinado si esto va afectar el cumplimiento del cronograma de la obra.

                   

El funcionario advirtió que estas maniobras pueden hacer que el nivel del río aumente súbitamente, por lo que los habitantes deben estar alejados de las riberas. Sobre los retrasos en la obra, afirmó que luego de salir de la contingencia evaluarán las modificaciones al cronograma de la obra.