En El Carmen de Bolívar varias personas se unieron después de que les ordenaron desalojar sus predios. A muchos no los reconocieron como segundos ocupantes. (FOTOS: Esteban Vega La-Rotta, Semana)

La Ley de Restitución de Tierras se creó en 2011 para devolverles sus predios a las personas desplazadas por el conflicto armado. Según los datos revelados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) durante la conmemoración de los cinco años de la ley, hasta el momento la rama judicial ha emitido 1.812 sentencias con las que se han beneficiado 22.328 personas y restituido 187.315 hectáreas en el país.

Sin embargo, la ley se ha encontrado con grandes inconvenientes que no se discutieron en su creación y con obstáculos que impidieron el cumplimiento de metas trazadas cinco años atrás.

Por ejemplo, cuando se lanzó el programa, se habló de por lo menos 2 millones de hectáreas a restituir en el transcurso de cuatro años. Pero ya han pasado cinco y esa meta no se ha sobrepasado ni siquiera en un 10%. Incluso, hace unos meses la Fundación Forjando Futuros publicó un informe en el que reveló que solo el 3,4% de las solicitudes se han resuelto judicialmente, pero que aun así la mayoría de esas sentencias –que siguen siendo pocas– se fallaron a favor de las víctimas.

Sin embargo, en un país como Colombia, muchas veces ni siquiera la firma de un juez es una garantía total. “Los jueces no son del todo infalibles. Pero hoy hay herramientas para revisar qué pasó. El gran logro es que ya no son los grupos armados los que toman las decisiones”, le dijo a Semana Sostenible Alcelis Coneo, subdirectora nacional de la URT.

Aun así, no deja de preocupar que el pasado 9 de junio, la Dijín de la Policía capturó a varios empleados del juzgado segundo especializado de restitución de tierras de Villavicencio, por supuestamente favorecer procesos a cambio de grandes sumas de dinero. También, hace unos meses la Fiscalía interrogó a tres magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta por presuntas irregularidades en sus decisiones.

Aunque no se puede negar que existen testaferros de narcotraficantes y criminales que se oponen a la restitución, también es cierto que hay campesinos que sin ser despojadores no fueron reconocidos en las sentencias y otros que aseguran haber sido presa de falsos reclamantes que le han metido goles a la unidad y a la misma rama judicial, tal como lo demuestran algunos casos que adelanta la Fiscalía.

La Ley de Restitución de Tierras tenía una deuda gigante con los segundos ocupantes, es decir, con aquellas personas que habitan el predio solicitado en restitución, que no lograron demostrar la buena fe exenta de culpa, pero que no tienen relación con los despojadores ni adquirieron ilegalmente el predio.

Durante años, este se convirtió en un dolor de cabeza para la URT, pues muchos magistrados le devolvían el predio al reclamante y ordenaban desalojar a quien lo ocupaba, sin darle ningún tipo de compensación. “Aunque no te lo digan de frente te están poniendo la etiqueta de despojador. Tener tierra en Córdoba es una maldición, como esto fue cuna de los Castaño, para la unidad y los jueces, todos directa o indirectamente hicimos negocios con ellos”, asegura Luz Dary Ochoa, a quien le ordenaron salir de su predio en el corregimiento Leticia de Montería.

Su historia comenzó en 2001 cuando su padre le compró un terreno de seis hectáreas a un amigo. La amistad continuó hasta 2013, cuando se dio cuenta que el vecino reclamaba la tierra. Este le dijo a la URT y a los magistrados que los Castaño lo obligaron a vender para recuperar el terreno. Sin embargo, varios detalles llaman la atención: el primero es que Luz Dary y su familia nunca fueron testaferros de los Castaño y ni han tenido investigaciones judiciales; segundo, en ese tiempo los grandes compradores de tierras en la zona eran Sor Teresa y Diego Sierra; y por último, el reclamante jamás se desplazó de Montería.

A pesar de esto, el Tribunal Superior de Antioquia decidió quitarle el predio a Luz Dary y no reconocerla como segundo ocupante, ya que supuestamente no demostró su buena fe exenta de culpa. Lo curioso es que la Fiscalía ya le imputó cargos por fraude procesal y falso testimonio al reclamante.

La realidad es que casos como el de Luz Dary se repiten desde la creación de la ley y solo hasta abril de este año el gobierno publicó el decreto 440 que en uno de sus artículos se refiere al tema. “Si existieren providencias ejecutoriadas que reconocen medidas y mecanismos de atención a segundos ocupantes en la acción de restitución de tierras, la URT emprenderá las acciones correspondientes a dar cumplimiento efectivo a dichos fallos”, reza en un artículo. Además, solo hasta finales de junio la Corte Constitucional reconoció la atención a los segundos ocupantes. El problema ahora es la zozobra que persiste entre las personas que no fueron reconocidas como tal antes de esta decisión.

El defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, ya había expresado su preocupación el pasado 15 de abril cuando dijo que “los ocupantes secundarios deben estar protegidos contra el desalojo forzoso arbitrario o ilegal”. Y añadió que es necesario “transformar el concepto de buena fe exenta de culpa, en buena fe simple, disminuyendo el impacto negativo que dicha exigencia tiene sobre los derechos de esta población vulnerable”.

Pero esto no es lo único. El director nacional de la URT, Ricardo Sabogal, dijo el mes pasado en un debate en la Cámara de Representantes, que la entidad trabaja con la Fiscalía para detectar falsos reclamantes y que producto de esa colaboración se han capturado 58 personas y encontrado 2.981 procesos donde los solicitantes tienen líos penales.

Aunque los casos sean pocos comparados con el grueso de las restituciones, un mal trámite puede poner en duda la legitimidad del proceso y no se le debe restar importancia. Por ejemplo, en abril de este año, el Tribunal de Antioquia decidió no restituir el predio que solicitaba Luis Francisco Bertel en el corregimiento Guasimal de Montería, porque este ya había sido beneficiado por la ley. “Lo que se busca es un beneficio desmesurado e injustificado, desbaratándose por completo el andamiaje que estructura la Ley 1448 de 2011 y enlodando el fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, dice el fallo. Además, en la sentencia se asegura que Virgilio Gil Meneses (opositor) es un agricultor, adulto mayor, quien también es víctima de desplazamiento forzado. Los magistrados van más allá y piden a la Procuraduría que investigue las posibles faltas disciplinarias en las que pudo incurrir el director de la Unidad de Tierras de Córdoba, Rodrigo Torres.

Y es que los casos en este departamento son complejos. El pasado 2 de junio, Rodrigo Torres interpuso una denuncia contra un abogado que trabajó en la Unidad entre 2012 y 2014 por presuntamente haber utilizado su nombre para pedir dinero a cambio de influir en las decisiones que se tomaran.

Semana Sostenible viajó a El Carmen de Bolívar (Bolívar) y a El Zulia (Norte de Santander) donde conoció de cerca varios casos de personas que fueron víctimas de presuntos falsos reclamantes y de segundos ocupantes que lo perdieron todo al no ser reparados.

Los casos

Dueños de nada

La persona que se quedó con la tierra de Alfredo Briceño hoy está en la mira de la Fiscalía. / A Octavio Montoya lo acusaron de ser guerrillero.

A Octavio Montoya le dijeron que podía trabajar una finca en El Zulia durante unos años. Pasaron más de dos décadas y Octavio continuó en la tierra hasta que un fallo del Tribunal de Cúcuta le ordenó salir sin ningún tipo de compensación. El dueño inicial, un pequeño empresario de la región, le dijo a la unidad que Octavio era un guerrillero que amenazó con matar a su familia si no se iba del lugar.

Lo curioso es que ni la Policía ni la Fiscalía tienen investigaciones contra Octavio por pertenecer a grupos al margen de la ley. Lo que más llama la atención es que un reporte del Incora de abril de 1994 confirmaba que el empresario no vivía en el predio desde hacía mucho tiempo. “En la denuncia que hizo en la unidad dijo que supuestamente yo lo había desplazado en septiembre del 94, pero ese papel muestra que él se fue mucho antes”, comenta. Lo cierto es que Octavio Montoya no fue considerado como segundo ocupante a pesar de haber permanecido junto a su familia por más de 20 años en el lugar.

También en Zulia, Norte de Santander, Daniel Augusto Palencia recuperó en mayo de 2013 un predio de 11 hectáreas, porque supuestamente fue desplazado por los Urabeños. Dijo ante la Unidad de Tierras que en marzo de 2007 integrantes de este grupo criminal llegaron a su casa, amenazaron a su familia y los obligaron a vender la propiedad a la familia Briceño por solo 33 millones de pesos.

Sin embargo, en un contrato que conoció esta revista, se constata que la compraventa se hizo por 72 millones de pesos y fue firmada siete meses antes de que la bacrim supuestamente ordenara vender la tierra. Los recibos de pago también dan cuenta del monto cancelado en 2007. “No me reconocieron un solo peso. Mi esperanza es que la Fiscalía capture a este falso reclamante para poder pedir la revisión de mi sentencia”, asegura Alfredo Briceño.

Sin salida

El fenómeno de La Niña, en 2010, les arrebató lo poco que tenían. Hoy, una sentencia podría dejar en la miseria a más de 20 personas.

Nubia Esperanza Vera (primera a la izquierda)  y su familia podrían quedarse sin casa.

Nubia Esperanza Vera lo perdió todo. La ola invernal de 2010 hizo que el río Zulia, que pasa por el municipio del mismo nombre en Norte de Santander, saliera de su cauce y arrasara con la humilde casa que tenía a las orillas. Su numerosa familia, incluidos un hijo invidente y otro con problemas de movilidad, quedaron sin nada.

Ante la situación, Rául Cruz decidió cederle parte de su parcela en la vereda La Rampachela, para que Colombia Humanitaria les construyera unas casas sencillas en las que pudieran vivir.

Cruz compró ese predio de 10 hectáreas en 2007, pero hace dos años perdió su tierra. El Tribunal Superior de Cúcuta ordenó quitarle el predio y su proyecto productivo y entregarlo a José del Carmen Rivera, un campesino de la zona, quien reclamó ser el dueño, pues lo había adquirido a través del antiguo Incora. En la investigación se encontraron inconsistencias, pues Rivera se declaró desplazado por el EPL en 1996, pero en una carta que le envió al Incora en 1998 pidió permiso para vender el predio, argumentando problemas de salud.

La abogada que representaba a la Unidad de Restitución de Tierras advirtió a los magistrados a cargo del caso, que tenía serias dudas de que el reclamante fuera una verdadera víctima. Además, contrario a la decisión del tribunal, la Fiscalía le imputó cargos a José del Carmen Rivera por falso testimonio, fraude procesal y porque el único testigo que presentó se retractó de su testimonio.

Lo otro que llama la atención es que a pesar de que Nubia Vera y su familia les pidieron a los magistrados que los tuvieran en cuenta como terceros intervinientes, estos ignoraron la petición. “Les dijimos que si restituían la tierra nos iban a dejar en la calle. Además, nosotros conocemos a José Rivera, el reclamante. Todos saben que él vendió porque quiso y que nadie en esta vereda ha sido desplazado”, afirma.

Aunque el desalojo no se ha dado gracias a la batalla legal que Raúl Cruz emprendió, lo cierto es que si la sentencia se hiciera efectiva, más de 20 personas en situación de vulnerabilidad llegarían a engrosar los cordones de miseria de Cúcuta y sus municipios cercanos.

Vender de palabra

El 7 de julio de 2015, Enrique Medina y su esposa Martha Martínez fueron desalojados del predio donde vivían hace más de 20 años, cerca de la carretera que conduce de El Carmen de Bolívar a Plato. Una sentencia le otorgó el terreno a una mujer que lo vendió a principios de los noventa.

El gran problema es que, así como cientos de transacciones realizadas entre campesinos, los negocios se hicieron de palabra. Como no había forma de verificar la compra del señor Medina, los magistrados le ordenaron salir del predio sin ninguna compensación.

Lo que más lamentan la familia y los vecinos es que no fueron considerados como segundos ocupantes. “Nosotros también somos víctimas. En 1999 los paras mataron a mi hijo Luis Vásquez Martínez y en 2002, grupos armados, que no se identificaron, reclutaron a mi hijo Miguel Antonio, desde entonces no sabemos nada de él, creo que está muerto”, comenta Martha.

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