Julio Acevedo, Madis Díaz y Francisco Acevedo deben cruzar el arroyo crecido que dejó el invierno para poder trabajar la parcela restituída.

Según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en Colombia, personas entre los 61 y 100 años de edad han presentado solicitudes por un total de 16.043 para hombres y 7.935 para mujeres. Es decir, 40 por ciento del total a nivel nacional.

Solo en la región de Montes de María, 2.419 solicitudes corresponden a personas de la tercera edad, sobre todo en los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto. En 2015 un grupo de investigadores del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria realizó una encuesta a 205 beneficiarios del programa en Montes de María para conocer el resultado del proceso. Las conclusiones muestran datos importantes.

Del total de encuestados, las mujeres beneficiarias tenían una edad promedio de 70 años y los hombres de 63. Además, un tercio de las personas encuestadas respondió que no usa las tierras.  Estos datos permiten cuestionar los mecanismos para proteger los derechos de la población adulta mayor una vez reciben su predio y la preocupación porque no explotan los terrenos con proyectos productivos.

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Si bien los adultos mayores son los titulares de los predios, sus núcleos familiares son los que se benefician a largo plazo. Pero en este punto surge el gran problema: por lo general los jóvenes no quieren trabajar la tierra. El relevo generacional es uno de los grandes inconvenientes en el campo y no es exclusivo de las zonas marcadas por el conflicto. El desplazamiento, la separación familiar, el crecimiento en zonas urbanas, entre otras razones, han provocado una ruptura en el lazo existente entre los campesinos jóvenes y la tierra.

Los adultos mayores tienen prioridad en la restitución de tierras, pero ayudarlos a retornar se ha convertido en uno de los mayores desafíos. “Hemos encontrado que regresan  y arrancan nuevamente proyectos productivos. En ese sentido volver no es complicado y uno los apoya”, afirmó Ricardo Sabogal, director nacional de la URT. Aun así, pretender que el programa de restitución resuelva el tema del relevo generacional es muy difícil y el mismo Sabogal le aseguró a Semana Sostenible que las nuevas generaciones por lo general solo regresan en algunos casos. “Nosotros devolvemos la tierra a los legítimos dueños. Algunos hijos vuelven cuando no les está yendo bien en la ciudad y encuentran que pueden recuperar el patrimonio. Cuando eso ocurre el gobierno les da un incentivo para volver a producir la tierra”.

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Según el informe Misión Rural, elaborado por una comisión de expertos en 2015, detener la migración de los jóvenes en las zonas rurales sería uno de los retos de Colombia en los próximos años. Si bien cada joven asume de manera distinta su relación con el entorno, de acuerdo a su círculo familiar y a las condiciones del campo, parte del incentivo de la población joven para trabajar en zonas rurales consiste en que tengan acceso a los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado) que disfrutan en las regiones urbanizadas. Pero la investigación realizada por el observatorio encontró que el 95% de las personas aseguró no contar con esos servicios. Incluso, el 84% añadió que no cuenta con reservorio de agua o distrito de riego.

De igual manera, el informe reveló que casi en un 98% de las restituciones hechas a campesinos no estaban acompañadas por obras públicas e infraestructura en la región. Apenas cinco personas afirmaron que se habían construido casas y escuelas y solo tres aseguraron contar con  más carreteras.

Aunque la situación no es igual en todas las zonas del país, preocupa que Montes de María, una de las zonas prioritarias para la entrega de tierras, no cuente con las garantías suficientes para su sostenibilidad. Según Paola García, investigadora del proyecto, los incentivos no son suficientes. “El Estado otorga un apoyo momentáneo para que se haga uso productivo del predio, pero luego hay incertidumbre pues no existe una institucionalidad para darle continuidad. No existen políticas agrarias actuales que aclaren el engranaje de la política de restitución con otras políticas”.

La restitución de los hermanos Acevedo

A Francisco, de 66 años y Julio, de 67, un juez les devolvió en 2013  los predios que tenían en el caserío Montecristo, entre los municipios de María La Baja y San Juan Nepomuceno en Bolívar. Estos terrenos, en los que crecieron junto a otras 30 familias, quedaron abandonados por más de diez años por cuenta de un desplazamiento forzado en 2002.

Aunque la Unidad de Restitución de Tierras hizo una celebración, les dio un diploma, una camiseta y comenzó a ejecutar el proyecto productivo en 2014, ninguno de los dos ha podido retornar definitivamente a los predios.  Cada vez más las condiciones para subir “al monte”, como lo llaman, se vuelven más complejas. La caminata dura dos horas y cuando llueve es imposible subir porque el camino se vuelve barro. Tampoco han contemplado la opción de vender parte de su cosecha, pues durante el camino se perdería.

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Del subsidio de vivienda tampoco supieron. En el predio tienen apenas un cuarto hecho de madera en el que guardan las herramientas. De resto no tiene electricidad, agua potable y mucho menos alcantarillado. “Tampoco nos vamos a vivir allá porque no hay comunidad. Algunos vendieron y otros están abajo”, afirmó Julio.

Tanto él como Francisco tienen familias numerosas, pero ellos hacen las labores del campo y sus hijos solo ayudan de vez en cuando. “Tras el desplazamiento cada quien tomó el rumbo que pudo. Muchos se fueron a San Juan Nepomuceno”, añadió.

A pesar de que no les han titulado la tierra, como lo ordenó el juez, ambos hermanos quieren seguir trabajándola, pues su objetivo es dejarles algo a sus hijos. Sin embargo, ninguno de los dos sabe si sus familias se encargarán de la tierra o simplemente venderán y abandonarán, esta vez sí para siempre, el campo que los vio nacer.

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