A finales del año pasado, el Ministerio del Interior ecuatoriano le solicitó al Ministerio de Ambiente la disolución de la ONG Acción Ecológica. La razón principal que esgrimió esa oficina fue la supuesta vinculación de esta organización en los hechos violentos protagonizados por la nación indígena Shuar en contra de Sanpan, un mega proyecto minero operado por la empresa china EXSA que pretende extraer 9 millones de libras de cobre, 28.000 libras de plata y 119.000 libras de molibdeno en plena región amazónica.

Según el gobierno de ese país, “la organización ha realizado afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales, así como de supuestas violaciones a los derechos humanos”. Aunque en la mayoría de lugares del mundo esto no tendría nada de raro, para los funcionarios del Mininterior no publicar “la verdad oficial” en temas ambientales es hacer un llamado a la violencia.

Con todo, el intento de cierre de Acción Ecológica causó una controversia que trascendió las fronteras del país vecino. De muchos lugares del mundo llegaron pronunciamientos en contra de la intención del gobierno de Rafael Correa. Tal fue la presión, que el pasado 12 de enero el Ministerio de Ambiente desestimó el pedido de disolución, aunque instó a la organización a abstenerse de emitir criterios y juicios de valor.

Aunque la decisión generó tranquilidad y fue celebrada como un triunfo del movimiento ambientalista internacional, la amenaza sigue latente, pues el Ministerio del Interior todavía puede hacer uso de recursos adicionales para lograr su cometido. Con esa preocupación en mente, este viernes 20 organizaciones colombianas enviaron una carta al embajador ecuatoriano en Colombia, Rafael Paredes Proaño, en la que manifiestan su repudio por las acciones tomadas contra la ONG y exigen garantías para que continúe su labor.

“Consideramos inaceptables los argumentos exigidos por el gobierno ecuatoriano en el proceso de disolución y la determinación misma de iniciarlo, pues la expresión de opiniones es un derecho protegido nacional e internacionalmente y es una manifestación de los principios democráticos. Acción Ecológica es reconocida internacionalmente como una organización con liderazgo histórico en la defensa de los ecosistemas y las comunidades de Ecuador y por su contribución decisiva a los avances ambientales de su constitución política”, afirma el documento.

Y aunque “valoran” la determinación del Ministerio de Ambiente de desestimar la petición de disolución, se declaran “altamente preocupados” porque la decisión sea objeto de recursos administrativos o judiciales por parte del Ministerio del Interior, o porque el proceso sea reiniciado en el futuro. Todas las organizaciones firmantes participan en procesos sociales de oposición a grandes proyectos extractivos en Colombia como la mina a cielo abierto en Santurbán, la hidroeléctrica de Ituango y el fracking en el Cesar.

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