Jänschwalde, mina de lignito (carbón marrón) a una hora y media de Berlín.

En 2010 Alemania decidió dar un gran paso hacia el futuro. Aunque el cambio climático todavía no era comprendido por todos, el Ministerio Federal de Medioambiente trazó la nueva política energética del país hasta 2050, basada en un incremento de las energías renovables, el desarrollo de las redes de distribución y la mejora de la eficiencia energética. Un año más tarde la tragedia de la planta nuclear en Fukushima (Japón), llevó a que la canciller Ángela Merkel cerrara siete centrales nucleares y anunciara el sellamiento de las demás para 2022.

La desconexión nuclear y el impulso de las energías renovables  fue una decisión revolucionaria hace seis años, a la que los alemanes llamaron Energiewende  (Transformación energética).  Algunos de los objetivos de esta política, que de llegar a tener éxito podría compararse al milagro económico de la posguerra, son: frenar el cambio climático y reducir las emisiones de gases efecto invernadero; reducir la importación de energía y obtener una mayor seguridad energética; fomentar la economía del país y desmantelar la energía nuclear.

Sin embargo, esta decisión radical le ha costado críticas al gobierno alemán. La primera radica en el incremento de los precios que los usuarios pagan por la energía, además de la inversión millonaria en subsidios para potenciar el crecimiento de las energías renovables. Por otra parte, si bien se busca mejorar los niveles de contaminación, la tajante decisión de cerrar las plantas nucleares provocó un aumento en la producción de energía a partir de combustibles fósiles, ya que los renovables todavía no tenían la capacidad de abastecer la gran demanda eléctrica y térmica de Alemania.

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Garantizar la seguridad energética era una prioridad y los problemas sociales no se hicieron esperar. La región de Lusatia en el oriente de Alemania, muy cerca de Berlín y de la frontera con Polonia, es rica en lignito, también llamado carbón marrón. La presión por el cierre de las plantas nucleares impulsó la producción de energía a partir de combustibles fósiles y la región captó toda la atención de las mineras.  En 2014, las comunidades del pueblo de Atterwasch se enfrentaron a las grandes compañías  que tenían intereses de explotación en la zona. 

Y no era para menos, si el gobierno autorizaba que en esta zona se explotara lignito, toda la población debería ser reasentada y el pueblo desaparecería del mapa, como ha ocurrido con cerca de 136 poblaciones desde 1924.

Problemas locales, problemas globales

Aunque Alemania y Colombia son dos países completamente diferentes en cuanto a sus políticas económicas, productivas y sociales, los problemas que enfrentan las comunidades con algunos proyectos minero-energéticos, extrañamente, son muy similares.

En ambos países uno de los dolores de cabeza con obras de gran envergadura son los problemas de socialización y el posterior reasentamiento de las poblaciones.

Esa problemática la ha vivido Taubendorf, un pueblo ubicado a pocos metros de la mina y la planta de lignito Jänschwalde, la cual fue construida entre 1976 y 1989. Desde entonces la mina ha venido aumentando su tamaño y es probable que para 2023 se encuentre a solo 200 metros de la población.

A pesar de esto, los pobladores aseguran que desde hace ya más de diez años no pueden hacer uso de ninguna fuente de agua cercana, pues se encuentran tan contaminadas que ni siquiera son útiles para regar los cultivos.  Para tener agua potable tienen que traerla desde otro asentamiento ubicado a más de 20 kilómetros.

La situación es crítica pues los trabajos en la mina han acabado con el agua subterránea, la cual es usada para procesos de enfriamiento en la planta de lignito. “Muchos árboles han muerto porque sus raíces ya no encuentran el líquido. Los lagos se han empezado a secar y los que no, se han mineralizado”, asegura Karl-Heinz Handreck, habitante del pueblo.

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Taubendorf es pequeño y la hegemonía de sus casas lo hace parecer un resort campestre. Sin embargo, por dentro, muchas de sus viviendas se encuentran agrietadas y los suelos se han vuelto inestables. Los habitantes afirman que se debe a los estragos indirectos que ha causado la mina de 60 kilómetros cuadrados que surte a una planta con capacidad para producir 21 millones de megavatios hora al año. El gran desafío es demostrar que los problemas se deben a las actividades mineras.

Es un reto enorme ya que muy pocas personas se han atrevido a llevar el tema a la justicia. Resulta bastante costoso contratar expertos que realicen los estudios que permitan concluir que la afectación se debe a la minería. “Nos tranquilizamos un poco cuando LEAG, la empresa que opera la mina y la planta, anunció que no ampliaría su operación hacia el norte. Lo triste es que el gobierno alemán no canceló los permisos. La incertidumbre sobre lo que pasará persiste”, asegura Handrek.

Si esto es así, ¿por qué la gente insiste en quedarse en el pueblo? La respuesta es sencilla: la mayoría de sus habitantes son adultos mayores que dependen de su pensión y su tierra, la cual hoy vale solo el 15 por ciento de lo que costaba hace unos años. Además, nadie quiere comprar en un sitio donde abundan el ruido, el polvo y las emisiones de gases. La minera tampoco compra las tierras pues en los suelos de Taubendorf no hay carbón.

A pesar de todo esto hay un problema aún mayor: la afectación a la salud. Handrek y otros habitantes del pueblo aseguran que las quemas de la termoeléctrica  generan polvo, que luego de ser aspirado con frecuencia, desencadena enfermedades respiratorias. Sin embargo, el obstáculo es el mismo: no existen estudios concluyentes que demuestren que  las afectaciones de salud se deban a la mina y a sus emisiones. Esto a pesar de que uno de los muchos elementos contaminantes que se dispersan en el aire sea el mercurio y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegure que “prácticamente la mitad de las emisiones atmosféricas de mercurio proceden de centrales termoeléctricas alimentadas con carbón, de calderas industriales y del uso doméstico para calentarse y cocinar”.

A pesar de que Alemania y Colombia se encuentran a miles de kilómetros de distancia y que sus economías no son comparables, lo cierto es que sus comunidades rurales comparten retos similares cuando se trata de apoyar o negarse a grandes proyectos de interés nacional que implican afectaciones sociales y ambientales.

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