10 argumentos para que los municipios prohíban (o no) la minería

Tras la contundente victoria del ‘No’ en la consulta popular en Cajamarca, y la posterior controversia causada por las declaraciones del Ministro de Minas en las que desconocía los efectos de esa jornada, este martes la discusión sobre las posibilidades de que los municipios prohíban la minería en sus territorios se trasladó a la Universidad Javeriana de Bogotá.

Allí, en un debate organizado por la Silla Vacía, se enfrentaron la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habib, y la investigadora de Dejusticia Diana Rodríguez. La primera defendió la tesis de que no tiene sentido que las autoridades locales prohíban esta actividad. La segunda argumentó que no solo lo tiene, sino que es necesario que los gobiernos municipales participen en este tipo de decisiones.  Estos fueron sus principales argumentos.

“El debate debe ser sobre el tipo de minería que se tiene que hacer”: Silvana Habib

• “Lo primero es que hay que diferenciar entre minería ilegal y la minería bien hecha que nosotros promovemos, que es con títulos y licencias ambientales. En ese sentido, solo el 3,9% de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia están tituladas. Y de ese porcentaje, apenas el 2% está intervenido”.

• “De 2012 a la fecha, tan solo por regalías la minería ha aportado 8 billones de pesos que se ven reflejados en salud, educación y saneamiento básico. La minería representa el 2,1% del PIB del país”.

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• “En Colombia los titulares mineros no pueden hacer lo que quieran. La ANM los fiscaliza y cuando no cumplen se sancionan y en algunos casos se caducan los títulos. Claro que no todo está bien. Muchos titulares se han equivocado y han incumplido las normas ambientales. Pero eso no es causa suficiente para rechazar o excluir definitivamente una actividad legal”.

• “Se ha satanizado la minería y las decisiones que se toman son con base en desinformación y temas ideológicos. Aun así acatamos los fallos de la Corte Constitucional que reconocen la autonomía de los municipios y estamos trabajando para que los proyectos se legitimen en los territorios”.

• “Las autoridades locales pueden definir el desarrollo integral de sus municipios, pero de manera informada y con responsabilidad. El debate no puede ser de yo gané porque la minería no va a existir. El debate es qué tipo de minería quiero y qué tan importante es esta actividad para la comunidad”.

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“Sí es posible que los gobiernos locales prohíban la minería en ciertos casos”: Diana Rodríguez

• “Es ingenuo oponernos a toda la minería. Necesitamos los productos del suelo y del subsuelo, pero eso no significa hacerla a cualquier costo social ambiental y en cualquier lugar. Para decidirlo hay que responder a tres preguntas: dónde se hace, quién decide y cómo se decide, y qué tipo de minería es y qué costos sociales implica”.

• “Los territorios tienen una facultad constitucional para decidir sobre el tipo de desarrollo que quieren. Si la minería afecta el tipo de desarrollo que quieren, entonces debe ser potestad de los municipios tomar decisiones al respecto. Si quieren, adelante, pero hay otros tipos de desarrollo a los que le están apostando que son incompatibles, entonces tienen que tener la potestad de decir no”.

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• “El estado es el dueño del subsuelo, pero el estado no es solo el Gobierno Nacional sino que es una concurrencia de instituciones dentro de las cuales están los municipios. Estos pueden también decidir sobre ese subsuelo y por tanto tienen el derecho de prohibir o aceptar la minería”.

• “Las industrias mineras y de hidrocarburos son intensivas en capital, la mano de obra que contratan es muy baja. Según el DANE, los sectores que más empleo generan son comercio, 28%, servicios comunales, 19%, industria y agro, 15,8 %. La minería aporta el 2,7%. Eso quiere decir que tampoco es que la minería sea la panacea en la generación de empleo”.

• “En términos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los municipios mineros tienen los perores índices. Siempre están peor que el resto del país en salud y en vivienda, por ejemplo. En 2005, el porcentaje nacional de hogares con NBI era 28%, mientras que en un departamento minero como Cesar era 45%, y si miramos específicamente los municipios productores de carbón en Cesar la cifra se dispara al 73%”.